Por Victoriano Martínez
“La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) consolida su labor en materia de procuración de justicia mediante resultados que la colocan entre las instituciones más eficientes del país, producto del compromiso, profesionalismo y coordinación permanente de las áreas que intervienen en la investigación y persecución de los delitos”.
Así presumió la Fiscalía General del Estado (FGE) los resultados del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026 (IEDF2026), de la organización Impunidad Cero.
Para empezar, la FGE exhibe que se siente orgullosa de ocupar el lugar número 20 de 32 en el índice de desempeño con una calificación de 44.2 porque con eso afirma que la colocaron “entre las instituciones más eficientes del país”.
Para que su afirmación parezca real, selecciona dos de los 12 rankings que se pueden consultar en el documento completo del reporte de Impunidad Cero: el correspondiente a “Probabilidad de esclarecimiento del delito” y el de “Distribución de salidas efectivas”.
Con el primero, presume que “la institución alcanzó la mayor probabilidad de esclarecimiento de delitos del país, con 4.66 por ciento, resultado que refleja la capacidad de respuesta y el trabajo especializado de las áreas encargadas de procurar justicia”.
¿Desde cuándo dejar sin esclarecer el 95.34 por ciento de los casos denunciados es motivo para hacer alarde? Podrá presumir que es la Fiscalía menor peor entre las 32 del país, pero de ahí a que sea motivo de presunción tan bajo porcentaje de eficiencia es otra cosa.
El propio IEDF2026 lo advierte: “A nivel estatal, San Luis Potosí presenta la mayor probabilidad de esclarecimiento, con 4.66 %, seguido de Guanajuato, con 4.45 %, y de Michoacán, con 4.11 %. Aunque estos tres estados encabezan el ranking nacional, sus valores siguen siendo bajos en términos absolutos”.
En cuanto a la “Distribución de salidas efectivas” podrá contar con un alto porcentaje que supera a las otras fiscalías, pero no necesariamente significa que el resultado fue favorable para quien por ser víctima de un delito recurrió a la FGE.
Basta con ver que en el tipo de salidas que se les dio a las carpetas de investigación durante 2025, en el 59.31 por ciento se declaró el “No ejercicio de la acción penal”, en el 21.9 por ciento se enviaron al Archivo temporal, en el 0.42 por ciento se aplica la Facultad de abstenerse de investigar, en el 0.25 por ciento se declaró Incompetencia y en el 0.01 por ciento la prescripción.
De acuerdo con esos datos, en 81.89 por ciento de las carpetas de investigación en los hechos no pasó nada. Algo así como un contraste para alentar a las víctimas a presentar la denuncia: mientras la probabilidad de que se esclarezca el delito es del 4.66 por ciento, la probabilidad de que no pase nada es del 81.89 por ciento.
Un contraste que pone en duda la afirmación de la FGE que asegura que fue considerada de las más eficientes como un “reflejo de la confianza ciudadana en esta institución”, porque el IEDF2026 la coloca en el lugar número 22 del ranking sobre “Porcentaje de la población con mucha confianza en el MP”, con un 10.5 por ciento.
Si de autonomía de la Fiscalía se trata, el estudio parece confirmar la afirmación de Federico Garza Herrera en el sentido de que la FGE es autónoma, pero no independiente, pues el IEDF2026 le asignó un puntaje de autonomía del 55.56 por ciento por deficiencias en el proceso de designación, los riesgos de remoción y ser un cargo poco estable.
Un proceso de designación que parte de la propuesta del Ejecutivo con la posibilidad de que la remoción se dé por iniciativa de él mismo justifican la deficiencia en la autonomía, algo sobre lo que durante este sexenio se han registrado múltiples ejemplos.
La presunción sesgada del IEDF2026 por parte de la FGE, con un desplante de imágenes protagónicas, la exhiben con una urgencia de reconocimiento y de encubrir su sometimiento al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pero también la colocan ante un “dime de qué presumes y te diré de lo que careces”.
