Estela Ambriz Delgado
Habitantes del ejido Cerro Gordo sostuvieron una reunión informativa este domingo 2 de agosto, en la cual se sumaron más personas a la estrategia de defensa de su territorio y cerro emblemático. Durante el encuentro, acordaron nuevas gestiones ante las autoridades correspondientes, pues advierten que, aunque la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) clausuró la explotación del banco de material, es necesario continuar hasta lograr su cancelación definitiva.
La asamblea contó con la presencia de integrantes del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, quienes explicaron la situación actual del territorio en relación con la construcción del Libramiento Oriente, que incluye el tramo carretero La Pitahaya – Libramiento Oriente de SLP (de 60.9 km A4), el Ramal Villa de Reyes (de 5 km A2) y sus obras complementarias.
Se explicó a los asistentes que las acciones emprendidas junto con el Comité de Defensa de Cerro Gordo, como la reunión con el representante estatal de la Procuraduría Agraria (PA), Enrique Rivera Sierra; el envío de un video a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la denuncia interpuesta ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dieron como resultado preliminar que la Segam clausurara parcial y temporalmente las obras de la empresa Hoganza S.A. de C.V.
En este sentido, se detalló que a pesar de haber otorgado la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental IA.MIA-042/2026 para el proyecto “Regularización del Banco de Material (Tipo Riolita)” en el ejido, la dependencia tuvo que recular para blindarse ante la próxima inspección que realice la Profepa derivada de su denuncia.
Asimismo, se analizó la estrategia de la empresa constructora y autoridades, con el respaldo de comisariados ejidales, la cual comenzó a configurarse hace varios años dado que el trazo carretero fue planificado con anterioridad y la mejor forma de aprovechar el banco de material era quitándoselo al ejido. La parcela que facilitó la venta quedó encubierta en un proceso de reconocimiento de solares durante una asamblea realizada en 2018, en la que el predio fue asignado a quien posteriormente negoció con la empresa.
En cuanto a la autorización de la SEGAM, se señaló que es insuficiente y se requiere un permiso a nivel federal, pues en el caso de una vía de comunicación, se necesita un estudio integral, no solo del lugar que van a siniestrar, pues se deben evaluar también los impactos hídricos y ambientales.
“Manipularon diciendo que nada mas iban a sacar piedritas que ya estaban ahí, nada más que para eso necesitas hacer caminos, deforestación para meter camiones y maquinaria y eso no está en su permiso, ya es un permiso federal, y si vas a pedir un permiso federal lo vas a tener que relacionar con la actividad que vas a hacer en ese lugar y no se los van a dar, no les va a autorizar y les vendrá PROFEPA a clausurar, porque no puedes estar haciendo una gestión simulada cuando tu objetivo va a ser diferente”.
Finalmente, se informó que la PA ya inició gestiones ante la Segam y la Sedena. Además, se acordó exigir un informe a la Sedena sobre los permisos otorgados y solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un estudio de los diversos vestigios prehispánicos localizados por los habitantes en el Cerro Gordo, con el propósito de obtener una declaratoria de protección para el sitio.
