Fernanda Durán
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un nuevo requerimiento al Congreso del Estado dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, relacionada con la reforma a la Ley de Educación, para que acredite avances concretos en la organización de la consulta a personas con discapacidad que ordenó la máxima autoridad jurisdiccional; mientras el Congreso aún busca que una instancia externa realice las consultas.
En un acuerdo notificado el pasado 2 de julio, la Corte solicitó a la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Roberto García Castillo, que en un plazo de 20 días hábiles remitan documentación que demuestre las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Entre la información requerida se encuentran las gestiones realizadas con el Poder Ejecutivo y otras autoridades para asegurar la suficiencia presupuestal, así como las constancias de reuniones, solicitudes, convenios, mesas de trabajo o cualquier otra acción encaminada a obtener los recursos necesarios para desarrollar la consulta.
Además, la SCJN pidió un programa o cronograma de actividades que detalle las etapas, plazos y acciones previstas para que la consulta se lleve a cabo durante el ejercicio fiscal 2026 y, una vez concluida, continúe el procedimiento legislativo para adecuar la Ley de Educación del Estado conforme a la sentencia.
El acuerdo también precisa que las constancias que entregue el Congreso deberán acreditar acciones efectivamente realizadas y permitir a la Corte verificar el avance en el cumplimiento de la ejecutoria. En caso de no atender el requerimiento, los funcionarios podrían hacerse acreedores a una multa de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 14 mil 077 pesos.
Al ser cuestionada sobre este nuevo requerimiento, la diputada y presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, afirmó que el Congreso continúa trabajando de manera coordinada con la Suprema Corte para definir el protocolo que regirá las consultas.
Explicó que también se trabaja en la suficiencia presupuestal y en la solicitud de una ampliación de recursos para atender este proceso.
“Todavía siguen trabajando tanto el jurídico y los nuestros con la Corte. Vamos a tener una reunión más. Hemos tenido como cinco”.
La legisladora sostuvo que el objetivo es evitar repetir los errores de las consultas realizadas durante la legislatura pasada, que fueron invalidadas por la propia Suprema Corte.
“Y no me refiero a equivocarse, a hacerlo mal, no. Se equivocó en no llevarnos de la mano con un protocolo perfecto, que no cometamos errores. Y no es por el recurso que se gaste, es porque no podemos seguir en esta dinámica. O lo hacemos bien, con el protocolo que se requiere, o lo hacemos bien”.
Añadió que la prioridad es concluir un protocolo que cuente con el aval de la SCJN antes de iniciar los trabajos de consulta.
Respecto al presupuesto, Rocha Medina señaló que aún no existe una cifra definitiva, ya que dependerá del protocolo que finalmente se apruebe.
“La última versión que nos habían dado era de 15 o 18 millones. Entonces tenemos que saber en qué cantidad quedó ya con el protocolo que tenemos y que se va a aprobar para poder partir de ahí”.
Asimismo, confirmó que se mantiene la intención de que la organización de las consultas sea realizada por una instancia técnica externa al Congreso.
Con este nuevo requerimiento, el Congreso mantiene pendientes cuatro procesos de consulta derivados de resoluciones judiciales.
Tres corresponden a sentencias de la Suprema Corte: la consulta a personas con discapacidad sobre la Ley de Educación (Acción de Inconstitucionalidad 67/2023), así como las consultas a pueblos y comunidades indígenas y a personas con discapacidad relacionadas con la reforma a la Ley Electoral (Acciones de Inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022).
A ellas se suma la consulta para analizar el posible cambio del sistema de elección por partidos políticos a usos y costumbres en los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio, cuyo desarrollo también fue encomendado al Congreso por resoluciones del Tribunal Electoral del Estado.
Aunque estos expedientes tienen orígenes distintos, todos mantienen al Poder Legislativo bajo seguimiento judicial por el incumplimiento de consultas previas ordenadas para garantizar los derechos de personas con discapacidad, y de pueblos y comunidades indígenas.
