Estela Ambriz Delgado
En respuesta a las afirmaciones de la alcaldesa Silvia Medina Burgaña y otros funcionarios del Ayuntamiento de Tampamolón Corona, quienes desestimaron las afectaciones a las familias indígenas que fueron desalojadas con violencia del rancho La Peña, los habitantes agredidos expusieron detalles que evidencian el dolo de las autoridades municipales y exigieron que se les restituyan sus viviendas y pertenencias sustraídas.
María Dolores Beltrán Ledezma precisó que el asentamiento de estas familias en el rancho La Peña no es una colonia, son una comunidad que desde hace años lucha por regularizar la posesión pacífica que tienen desde alrededor de 33 años.
Además refirió que, dependencias estatales y federales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Procuraduría Agraria (PA), tienen conocimiento del expediente de más de 5 mil hojas que se lleva sobre el asunto.
Consideró injusto que se meta a la cárcel a personas inocentes como ocurrió en este caso el pasado 9 de junio, y que no se castigue a los elementos municipales y de la Guardia Civil Estatal, quienes violentaron los derechos de las personas indígenas, y además golpearon a infancias y mujeres adultas, destruyeron sus viviendas y los despojaron además de pertenencias.
Respecto a la afirmación de la presidenta municipal de que sólo eran dos familias, una de las afectadas de nombre Olga, aclaró que esto es falso pues se destruyeron al menos 10 viviendas y afectaron a las más de 100 personas que habitan en el sitio.
“Ella dice que no había viviendas pero no es cierto, si las había, tenemos fotos, evidencia donde sí hemos trabajado el terreno, no estábamos viviendo en los árboles, en cuevas, ella misma fue a visitar el desalojo, en ningún momento el documento decía que iban a tirar las casas, solo que nos desalojaban”.
La afectada refirió que además de sacarlos con violencia en medio de la lluvia, destruyeron viviendas y los elementos también se llevaron algunas de sus pertenencias, y otras las enterraron posteriormente con su maquinaria, posiblemente con el fin de cubrir las evidencias.
“En ese momento nos sacaron todos iban armados con armas largas, nos sacaron a todos no nos dejaron que sacáramos nada (…) varios de mis compañeros fueron golpeados, de hecho la presidenta sabe perfectamente que mi mamá tiene una situación delicada y le valió”.
Señaló también que, aunque aparentemente les restituyeron el terreno, en la orden de suspensión provisional se indica la restitución de viviendas y el terreno, lo que no se ha cumplido.
Feliciano Santos Sánchez, quien fue violentado durante el desalojo, criticó que Medina Burgaña haga alarde de ser respetuosa con la población indígena, y cuestionó entonces porqué mandó destruir sus casas y árboles frutales que tenían. Indicó que por su parte, tenía al menos 70 matas de litchies, narnajos, magos, plátanos, que tiraron y fueron arrastrados con máquinas a una zanja, que posteriormente cuando se secaron fueron quemados.
“Son litchies que ya era árboles cosechables ya daban frutos, me tumbaron matas que ya estaban floreando, estaban cargaditas, nos dejaron sin nada. Se dice una señora de respeto, que es muy respetable con los indígenas, entonces porqué hizo eso, por qué nos golpeó, yo fui uno de los golpeados, nos arrastró, a las muchachas las arrastraron las golpearon, pero una cosa que, si hubieran ustedes estado allí, visto las agresiones de la señora, porque estaba ella, la síndico, la secretaria, la fiscal rosario, y Cristian, ellos son los que ordenaron que nos golpearan, yo les dije si les ordenan que nos maten nos van a matar y el dijo: si es necesario”.
Por ello considera que la alcaldesa, su secretaria, la síndico, el comandante de la policía municipal Pedro M. Sánchez, Abraham Bautista y elementos municipales, de la Guardia Civil Estatal y policía de investigación que participaron, merecen ser castigados con cárcel.
Además de que exigen que les reparen los daños, ya que afirmaron que eran al menos 10 casas, no dos como dicen, e inclusive aseguraron aún hay material tirado que arrastraron las máquinas. Dado que también les quemaron y se llevaron muchas de sus pertenencias, piden les restituyan todos los muebles, refrigeradores, camas, roperos, todo lo que perdieron.
Finalmente reiteran su petición de justicia, e informan que en próximos días expondrán el caso al gobierno federal en la Ciudad de México, pues no se puede dejar pasar por alto el atropello del que fueron víctima.
“Todavía se reían de nosotros cuando nos llevaban todos golpeados, ¿ese es el respeto que dicen tener con los indígenas? Y aún así nos siguen amedrentando con patrullas y también tenemos detectados vehículos particulares, llevamos las pruebas para mostrar a la presidenta”, concluyeron.
