Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) considera que la consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDHPIA) es una simulación, pues el gobierno federal pretende imponerla a las comunidades con el fin de someter y limitar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación en sus territorios.
En relación con las diversas expresiones de comunidades indígenas sobre irregularidades en la consulta que realiza el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el integrante del OIM, Juan Felipe Cisneros Sánchez, precisa que el ejercicio no es para debatir una propuesta de ley, sino para imponerla como un interés de Estado. La metodología de simulación del instituto para supuestamente consultar, es para “legitimar y validar”, no para participar y proponer.
Señala que, bajo una mirada estricta basada en derechos, esta ley integrada con 453 artículos está plagada de candados legales que buscan dejar sin efecto los derechos ya reconocidos en el artículo 2° constitucional, en el Convenio 169 de la OIT y otros, imponiendo a los pueblos y comunidades indígenas y tribales, limitaciones y gestiones administrativas para someter y limitar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación en sus territorios.
“La geopolítica rebasa las comprensiones tradicionales y los territorios indígenas son cada día las reservas estratégicas de una nación mexicana cuyas instituciones no acaban de comprender que atentar contra la base existencial de los pueblos indígenas es un suicidio. Pretender convertir los territorios indígenas en áreas de utilidad pública para despojarlos no solo es un abuso de poder, es dar paso al conflicto estructural, que puede ser un callejón sin salida”.
El activista puntualizó que, desde la convocatoria de la consulta en el mes de junio ya se perfilaba esta pretensión, con la publicación el 22 de julio de las sedes para las llamadas “asambleas regionales”, una figura inexistente legalmente, que pretende imponerse como máxima autoridad, socavando a la que constitucionalmente sí prevalece: la asamblea general comunitaria.
Aseguró que la imposición de las sedes fue definida para controlar, alejar y excluir la participación abundante o a la que cuestiona, y no fueron definidas para garantizar la participación indígena.
Explicó que en el estado existen 543 comunidades inscritas en el catálogo nacional, y con dichas sedes, 322 comunidades de al menos 9 municipios tenek y náhuatl que representan el 60 por ciento del total, quedaron en estado marginal, más aún sin apoyo de transporte.
En relación con la representatividad, estimó que los titulares de autoridad indígena son mínimo 5,928 personas aproximadamente. Mientras que de acuerdo a la estadística oficial del INPI, en los 3 eventos del fin de semana asistieron 1,980 participantes, de los cuales dicen que 819 eran autoridades.
“Aún dando credibilidad a los datos, tenemos que esta representatividad es insuficiente para legitimar o validar cualquier cosa, puesto que solo representa el 13.8 por ciento de la representatividad indígena mencionada”, apuntó.
Cisneros Sánchez afirmó que en términos críticos, el 86.2 por ciento de las autoridades indígenas no participó por no ser directa en asambleas comunitarias la consulta, aunque el INPI dice que consultó en asamblea comunitaria.
“Lo cierto es que simuló la información previa, porque los técnicos solo fueron correos que entregaron cuadernillos y nunca explicaron la sustancia de la propuesta, porque simplemente ellos también la desconocen”.
Respecto al evento de consulta realizado el sábado 12 de septiembre en Ciudad Valles, indicó que una vez realizada la inauguración, el INPI continuó con su método y pese a que se había determinado trabajar en plenaria, se dividió a la concurrencia por mesas, fragmentando así el análisis de la propuesta.
“Nadie conoce los 453 artículos en conjunto, no hay una revisión completa. Algunos se retiran sin entrar a las mesas, otros aguantan hasta que dan de comer y luego huyen, otros se retiran en cuanto el sol cae; los que soportan es porque no hay de otra, pues el transporte que les garantizaron es el de las instituciones… al INPI no le preocupa si levantan o no la mano; bueno, sí para la fotografía, pero lo que querían lo tienen: las firmas y sellos de los ingenuos que creyeron que iban a una consulta, pero que resultó una obra de teatro llamada consulta indígena”.
