Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) alerta a las comunidades para que no se dejen engañar por lo que Pemex asegura en su tarjeta informativa, en la que niega que el oficio enviado al Ayuntamiento de San Antonio sea para los proyectos de fracking que se pretenden realizar en la región, por lo que les conmina a continuar con los foros y manifestaciones hasta lograr la prohibición de la devastadora técnica.
Luego de que se diera a conocer dicho comunicado de la empresa, en el que asegura que la solicitud de conformidad respecto a la seguridad y ubicación de material explosivo no se relaciona con el inicio de actividades de fracturamiento hidráulico de yacimientos de geología compleja, sino que es sólo un procedimiento administrativo para conservar la vigencia de sus permisos, Juan Felipe Cisneros Sánchez del OIM hizo un análisis de esta información, que evidencia falsedades y contradicciones.
En primer lugar, puntualizó que la publicación de la tarjeta obedeció a un intento por calmar a la población tras las protestas y la preocupación de miles de familias en la región, y aunque niega que el trámite se relacione con fracturación hidráulica en San Luis Potosí, admite que las solicitudes son oficiales de Pemex.
Además, el activista señaló que la paraestatal focaliza su aclaración en San Antonio y omite que los permisos fueron entregados en múltiples municipios de la región, los cuales abarcan prácticamente las áreas que el plan estratégico de la empresa contempla explorar y explotar. Dicha área comprende: Tamuín, Ébano, Ciudad Valles, San Vicente Tancuayalab, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo, San Martín Chalchicuautla, San Antonio, Tancanhuitz, Coxcatlán, Axtla de Terrazas, Matlapa, Tamazunchale y Xilitla.
Asimismo, destacó el uso de diversa terminología para sustituir la palabra fracking, como “explotación de yacimientos de geología compleja” o “no convencionales”, para confundir a las comunidades y evitar que se defiendan.
Respecto a la afirmación que se hace en el comunicado de que los trabajos de exploración y explotación por medio de fracturación hidráulica no emplean materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas, Cisneros Sánchez la refutó.
“Esta es la trampa más peligrosa: aunque es verdad que para romper la piedra y sacar el gas se usa agua a presión y químicos, nadie puede hacer fracking sin antes meter dinamita para mapear el terreno. Decir que los explosivos son solo para ‘estudios sísmicos’ es como decir que van a comprar los ladrillos, pero que no planean construir una casa. Es el primer paso obligatorio”.
De igual forma, el activista cuestionó la afirmación de Pemex de que este permiso ante la Sedena es preventivo para cuidar pozos viejos en los campos San Pedro, localizados en San Antonio y Tanlajás; y Limón en Ébano. Si son pozos viejos y no hay planes de usarlos, “¿por qué gastar dinero, tiempo y abogados del gobierno en activar permisos de explosivos precisamente ahora?”.
Además, apuntó a que en la industria petrolera nadie tramita permisos de alta peligrosidad si no tiene la orden de reactivar la zona, por lo que es dudoso que actualmente se quieran revivir los permisos de estos pozos en desuso.
Por otra parte, subrayó que al admitir de facto que los oficios son suyos, Pemex asume implícitamente que ha violentado de forma sistemática el derecho a la consulta indígena y que ha actuado de mala fe a espaldas de la población, pues los permisos requieren manifestaciones de impacto ambiental y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
“Pemex quiere invisibilizar con su comunicado que su omisión estructural de consultar es un hecho consumado. Las comunidades tienen toda la razón en proteger su vida y su territorio mediante actas de no consentimiento avaladas por sus asambleas comunitarias, ejerciendo su personalidad como sujetos de derecho público. Al establecer que cualquier acto de consulta ya es extemporáneo, las asambleas indígenas, en pleno uso de su derecho, han determinado no dar su consentimiento a los proyectos exploratorios y de explotación”.
Por ello, desde el OIM se alertó que la paraestatal sigue con su Plan Estratégico 2025-2035, pero opera bajo las sombras de la opacidad, por lo que las comunidades y la sociedad no puede confiar en una empresa que miente y omite respetar derechos.
“El mensaje para las comunidades es claro: No nos dejemos engañar por los tecnicismos de Pemex. Cambiarles el nombre a las cosas no le quita el peligro. Detonar dinamita en nuestros territorios para buscar gas pone en riesgo nuestros manantiales, nuestra salud y el futuro de la Huasteca.
Se convoca a continuar las protestas hasta la prohibición legal del fracking, puesto que es un compromiso de la presidenta de la República. Hoy más que nunca se hace exigible la cancelación total de cualquier permiso de explosivos, puesto que es el preámbulo del fracking. El agua y la vida de la Huasteca no se venden ni se negocian bajo el disfraz de trámites de rutina”.
