Estela Ambriz Delgado
El Consejo Hídrico Estatal (CHE) se pronuncia en contra del proyecto Acueducto Pánuco–Cerro Prieto y hace un llamado al Gobierno Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para garantizar una evaluación ambiental rigurosa, actualizada, transparente y participativa que considere las repercusiones para la Huasteca potosina y el conjunto de la cuenca.
El presidente del CHE, Jonathan Abraham Quintero García, expresó que desde el organismo se manifiesta preocupación y rechazo al proyecto de acueducto y, en general, a los modelos de gestión hídrica sustentados en la extracción intensiva y los trasvases intercuencas como solución recurrente a las crisis de abastecimiento urbano.
En este sentido, puntualizó que los trasvases no son únicamente obras hidráulicas, pues constituyen intervenciones de gran escala sobre sistemas hidrológicos, ecológicos, territoriales y sociales complejos cuyos impactos pueden extenderse durante décadas. El agua de una cuenca no es agua sobrante: sostiene ecosistemas, caudales ambientales, actividades productivas, comunidades y posibilidades futuras de desarrollo.
Dijo que en el caso del estado preocupa particularmente la Zona Huasteca y su integración hidrológica con la cuenca del Pánuco. Los sistemas de los ríos Santa María, Verde, Gallinas, Tamasopo, Valles, Coy, Choy y Tampaón, entre otros, forman parte de esta compleja estructura hidrológica regional.
Por lo tanto, el río Pánuco no puede entenderse únicamente desde el punto donde pretende realizarse la extracción, sino como resultado de una extensa red de ríos, subcuencas, ecosistemas y territorios interdependientes.
El también investigador subrayó que la Huasteca tampoco puede reducirse a una unidad hidráulica o a una fuente proveedora de agua. Es un territorio biocultural habitado históricamente por comunidades tének, nahua y pames/xi’oi, además de numerosas comunidades rurales cuya relación con los ríos posee dimensiones productivas, sociales, culturales e identitarias.
“Cualquier intervención de esta magnitud exige reconocer estas relaciones y garantizar una participación social efectiva, incluyendo el diálogo entre los saberes científicos, técnicos, comunitarios y territoriales. Comprometer grandes volúmenes de agua durante décadas puede reducir el margen de resiliencia de la región frente a sequías, cambio climático, crecimiento de la demanda y necesidades futuras de sus propias comunidades”.
Por ello, aseguró que el CHE rechaza cualquier interpretación que considere a la Huasteca como una reserva ilimitada de “excedentes” hídricos. La disponibilidad administrativa del agua no equivale necesariamente a disponibilidad ecológica, social, cultural y territorial.
De igual forma, el consejo expresa serias reservas respecto de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) publicada por la Semarnat. Se advierte que la infraestructura de aproximadamente 390 kilómetros, planteada inicialmente para transferir 5 metros cúbicos por segundo y con posibilidades de ampliación, requiere una evaluación científica integral, contemporánea y transparente.
Asimismo, se señala que es preocupante que elementos relevantes de su justificación continúen sustentándose en instrumentos de planeación, proyecciones y metodologías provenientes del contexto en que fue concebido Monterrey VI hace más de una década.
Quintero García considera que antes de extraer agua de otras cuencas, las regiones receptoras deben demostrar que han desarrollado seriamente soluciones dentro de sus propios territorios: reducción de fugas, gestión de la demanda, reúso, eficiencia industrial y agrícola, captación pluvial, protección de zonas de recarga, restauración de cuencas y ordenamiento territorial compatible con la disponibilidad hídrica.
“No resulta sostenible permitir que ciudades, industrias y desarrollos inmobiliarios incrementen indefinidamente su demanda para después trasladar hacia otros territorios los costos ambientales de ese crecimiento. Toda política hídrica debería responder con transparencia cuatro preguntas fundamentales: ¿agua para quién?, ¿agua para qué?, ¿agua de dónde? y ¿a costa de quién?”.
Además, el CHE advierte una contradicción en la política federal, dado que se han cuestionado históricamente los modelos extractivos y simultáneamente se retoman o promueven proyectos que reproducen lógicas de extracción y transferencia de bienes naturales desde determinados territorios hacia grandes centros urbanos, industriales y económicos.
Ante esto, muestran un firme rechazo al Acueducto Pánuco–Cerro Prieto bajo el modelo actualmente planteado y hacen un llamado al Gobierno Federal y a sus instancias correspondientes para garantizar una evaluación ambiental rigurosa, actualizada, transparente y participativa que considere especialmente las repercusiones presentes y futuras para la Huasteca y el conjunto de la cuenca.
“La seguridad hídrica de una región no puede construirse trasladando hacia otra sus costos, impactos y riesgos. La Huasteca no es una reserva de agua disponible para sostener modelos de crecimiento externos a su territorio. Sus aguas pertenecen a un sistema vivo: sostienen ríos y ecosistemas, pero también comunidades, culturas, economías locales y generaciones futuras”.
