Por Victoriano Martínez
En los últimos años el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sea a través de sus operadores en el Congreso del Estado o de alguna de sus dependencias, ha incurrido en acciones en las que la Federación, sea el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, lo ha hecho recular o lo tiene en la mira para enmendarle la plana.
Tres ejemplos recientes o en curso: (1) la derogación de la Ley Serrano antes de que se las invalidara al Suprema Corte de Justicia de la Nación; (2) la acción de inconstitucionalidad 98/2026 presentada por el Ejecutivo Federal contra la reforma electoral y que se acumuló a la 94/2026 presentada contra el mismo decreto por el partido Somos MX.
El tercer ejemplo quedó expuesto con el intento por parte de la empresa Hoganza S.A. de C.V. de destruir el Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza, que da nombre e identidad al Ejido de la misma denominación, por la intrincada red de intereses que trae detrás: la confabulación entre el gobierno estatal y la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) por grandes negocios con el libramiento oriente y la autopista a Matehuala.
El Cerro Gordo es una montaña que se encuentra en una zona que desde 1987 se volvió zona de interés inmobiliario y en aquel año se dio el primer intento por destruirlo para realizar proyectos de urbanización.
Otro intento ocurrió 30 años después y, tras fracasar, se realizó una asamblea ejidal en la que repartieron solares urbanos y asignaron una parcela con dominio pleno para que, ya con carácter privada, se abriera la posibilidad de desarrollar un proyecto inmobiliario.
En el camino, se atravesó la octava modificación. el 8 de enero de 2021. de la concesión 0087 Libramiento Oriente de San Luis Potosí, lo que le dio un atractivo adicional al Cerro Gordo como negocio contingente: convertirlo en fuente para un banco de materiales para abastecer la construcción de la autopista. Destruirlo con una nueva causa muy lucrativa.
Para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la empresa META nada les podía salir mal: La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) autorizo sin ninguna condición la Manifestación de Impacto Ambiental para que se pudiera destruir el Cerro Gordo, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) autorizó el uso de explosivos como un mero trámite más.
Pero no tomaron en cuenta los dos antecedentes en los que los habitantes del Ejido Cerro Gordo evitaron la destrucción de su cerro porque les da su identidad, cuenta con vestigios históricos y, además, es una fuente de productos que recolectan para vender, lo que contribuye a su sustento.
“¿Cómo nos vamos a llamar?”, se preguntan si les desaparecen su cerro. Y así se lo hicieron saber a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de un video que ya lograron hacer llegar a Palacio Nacional, con muchas posibilidades de que sea visto por ella. Pero no fue ese video lo que hizo recular a la dupla Gallardo Cardona-META.
La SEGAM clausuró parcial y temporalmente los trabajos iniciados el 22 de julio por Hoganza S.A. de C.V. a pesar de habérselos autorizado unas horas después de que se enteraron que habitantes de Cerro Gordo denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la destrucción ecológica.
Los vecinos de Cerro Gordo saben que la MIA estatal es una forma en que las empresas depredadoras buscan evadir cumplir con los requisitos de una MIA federal y con su denuncia ante la PROFEPA obligarán a que deban iniciar ese trámite, cuyos requisitos difícilmente podrán cumplir.
La SEGAM y Gallardo Cardona seguramente evaluaron la situación y, como en el caso de la derogación de la Ley Serrano, optaron por adelantarse a las medidas que pudiera tomar la PROFEPA.
El caso Cerro Gordo abre la posibilidad de que las autoridades ambientales inicien una observación más cuidadosa sobre la proliferación de bancos de materiales que, con sólo autorizaciones estatales de sus MIA, buscan operar para abastecer la construcción del tramo La Pitahaya – Libramiento Oriente y de la autopista a Matehuala.
Pero la cuestión ecológica no será lo único que le ponga freno y marcha atrás a la destrucción del Cerro Gordo. Los habitantes del Ejido contemplan presentar una denuncia más ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia por el valor histórico de los vestigios que hay en ese lugar.
Así que si por negocios o intereses político-electoreros y de otro tipo las autoridades estatales se sienten con posibilidades de abusar, está abierta para la población la alternativa de recurrir a las instancias federales porque, en los últimos años, han logrado buenos resultados al reclamar sus derechos.
El Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito es faro.
