Desiree Madrid
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) anunció que impulsará la prescripción adquisitiva del predio conocido como La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, para defender a las familias indígenas tének desalojadas hace unas semanas.
La organización explicó que esta figura legal, también llamada usucapión, permite solicitar el reconocimiento de la propiedad al demostrar una posesión pública, pacífica y continua por el tiempo que marca la ley. Al mismo tiempo, advirtió que los habitantes no abandonarán el lugar ante el riesgo de un nuevo desalojo en los días próximos.
Durante el pleno estatal de la CIOAC realizado este martes en la Huasteca potosina, el dirigente Pedro González Gómez informó que ya reunieron la documentación necesaria para avanzar por esa vía. Sostuvo que el objetivo es acreditar los derechos de posesión de las familias que han vivido en el predio durante décadas, destacando que la estrategia responde a años de acompañamiento y a la integración de un expediente amplio.
“La gente de La Peña no va a salir de los terrenos, pase lo que pase”, afirmó González Gómez al señalar que la comunidad permanecerá en el sitio pese a las presiones externas. En ese contexto, denunció que la organización tuvo conocimiento de una reunión en Ciudad Valles donde presuntamente se planeó un nuevo operativo de desalojo, por lo que advirtió que cualquier intento de retiro forzado encontrará resistencia.
El dirigente reiteró que las familias no invadieron el terreno, sino que ya vivían y trabajaban allí cuando la CIOAC comenzó a asesorarlas hace aproximadamente 25 años.
Explicó que los ocupantes eran empleados de los antiguos propietarios y permanecieron tras el traspaso de los inmuebles a una institución bancaria derivada de juicios mercantiles.
Para sustentar la solicitud jurídica, González Gómez detalló que integraron un expediente de unas 5 mil 500 hojas con documentos, gestiones y antecedentes que demuestran la ocupación constante y visible del terreno, lo que servirá para responder ante cualquier intento de señalar a los habitantes como ocupantes recientes.
El líder campesino también criticó la actuación de las autoridades estatales y municipales durante el desalojo previo, aseguró que hubo omisiones graves que dejaron a la comunidad en situación de vulnerabilidad. buscará respaldo de las autoridades federales, al considerar que las instancias estatales no respondieron adecuadamente durante el desalojo.
Explicó además que la intención es llevar el caso a un nivel en el que exista mayor vigilancia institucional y donde se escuchen los argumentos de las familias tének, así como los elementos jurídicos que la organización dice haber reunido. A su juicio, el acompañamiento federal podría ayudar a frenar nuevos abusos y a garantizar que el conflicto se resuelva por la vía legal y no mediante operativos de fuerza.
Aunque reconoció que ese fenómeno se presenta en varias regiones del país, insistió en que la prioridad inmediata de la CIOAC es sostener la defensa jurídica de las familias y evitar un nuevo desalojo mientras continúa el litigio por la posesión del terreno. En ese escenario, dijo, la organización seguirá insistiendo en que la permanencia de los habitantes no es un acto de invasión, sino la continuidad de una ocupación histórica que debe ser reconocida por la ley.
