Desiree Madrid
El gobierno municipal de Tampamolón Corona, encabezado por la presidenta Silvia Medina Burgaña, sostuvo que la disputa legal por el predio de La Peña involucra únicamente a dos familias asentadas en una superficie de diez hectáreas donadas al Ayuntamiento.
En una rueda de prensa realizada este lunes por el Ayuntamiento, la administración aseguró que el conflicto no incluye a las cien familias tének y nahua que denunciaron haber sido desalojadas con violencia el pasado 9 de junio de una extensión de aproximadamente 200 hectáreas que ocupaban desde hace más de treinta años.
La secretaria general del Ayuntamiento, Elizabeth Hernández Santos, abrió la conferencia al afirmar que “las decisiones que se toman en esta administración no se toman por intereses personales, ni por presiones externas” y llamó a analizar “la información con objetividad, revisando los antecedentes, documentos y las actuaciones de las autoridades competentes”.
Por su parte, la síndico Fede Sarayí Hernández Heraldo expuso que la versión oficial sobre el origen del predio en disputa comienza desde 2022, cuando el Ayuntamiento comenzó trabajos de desmonte en una superficie de diez hectáreas ubicada a un costado de la carretera, a través de un poder especial otorgado por el propietario Alfredo Gómez Zapata.
Aseguró que “en esta propiedad, vivían solamente dos familias, únicamente”, es decir, “de siete a ocho personas, nada más”, y rechazó que en ese terreno hubieran habitado cien familias.
Asimismo, señaló que el 12 de marzo de este año se formalizó la donación gratuita del predio mediante escritura otorgada por la Notaría Pública número 36 de Ciudad Valles a favor del Ayuntamiento.
De acuerdo con la versión municipal, el 20 de marzo un grupo de entre 30 y 40 habitantes de la colonia La Peña ingresó al predio y estableció un plantón, por lo que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, un juez de control ordenó el 10 de abril la restitución del inmueble a favor del municipio, diligencia que fue ejecutada el 9 de junio.
Más tarde, explicó la síndico, una familia encabezada por Feliciano Santos promovió un juicio de amparo y un recurso de queja ante un tribunal colegiado en materia penal, el cual concedió una suspensión provisional para restituirles el predio y que se cumplió el pasado 7 de julio. La funcionaria afirmó que el Ayuntamiento permanece a la espera de una resolución definitiva y que ha ofrecido escriturar el terreno donde habitan esas dos familias mediante un programa estatal de vivienda.
La cronología presentada por el Ayuntamiento contrasta con las denuncias realizadas por los habitantes de La Peña, quienes sostienen que el operativo del 9 de junio involucró a alrededor de cien civiles sin insignias identificables, así como elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Policía Ministerial, que desalojaron a aproximadamente cien familias tének asentadas desde hace más de tres décadas en unas 200 hectáreas.
De acuerdo con los testimonios, durante el operativo fueron agredidos hombres, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y menores de edad. Además, denunciaron la detención de nueve personas, de las cuales seis permanecieron desaparecidas durante varios días: Adriana Santos Bautista, Anselmo Gómez Juana, Antonio Reyes Martínez, Antonio Reyes Santiago, Feliciano Santos Sánchez y Miguel Santos.
La diferencia entre ambas versiones también alcanza el origen de la propiedad. Mientras la síndico municipal sostuvo que el predio fue donado por Alfredo Gómez Zapata mediante escritura pública, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) señala que detrás del conflicto se encuentra el exdiputado local José Antonio Zapata Meraz, quien presuntamente ostenta una escritura de compraventa sobre el terreno sin haber tenido posesión del mismo y con el respaldo de la administración municipal.
El secretario del comité estatal de la organización, Pedro González Gómez, también sostiene que existían otros terrenos disponibles para desarrollar el proyecto habitacional promovido por el Ayuntamiento.
Durante la sesión de preguntas, la alcaldesa Silvia Medina Burgaña rechazó que el desalojo hubiera afectado a cien familias o que se hubieran destruido viviendas, un templo y una escuela de la colonia La Peña.
“Totalmente falso. Totalmente falso”, respondió.
Sin embargo, al ser cuestionada sobre el número de habitantes de la zona, reconoció que “aquí sí están las 100 viviendas, pero a lo mejor no sé si sean 100 en la verdad”, en referencia a la colonia La Peña, la cual, aseguró, no ha sido afectada por el litigio y ha recibido obras de pavimentación, agua potable y electrificación.
También señaló que en la colonia contigua MG o MGE habitan alrededor de 80 familias de origen náhuatl y tének, actualmente en proceso de regularización y beneficiarias de un programa de vivienda.
La postura municipal también difiere de la expresada por organismos defensores de derechos indígenas. El Observatorio Indígena Mesoamericano calificó el operativo del 9 de junio como un desalojo violento contra alrededor de cien familias tének y que el caso refleja una falta de coordinación entre las autoridades judiciales y los gobiernos federal y estatal.
Por su parte, el representante tének ante el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Rafael Reyes Martínez, solicitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas brindar asesoría jurídica a los detenidos, al considerar que la comunidad ha mantenido la posesión del predio durante más de treinta años y podría hacer valer la figura de la prescripción positiva. Ninguno de estos planteamientos fue abordado directamente durante la conferencia de prensa.
Aunque la síndico municipal aseguró que el Ayuntamiento no tiene facultades para ordenar desalojos y que únicamente dio cumplimiento a resoluciones judiciales, habitantes de La Peña denunciaron que incluso después de la restitución del predio ordenada el 7 de julio, la policía municipal mantiene rondines constantes y acciones de hostigamiento en la zona.
La presidenta Medina, por su parte, afirmó que no siente temor por la controversia y llamó a la población a no dejarse “manipular” por actores políticos externos, sin precisar a quiénes se refería.
La disputa por el predio La Peña continúa en los tribunales con versiones encontradas entre el Ayuntamiento y los habitantes afectados. Mientras la administración municipal sostiene que el litigio se limita a dos familias asentadas en diez hectáreas, las comunidades indígenas, la CIOAC y organismos de derechos indígenas mantienen que el desalojo del 9 de junio afectó a alrededor de cien familias que ocupaban aproximadamente 200 hectáreas desde hace más de tres décadas. La resolución definitiva del juicio determinará el futuro legal del predio.
