Fernanda Durán
Las leyes son perfectibles. Lo repiten diputados de todas las bancadas cada vez que una reforma genera polémica, cuando aparece una acción de inconstitucionalidad o cuando algún sector social señala riesgos que no fueron considerados durante el proceso legislativo. Todo puede modificarse, dicen. Todo puede corregirse. Todo puede mejorarse. Y técnicamente tienen razón.
El problema es que, en San Luis Potosí, las leyes parecen ser perfectibles únicamente cuando la iniciativa de corregirlas proviene del lugar adecuado.
La llamada Ley Serrano lleva meses acumulando cuestionamientos. Periodistas, organizaciones civiles, especialistas y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos han señalado los riesgos derivados de conceptos amplios y definiciones ambiguas incorporadas al Código Penal bajo el argumento de regular el uso indebido de inteligencia artificial. Después llegaron las detenciones, los procesos penales y finalmente las propuestas para modificar o eliminar parte de la reforma.
La diputada morenista Gabriela López Torres presentó una iniciativa para derogar los artículos más cuestionados y modificar la legislación antes de que lo hiciera la Suprema Corte. Antes y después aparecieron además propuestas ciudadanas impulsadas por periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Nada de eso modificó el ritmo legislativo. Tampoco hubo señales de que las propuestas existentes fueran a dictaminarse con la rapidez con la que en otras ocasiones avanzan iniciativas impulsadas desde las propias bancadas mayoritarias.
La discusión volvió a moverse únicamente cuando el gobernador Ricardo Gallardo anunció públicamente que probablemente la ley sería derogada y sustituida por una nueva regulación enfocada no en la inteligencia artificial, sino en los llamados medios falsos, páginas pirata y portales que replican contenidos periodísticos sin atribución, desplazando así la discusión desde la inteligencia artificial hacia la regulación de quién produce, firma y difunde información en plataformas digitales.
Aunque, como ha señalado el periodista Victoriano Martínez, buena parte de los mecanismos relacionados con el registro de medios, la asignación de publicidad oficial y la transparencia sobre esos recursos ya se encuentran contemplados en la legislación vigente en materia de comunicación social y transparencia, el debate volvió a centrarse en la creación de nuevas herramientas regulatorias antes que en la aplicación de las existentes.
Sin embargo, fue entonces cuando el Congreso comenzó a hablar de la derogación como una posibilidad cercana. Pero únicamente bajo la consideración de una propuesta proveniente del gobernador.
Las respuestas de las propias legisladoras resultan reveladoras.
La presidenta de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, Dolores Robles Chairez, reconoció que no existe hasta ahora ninguna propuesta turnada a su comisión y que habrá que esperar el procedimiento correspondiente cuando el Ejecutivo la envíe.
Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva e integrante de la Junta de Coordinación Política, fue todavía más explícita al señalar que primero será necesario conocer qué plantea el gobernador para entonces comenzar la discusión legislativa.
Ninguna habló de las iniciativas existentes. Ninguna habló de las propuestas ciudadanas ya presentadas. Ninguna habló de acelerar la revisión de los proyectos que llevan semanas esperando turno o dictamen.
El Congreso simplemente espera.
Y quizá la descripción más honesta de ese funcionamiento la ofreció el diputado panista Rubén Guajardo cuando reconoció algo que rara vez se verbaliza con tanta claridad: “esto es aritmética, son matemáticas”. Porque al final de eso se trata.
Las matemáticas explican por qué algunas iniciativas pueden permanecer meses sin movimiento y otras avanzar en cuestión de días.
Las matemáticas explican por qué algunas reformas requieren mesas de trabajo, consultas y análisis comparados mientras otras son aprobadas en poco más de una semana.
Y las matemáticas explican también por qué el futuro de la Ley Serrano parece depender menos de las iniciativas ya existentes que de la que eventualmente decida presentar el Ejecutivo estatal.
Mientras el Congreso espera instrucciones, el gobernador asegura además contar con información de que la Suprema Corte resolverá a favor de la constitucionalidad de la reforma.
Hasta ahora, sin embargo, el asunto no aparece en las listas públicas del Pleno disponibles hasta el próximo 5 de agosto.
Eso no significa necesariamente que la resolución no sea próxima. Simplemente implica que, desde la información pública disponible hasta ahora, no existen elementos verificables que permitan confirmar la inminencia del proyecto ni mucho menos anticipar el sentido del fallo.
