Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), señaló que el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, José Roberto García Castillo, busca minimizar la imposición de una agenda extractivista en la Huasteca Potosina y evidencia un profundo desconocimiento del derecho indígena, así como lo hacen otros integrantes del partido Morena.
En relación a las recientes declaraciones del diputado, en las que asegura que ningún proyecto de fracking se llevará a cabo en la Huasteca Potosina sin el consentimiento de la población, el integrante del OIM Juan Felipe Cisneros Sánchez consideró que tales afirmaciones únicamente buscan minimizar un peligro que es inminente.
Afirmó que el legislador carece de autoridad moral para hablar de salvaguarda de derechos, cuando el Congreso del Estado se encuentra en desacato frente a las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado (TEE) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La legislatura local ha sido incapaz de cumplir con su obligación constitucional de armonizar las disposiciones en materia indígena, manteniendo una deuda histórica con los pueblos originarios”.
Además el activista señala que García Castillo incurre en una grave falta al supeditar los derechos de los pueblos originarios a promesas incumplidas del Ejecutivo, así como lo hacen diversos perfiles de Morena en el estado, que se han dedicado a descalificar y minimizar la información que alerta sobre la amenaza latente del fracking.
“Su discurso se centra en negar la técnica y estigmatizar a las resistencias indígenas con el único fin de proteger la imagen de la presidenta de la República y su agenda extractivista”.
Por ello el OIM precisa que, el consentimiento ya fue negado por las asambleas comunitarias de la Huasteca, en ejercicio de su autonomía y libre determinación, así como de su personalidad jurídica como sujetos de derecho público. En estas se ha determinado de forma contundente que no hay consentimiento para los proyectos de fracturación hidráulica.
Además explicó que el intentar una consulta a estas alturas, cuando el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 ya contempla la exploración y explotación de gas y petróleo en la región, es un acto extemporáneo y una simulación procesal plagada de mala fe.
Por otra parte la organización denunció que, el comité científico que analiza la implementación de la técnica, únicamente será usado para legitimar el inexistente “fracking sostenible”; así, mientras el discurso oficial niega los impactos, Pemex opera bajo la penumbra, solicitando de forma opaca a los municipios huastecos permisos para la movilización y gestión de explosivos, violando el derecho fundamental a la información y a la consulta previa, libre e informada.
Finalmente el OIM hace un llamado al legislador a asesorarse de manera urgente en materia de derecho constitucional e internacional, o bien a declinar su encargo en favor de perfiles competentes que antepongan la defensa del territorio y los derechos humanos por encima de la protección de imágenes políticas y consignas partidistas.
