Alejandro Rubín de Celis
Marcelo de los Santos Anaya se ha inscrito para buscar encabezar en el PAN la Coordinación Municipal del Cambio y la Defensa de la Familia, que es la antesala para elegir al candidato o candidata a la presidencia municipal de San Luis Potosí. El hecho se lo debe en buena medida a su padre, Marcelo de los Santos Fraga. Y es que el exgobernador potosino sigue tendiendo gran influencia en las decisiones relevantes del partido blanquiazul. Así como lo hace ahora con su hijo, influyó de manera importante para que en 2021 la candidatura a la alcaldía de la capital favoreciera a Enrique Galindo Ceballos.
Pensar que por sí solo de los Santos Anaya podría ganar en la interna sería un sueño guajiro. No tiene experiencia política, lo que lo dejaría en una seria desventaja frente a sus competidores. La relación entre ambos personajes es indisoluble, no solo en lo familiar sino también en los campos financiero y de negocios de ya larga data, que amenaza con una continuidad de alcances inciertos.
La precandidatura del socio director de Marcelo de los Santos y Compañía puede explicarse porque es un destacado representante de la élite empresarial del estado, la cual tiene poderosos intereses en materia de negocios, principalmente en el sector inmobiliario, y necesita de un aliado plenamente confiable, primero en la presidencia municipal y después, si todo va bien, en la gubernatura en 2033, que le autorice cualquier cantidad de licencias y permisos para actuar sin obstáculos.
Con un pobre discurso que se limita a hablar de la familia tradicional y del desarrollo de la ciudad, sin referir qué le ofrece a la población para mejorar su calidad de vida, Marcelo de los Santos Anaya se autodenomina candidato de los ciudadanos, cuando en los hechos es el candidato del poder económico. Un aspirante a político que, junto con su padre, han hecho un enorme daño al estado.
En los años 80 y 90 del siglo pasado, era un secreto a voces que Marcelo de los Santos Fraga, cuyo despacho Productividad, Asistentes Administrativos era ampliamente conocido en los sectores público y privado, maquillaba las cuentas públicas de los gobiernos priistas. Hasta que en la mañanera del 10 de septiembre de 2020, el ex presidente AMLO lo dijo públicamente en clara referencia a su persona llamándole, como el producto de limpieza, Maestro Limpio: “Había un mandatario estatal que era contador. Tenía un despacho y le arreglaba las cuentas a los anteriores que salían. Era el que saneaba todo (…) le arreglaba las cuentas a los gobernadores de otro partido -el PRI-, nunca encontraba nada y cuando llegó al cargo –por el PAN-, menos. Se las sabía de todas, todas”.
De manera más clara, la historia pública de estos dos personajes comenzó en 1999 con el fraude cometido por la Unión de Crédito Regional que afectó a más de 4 mil personas de nueve estados de la República y en el que Marcelo de los Santos Fraga fungía como comisario, es decir, el que llevaba el manejo contable y financiero de la empresa.
Tras la reforma constitucional salinista que permitió la privatización de la tierra, desarrolladores inmobiliarios crearon las empresas Residencial La Tenería, Desarrollos del Pedregal, Peña Blanca y Lomas de la Garita, para asociarse con ejidatarios de la Garita de Jalisco a quienes les compraron sus tierras a precios irrisorios, en un acto inmoral que avaló Marcelo de los Santos Fraga en su calidad de comisario de esas compañías y quien, al asumir la alcaldía de la capital en el año 2000 dejó en ese cargo a su hijo Marcelo. El plan era también llegar al poder público para, desde ahí, no solo avalar los abusos de esas empresas, sino generar sus propios negocios.
Y entonces nació el proyecto conocido como Gran Peñón. En 2007, con de los Santos Fraga como gobernador, Marcelo junior, pieza clave en todo ese proceso, consigue manipular una asamblea para que ejidatarios de El Aguaje cambien el destino de uso común a parcelas susceptibles de venta en una superficie de 2 mil 53 hectáreas. Sin embargo, el tema del cambio de uso de suelo se complicó en la administración de la alcaldesa Victoria Labastida por tratarse entonces de un área de conservación de la vida silvestre de carácter municipal. Pero el que sí cedió a las presiones de Marcelo padre e hijo fue el alcalde Mario García Valdez y el 16 de julio de 2014 el Cabildo aprobó el cambio de uso de suelo. Del total de hectáreas vendibles, Gran Peñón solo pudo urbanizar 1070, ya que las otras 983 forman parte del Área Natural Protegida (ANP) decretada en diciembre de 2021 en las que ya no pueden construir, lo que no significa que no hayan hecho un gran negocio para ellos. De hecho Gran Peñón quedó dentro del ANP.
En lugar de asumir su papel como gobernador de proteger el medio ambiente y a los habitantes del lugar, Marcelo de los Santos Fraga se dedicó durante su mandato a defender a la empresa Minera San Xavier en su depredador proyecto en Cerro de San Pedro. Carlos Covarrubias Rendón, integrante del Frente Amplio Opositor, formado por diversas organizaciones ambientalistas que lucharon durante muchos años para evitar la devastación del cerro, asegura que el comisario de MSX era… ¡Marcelo de los Santos Anaya!
