Texto de Estela Ambriz Delgado
Fotografías de Solomon Rodd
Autoridades tének y nahua del municipio de San Antonio, junto con integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), emitieron un posicionamiento en el que denuncian la traición e incumplimiento del Gobierno Federal en el tema del fracking, los vicios ocultos de la política energética del país, y estrategias de división comunitaria que Pemex lleva a cabo.
Este martes 7 de julio se llevó a cabo una asamblea informativa con las comunidades indígenas en dicho municipio, que tuvo como resultado la elaboración de un posicionamiento público frente a lo que consideran un intento de despojo y destrucción ambiental, que se pretende imponer en la región huasteca a través del Pan Estratégico de PEMEX 2025-2035.
En este denuncian una profunda hipocresía y el abierto incumplimiento de las promesas de campaña y los compromisos institucionales de prohibir la técnica de fracturación hidráulica y la minería a cielo abierto en el país.
En este sentido, hacen referencia a la publicación reciente de un reportaje del diario El País, en el que se da a conocer la alternativa de crear un fideicomiso para ordenar el esquema de inversiones mixtas que se requiere para la explotación de hidrocarburos, y retoman el hecho de que la administración actual “dejó morir” de forma estratégica la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para prohibir estas prácticas destructivas.
De igual forma, se señala que la narrativa oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo es una simulación discursiva, y alertan a las comunidades que el llamado comité de científicos y especialistas no es más que una “cortina de humo y un teatro técnico” diseñado específicamente para legitimar el ecocidio, ganar tiempo de manera perversa y terminar imponiendo el fracking bajo un supuesto amparo “en la ciencia”.
“Reprobamos de forma unánime el trabajo sucio que la Presidencia de la República está operando en la clandestinidad. A espaldas de la gente, de los pueblos originarios y de la opinión pública, su círculo más cercano proyecta y diseña la creación de un fideicomiso financiero especializado”.
En relación al fideicomiso señalado en la investigación periodística, consideran que no es otra cosa que un “vehículo tramposo” para dar entrada directa a la inversión privada en los recursos energéticos de la nación, particularmente a las grandes corporaciones energéticas de los Estados Unidos.
“Utilizando la bandera de la ‘soberanía energética’, planean entregar el subsuelo y entregar el agua al capital extranjero, aislando convenientemente este negocio de la quiebra de Pemex, mientras el costo humano, ambiental y social de la contaminación lo pagaremos las comunidades indígenas de la Huasteca. Nos quieren sacrificar”.
Ante este panorama, reafirman su absoluto, unánime e innegociable rechazo a la técnica de fracturación hidráulica para extracción de hidrocarburos, y a cualquier tipo de megaproyecto extractivo de minería, hidroeléctricas, o gasoductos, que pretenda el cambio de uso de suelo en su región.
En el posicionamiento también se deja en claro que no aceptarán que se maquille el despojo bajo otras denominaciones técnicas en los manuales de Pemex, y que exigen la prohibición total y definitiva del fracking en las leyes mexicanas.
Asimismo, se apunta al hecho de que la devastadora técnica es inviable en la geografía kárstica de la Huasteca, y que al usar millones de litros de agua mezclada con cientos de químicos destruiría de forma irreversible sus flujos subterráneos y pozos comunitarios, en una zona que ya sufre de estrés hídrico crónico.
Por otra parte, las autoridades y consejeros indígenas lamentan la postura ambivalente y tibia del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y señalan que su actitud de “esperar confirmaciones oficiales” para actuar viola flagrantemente el Principio Precautorio establecido en los artículos 1 y 4 constitucional.
En este sentido, apuntan a que el Gobierno del Estado tiene la obligación inmediata de emitir decretos de salvaguarda y vedas hídricas ante la sola existencia del Plan Estratégico de Pemex, en lugar de asumir pasividad de forma burocrática ante el abuso del centralismo de la Federación.
Además, alertaron sobre acciones de operarios de Pemex, pues bajo el pretexto de realizar algunas gestiones, implementan estrategias de división comunitaria que violan flagrantemente el Convenio 169 de la OIT.
Indican también que cualquier intento de consulta a estas alturas es extemporáneo, mañoso y de mala fe, por lo que se reitera que las asambleas comunitarias ya han decidido y su dictamen es inamovible: no se da ningún consentimiento para implementar la fracturación hidráulica.
En cuanto a las peticiones al Ayuntamiento de San Antonio, exigen al presidente municipal Benito González Hernández y a su Cabildo, así como a las y los alcaldes de la Huasteca Potosina, abstenerse de firmar, sellar o validar a Pemex para el uso de materiales explosivos y otros actos violatorios de los derechos humanos e indígenas.
Por último, convocan a la celebración de una sesión de cabildo abierta en un plazo no mayor a cinco días, con presencia física de las autoridades tradicionales, para decretar formalmente que no se autoriza ningún cambio de suelo para fines extractivos en todo el municipio.