Mientras tanto, el gobernador ha comenzado a colocarse como uno de los impulsores de la eventual derogación de la norma.
Y probablemente la Corte tampoco tenga demasiada prisa.
Lo que termine resolviendo sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y responsabilidad penal podría convertirse en referencia para futuras regulaciones nacionales sobre el uso de estas tecnologías. No necesariamente porque exista una intención de replicar la Ley Serrano, sino porque los criterios que establezca sobre taxatividad, proporcionalidad y libertad de expresión podrían delimitar hasta dónde puede llegar el Estado cuando intenta regular fenómenos asociados a la inteligencia artificial.
Resulta difícil no observar la coincidencia temporal entre el anuncio del gobernador y la publicación de las prioridades legislativas que Morena impulsará durante el siguiente periodo ordinario del Congreso de la Unión.
Incluso si la Suprema Corte termina validando la posibilidad de regular el uso de herramientas de inteligencia artificial, eso no necesariamente significaría un respaldo irrestricto a la forma en que San Luis Potosí decidió hacerlo.
Después de todo, la discusión jurídica de fondo parece ir menos sobre la inteligencia artificial y más sobre la utilización de conceptos amplios e indeterminados capaces de generar incertidumbre jurídica y aplicaciones discrecionales por parte de la autoridad.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de plantear un argumento prácticamente idéntico al impugnar el delito de “mensajes intimidatorios” aprobado recientemente por el Congreso potosino. En ambos casos, el cuestionamiento central gira alrededor de la amplitud de los conceptos utilizados y de la ausencia de parámetros objetivos que permitan delimitar con claridad qué conductas pueden ser sancionadas y cuáles forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Quizá por eso la resolución de la Corte será observada con especial atención. Lo que está en discusión podría no ser únicamente el alcance de una reforma local, sino los criterios bajo los cuales será posible construir futuras regulaciones sobre inteligencia artificial sin convertirlas, al mismo tiempo, en herramientas potencialmente restrictivas para otros derechos fundamentales.
La discusión sobre la inteligencia artificial podrá resolverse eventualmente en la Suprema Corte, en el Congreso local o en una mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo. Lo que seguirá pendiente es una pregunta mucho más incómoda: si el problema es la tecnología o la facilidad con la que el Congreso potosino continúa legislando utilizando conceptos cuya interpretación termina dependiendo menos del texto legal y más del criterio de quien tiene el poder para interpretarla y aplicarla.
Y ya estando…
La mesa. La reunión de esta semana entre el Ejecutivo y periodistas para discutir una nueva regulación abrirá otra discusión igual de relevante: quiénes son convocados y quiénes quedan fuera. Porque si el objetivo es construir consensos sobre libertad de expresión y regulación digital, la pluralidad de voces debería ser parte del punto de partida y no del resultado final.
La pregunta entonces no es sólo quién participará en la construcción de una nueva ley, sino por qué se buscan nuevas herramientas regulatorias para problemas cuya solución pasa, en gran medida, por hacer cumplir las normas que ya existen. También quedará por verse si cualquier eventual registro o mecanismo de validación se aplicará con criterios generales y transparentes o si terminará distinguiendo entre medios incómodos y medios cercanos al poder en turno.
La cautela priísta. Llamó la atención que, aunque el PRI anunció un escrito ante el CEEPAC para solicitar la revisión del festejo por los 20 años del gallardismo para tener cierta sintonía con las declaraciones del alcalde Enrique Galindo y el PAN; más allá del posicionamiento formal del partido, la conferencia exhibió una diferencia de tonos dentro del priismo. Mientras el delegado nacional Hugo Contreras encabezó las críticas al evento y pidió la actuación del CEEPAC, Sara Rocha optó por un discurso institucional y evitó mencionar al gobernador, al Partido Verde o incluso al propio evento que motivó la rueda de prensa.
La cautela tampoco parece casual. Rocha es probablemente la dirigente partidista de oposición que más interlocución pública ha mantenido con el gobernador durante los últimos meses. Ambos coincidieron previamente en la LXIV Legislatura federal y, actualmente, como presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, la priista ha sostenido reuniones recurrentes con el mandatario estatal. De hecho, ha sido una de las presidentas de la Directiva con mayor presencia en reuniones institucionales con el gobernador.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