El propio Covarrubias Rendón, también integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, señala que uno de los propósitos ocultos de la construcción de la presa El Realito era llevar agua a la sierra para abastecer los desarrollos habitacionales que ahí se construían, así como a la zona industrial que va de la capital hasta Villa de Reyes. La presa cuenta con tanques de almacenamiento distribuidos en distinto puntos, uno de ellos, el llamado “tanque terminal” está ubicado dentro del Gran Peñón, revela el activista.
Hacia finales de su mandato, Marcelo de los Santos Fraga adquirió un préstamo por mil 500 millones de pesos presuntamente para la realización de obras públicas, lo que nunca pudo comprobar. En cambio, el nuevo gobierno encabezado por Fernando Toranzo detectó que el dinero fue empleado para tapar un déficit financiero de su antecesor y que heredaba de éste una deuda cercana a los 16 mil millones de pesos.
En un caso inédito, en octubre de 2013, la Contraloría del Estado decide imponer a de los Santos Fraga una sanción de 20 años sin poder ejercer cargos públicos y una multa por 7 mil 791 millones de pesos calculados en tres veces el préstamo de los mil 500 millones del préstamo más los intereses acumulados. Las sanciones fueron revocadas en tribunales bajo el argumento de que no era facultad de la Contraloría imponer las sanciones, lo que no significa que no se haya dado el desvío de recursos.
Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos Anaya aparecieron en el caso mundialmente conocido como los Papeles de Pandora. Una investigación periodística internacional descubrió que ambos eran socios de la empresa Global Securities Management, situada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal que utilizaron para evadir el pago de impuestos en México.
Ciudad Satélite, uno de los proyectos insignia del gobierno estatal marcelista fue ampliamente cuestionado por distintos sectores debido al uso de información privilegiada, opacidad en la entrega de información pública, evasión fiscal y favoritismo en apoyo a la empresa Dintel del Centro (presuntamente para obtener un beneficio personal), que compró tierras en el ejido El Panalillo a un costo de 20 pesos el metro cuadrado, para luego vendérselos al gobierno del estado a precio comercial. En declaración a La Jornada San Luis el 29 de enero de 2007, el empresario y activista, Guillermo Pizzuto Zamanillo, consuegro entonces del gobernador, sostuvo que el proyecto de Ciudad Satélite buscaba satisfacer intereses personales y de grupo y no el beneficio social. Dijo que sería “un ingreso económico que llevaría a la realización de un gran negocio para un sector y no para los demás”.
Marcelo de los Santos, padre e hijo, han estado permanentemente involucrados en uno de los proyectos depredadores más dañinos para la Sierra de San Miguelito (SSM). Se trata de Las Cañadas, un desarrollo inmobiliario que pretende construir un complejo residencial de lujo alrededor de la presa que lleva ese nombre. La Empresa Espacios en el Horizonte, de la cual es socio Marcelo de los Santos Anaya, ha buscado por año hacerse de 2 mil 68 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe que les dejaría multimillonarias ganancias. Pero gracias al decreto presidencial de Área Natural Protegida sobre 111 mil 160 hectáreas de diciembre de 2021, y a diversas acciones sociales, legales y del gobierno federal, no lo han podido concretar… pero no cejan en su afán de hacer realidad su proyecto.
Los casos descritos son solo una parte de los actos de corrupción, tráfico de influencias, evasión fiscal y abuso frente a los sectores más débiles por parte de ambos personajes. Su negro historial los dibuja como personas abusivas y carentes de escrúpulos, sobre todo cuando de negocios dudosos se trata.
La próxima visita de Vicente Fox a la ciudad el 13 y 14 de agosto no es casualidad. El pretexto de que viene a dar una conferencia en la Feria de Proveeduría 2026, parece más una pantalla. El expresidente tiene una estrecha relación con Marcelo de los Santos Fraga a quien apoyó para que el proyecto de la MSX siguiera adelante. Intervino en tribunales para evitar que la empresa canadiense detuviera sus devastadoras operaciones. Muy probablemente, Fox, que todavía ejerce una influencia importante dentro del PAN, viene a dar el espaldarazo a Marcelo de los Santos Anaya para que sea el candidato a la presidencia municipal.
El Partido Acción Nacional ¿tendrá el valor de revisar la trayectoria de Marcelo de los Santos Anaya para determinar si es merecedor de ocupar la coordinación municipal y eventual candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí? ¿Permitirá que su padre y Fox incidan de manera importante o hasta decisiva para que al final su hijo sea el candidato? Los demás precandidatos, ¿permitirán que el poder del exgobernador y del expresidente pase por encima de su trayectoria política y partidista? La sociedad ¿votaría por un candidato cuyo historial demuestra claramente que sólo busca el beneficio particular?
Hay que imaginar, por un momento, a Marcelo de los Santos Anaya como alcalde, operando para que se apruebe cualquier cantidad de permisos y licencias a favor de los proyectos depredadores de la Sierra de San Miguelito (como lo intentó el ex alcalde Xavier Nava Palacios, afortunadamente sin éxito, con el proyecto Las Cañadas) o de otros negocios que le favorezcan a él, a su padre y a otros acaudalados empresarios de élite.
Por lo pronto las dirigencias, la militancia y los contendientes en la elección interna del PAN tienen la palabra. ¿Permitirán la imposición de Marcelo junior?
