Por Victoriano Martínez
“No es lo mismo que un indígena invada un predio, a que (a) una comunidad tének con 35 años de posesión, vaya cualquier mestizo y pisotee su identidad, sus derechos, y por eso vamos a procesar las denuncias correspondientes (…). ¡Zapata vive y la lucha sigue!”.
Con esas palabras, Pedro González Gómez, secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), describió lo que representó para 100 familias Tének haber sido desalojados del predio que ocupan de manera pacífica desde hace más de 35 años y lo que viene para la defensa de su territorio.
Desde el día del violento desalojo quedó claro que fue un acto de represión que rompió la paz social en el municipio de Tampamolón Corona, y generó un estado de indignación, zozobra y malestar entre los habitantes del pueblo tének y las organizaciones solidarias de la Huasteca Potosina que cada día que pasa acumula agresiones contra los afectados.
Los indígenas tének no sólo acumularon 35 años de ocupación pacífica del predio, sino que iniciaron hace algunos años trámites y negociaciones con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
El objetivo de las negociaciones es lograr que se declare la prescripción adquisitiva para el territorio que ocupan, incluso se ha mencionado la posibilidad de que se declare ejido, con lo que se regularizaría la posesión que en los hechos ostentan desde la última década del siglo pasado.
“Hay una minuta que se hizo ante la Reforma Agraria (SEDATU) y ante el gobierno del 12 de mayo de 2026, hay una minuta que se está violando”, mencionó María Dolores Beltrán Ledezma, al participar en una rueda de prensa por parte de los afectados.
Mientras los ocupantes del predio La Peña, prácticamente dentro de la cabecera municipal de Tampamolón, avanzaban en la regularización de la posesión del predio, el pasado 9 de junio fueron desalojados violentamente por civiles armados acompañados por la Guardia Civil Estatal, con un saldo de varios lesionados y seis personas detenidas.
El desalojo se dio a cuatro semanas de firmada la minuta, lo que deja ver un incumplimiento por parte de la autoridad federal, en tanto que la participación de la Guardia Civil Estatal muestra una especie confabulación de las autoridades estatal y un juzgado civil para favorecer a un particular, el ex diputado José Antonio Zapata Meraz, quien se ostenta como nuevo propietario del predio.
Si la autoridad federal les incumplió a las 100 familias tének en La Peña, las autoridades estatales y municipales han mostrado su apoyo a quien pretende ocupar el sitio para un desarrollo inmobiliarios sin ninguna consideración a los antecedentes de ocupación por parte de los indígenas y las gestiones por las que buscan seguridad en su posesión.
Una actitud que no sólo busca el despojo de los derechos adquiridos por los indígenas, sino que ha permitido que se atente contra sus pertenencias, además de que Silvia Medina, presidenta municipal, ya comenzó a repartir solares del predio La Peña, con el respaldo del Gobierno del Estado, según su dicho.
Si el gobierno federal le falló a los indígenas tének por omisión al no cumplir la minuta del 12 de mayo, con su participación en el desalojo y ahora el apoyo en el reparto de solares, según la denuncia de los afectados, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona les falla por acción en un asunto en el que se deben privilegiar sus derechos como grupo vulnerable.
Así escalan las agresiones contra los desalojados y, de paso, al privilegiar un proyecto inmobiliario por encima de los derechos de ese grupo indígena, Gallardo Cardona parece nuevamente pintar su raya con la Cuarta Transformación y su principal consigna: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
