Por Victoriano Martínez
Las familias tének y nahua que fueron desalojadas con violencia el pasado 9 de junio del rancho La Peña, en Tampamolón, fueron reinstaladas en sus viviendas por orden del Juzgado Quinto de Distrito.
Son muy pocas las ocasiones en las que un acontecimiento en este sentido –favorable a las comunidades indígenas– son noticia, y no porque ocurran sin que se hagan públicos, sino porque muy pocas, casi nunca, ocurre algo así.
El desalojo fue violento –lo que suele ser más frecuente–, a cargo de hombres armados que fueron auxiliados por la Guardia Civil Estatal, con seis personas golpeadas, detenidas e incomunicadas por horas.
Pasaron por encima de minutas firmadas con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que daban cuenta de la gestión de una prescripción positiva de la propiedad a su favor tras la ocupación pacífica por más de 35 años.
El desalojo estuvo motivado por la intención de transferir la propiedad al ex diputado José Antonio Zapata Meraz, presuntamente para un desarrollo inmobiliario.
El menosprecio a los derechos de las comunidades indígenas quedó en evidencia cuando, tras el desalojo, los nuevos ocupantes comenzaron a desmantelar las viviendas y Silvia Medina, la presidenta municipal de Tampamolón, comenzó a repartir solares con el apoyo del gobierno estatal, según su propio dicho.
Los indígenas afectados realizaron protestas frente al Palacio de Gobierno para exigir respeto a sus derechos sin que se diera una sola respuesta por parte de las autoridades estatales.
A partir del 9 de junio, tras el desalojo, todo seguía la misma ruta vivida por una comunidad indígena como parte de un grupo vulnerable siempre en desventaja y con pocas posibilidades de ser escuchado. Autoridades confabuladas para despojarlas de sus derechos.
No obstante, a la par de la movilización y el activismo, los afectados recurrieron a un juicio de amparo que hasta hoy ha marcado la diferencia: desde el 19 de junio el Juzgado Quinto de Distrito otorgó la suspensión y ordenó la restitución del predio porque el desalojo privó “de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal”.
Ante la imposibilidad de notificar la resolución al Ministerio Público responsable, se tramitó la Queja Penal 195/2026 ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito que la declaró fundada el 24 de junio, con lo que se vinculó a la Fiscalía General del Estado (FGE), en su calidad de superior jerárquico, para que gestionara el cumplimiento de la orden emitida.
Este martes 7 de julio se realizaron las diligencias de restitución de las tierras y viviendas a las 100 familias tének y nahuas, lo que representa un primer paso hacia el reconocimiento de sus derechos sobre ese territorio, en tanto el trámite del amparo 405/2026 continúa en el Juzgado Quinto de Distrito.
“La mejor noticia de todas es que la orden del juez es entregar el rancho La Peña, ahora quieren minimizar ahí, hacer alguna maniobra, pero no estamos seguros de lo que va a decir porque no se concretó la entrega del acta; sin embargo, sí fueron reinstalados las y los compañeros”, comentó Pedro González Gómez, secretario estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
La lucha de esa comunidad indígena por el territorio habrá de continuar, tanto en el juicio de amparo en curso, como en la continuación de juicio de prescripción para ser reconocidos como propietarios del rancho La Peña.
Hasta ahora, la noticia es que han logrado ser restituidos en su territorio, algo que muy pocas veces ocurre. Apenas un primer paso, porque –como dijo González Gómez– seguirán “resistiendo los embates de las autoridades que quieren oprimir a los pueblos originarios y la unidad nos hará más fuertes. ¡Zapata vive, la lucha sigue!”.
