Desiree Madrid
El Gobierno Federal publicó el lunes en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria a un proceso de consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y San Luis Potosí quedó incluido con tres sedes de asamblea, todas programadas para el 12 de septiembre de 2026.
Los municipios designados son Ciudad Valles, Tamazunchale y Santa María Acapulco, localidad del municipio de Santa Catarina, en la Sierra Gorda potosina. La convocatoria fue emitida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
San Luis Potosí es una de las entidades con mayor presencia indígena del país. En su territorio habitan principalmente los pueblos nahua, tének y xi’iuy (pame), asentados sobre todo en la Huasteca y la Zona Media.
La consulta busca recoger opiniones, propuestas y observaciones de estas comunidades antes de que la iniciativa sea enviada al Congreso de la Unión para su discusión.
La asamblea de Ciudad Valles reunirá a comunidades nahua y tének provenientes de cuatro regiones identificadas en la convocatoria: la región nahua del norte de San Luis Potosí, la región tének del noreste, la región tének del norte y la región tének del sur.
Se trata de una de las zonas con mayor concentración de población indígena en la entidad, donde persisten rezagos en servicios básicos y problemáticas relacionadas con la tenencia de la tierra. La ubicación de Ciudad Valles como sede responde también a su posición como principal punto de encuentro para comunidades distribuidas en distintos municipios de la Huasteca potosina.
En Tamazunchale se realizará una segunda asamblea dirigida a pueblos nahuas de las regiones centro-sur, sur y norte de San Luis Potosí. Esta sede concentrará a comunidades de una amplia franja de la Huasteca sur y la Sierra Madre Oriental, donde se localizan algunos de los municipios con mayor población indígena del estado. La convocatoria establece que durante la etapa informativa personal del INPI visitará comunidad por comunidad para presentar la propuesta legislativa y explicar sus alcances.
La tercera sede será Santa María Acapulco, en el municipio de Santa Catarina, donde se llevará a cabo la consulta correspondiente al pueblo xi’iuy o pame. la asamblea abarcará tanto la región pame de San Luis Potosí como la región pame y tének de la Sierra de Querétaro, reconociendo la continuidad territorial y cultural de estas comunidades más allá de los límites estatales. El pueblo xi’iuy mantiene presencia principalmente en los municipios de Santa Catarina, Rayón, Alaquines, Ciudad del Maíz y Lagunillas.
Las tres asambleas potosinas se realizarán el mismo día, el 12 de septiembre, dentro de una consulta nacional que contempla distintas etapas. Del 1 de julio al 6 de agosto se desarrollará la fase informativa; posteriormente, cada comunidad llevará a cabo procesos internos de deliberación conforme a sus sistemas normativos y formas tradicionales de organización. Entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre tendrán lugar las asambleas regionales donde se presentarán formalmente opiniones, recomendaciones y propuestas.
La consulta responde a la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual se amplió el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y se ordenó la expedición de una ley general en la materia.
El plazo establecido en los artículos transitorios para emitir dicha legislación ya venció sin que fuera aprobada, por lo que el proceso de consulta se realiza después del periodo originalmente previsto en la reforma constitucional.
Además de las autoridades federales responsables, en el proceso participarán como observadores y acompañantes el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos organismos internacionales especializados en derechos indígenas.
Una vez concluidas las asambleas, las propuestas serán sistematizadas por las autoridades responsables para determinar cuáles serán incorporadas al proyecto legislativo que eventualmente será presentado ante el Congreso de la Unión.
