Estela Ambriz Delgado
Aunque el colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’ consideró como positiva la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena la consulta sobre el tránsito del sistema de partidos políticos a un sistema normativo en los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio, cuestionó si será suficiente para superar la resistencia institucional que ha caracterizado al estado.
En relación con la determinación unánime de la Sala Superior, de resolver a favor el Recurso de Reconsideración SUP-REC-247/2026, interpuesto por el representante estatal tének en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Rafael Reyes Martínez, la organización celebró que tras años de litigio y resistencia comunitaria, con esto se ordene la realización de la consulta que hasta ahora les había sido negada por el estado.
Asimismo, puntualizaron que la resolución no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de una cadena de omisiones institucionales que se remonta al menos a 2021, cuando las comunidades tének y náhua presentaron sus primeras demandas ante la omisión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para garantizar su derecho a la consulta indígena.
Expusieron que, en 2023, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) ya había reconocido que las acciones del Ceepac no se realizaron con la suficiente oportunidad, aunque se ordenó gestionar ante el Congreso local la inclusión del tema en la consulta de 2022.
Sin embargo, la respuesta institucional fue la evasión, pues el Ceepac argumentó que correspondía al Congreso del Estado realizar la consulta, por lo que derivó la solicitud al Poder Legislativo, deslindándose de su responsabilidad. Además de que el criterio fue confirmado en mayo de 2026 por el TEESLP y con ello la omisión, bajo el argumento de que la Ley de Consulta Indígena no facultaba al organismo electoral para organizar el proceso.
Jól Dhut’ – Timél Ja’ señaló que ahora la Sala Superior del TEPJF desmonta esa narrativa, pues al revocar las sentencias de la Sala Regional Monterrey y del tribunal potosino, así como el acuerdo del Ceepac, establece que la consulta es de naturaleza electoral y no requiere de una reforma legislativa previa para que la autoridad administrativa proceda a su organización.
Precisa también que el fallo establece que, conforme al marco constitucional y al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la solicitud para decidir sobre el sistema de elección de sus autoridades municipales constituye un ejercicio legítimo de su autogobierno y autonomía.
Asimismo, el colectivo apuntó a que la orden de la Sala Superior al Ceepac de llevar a cabo el proceso en coordinación con las comunidades, determina también que la decisión comunitaria orienta la actuación de las instituciones públicas, las cuales quedan obligadas a garantizar el procedimiento y adoptar las medidas necesarias en caso de que la comunidad ratifique el cambio de régimen normativo.
No obstante, cuestionaron si esta resolución será suficiente para superar la resistencia institucional que ha caracterizado al estado potosino, pues la historia reciente muestra que las sentencias por sí solas no garantizan su cumplimiento.
“El Ceepac deberá ahora asumir una competencia que durante años negó, y el Congreso del Estado deberá abstenerse de seguir utilizándose como escudo para postergar los derechos de las comunidades. El futuro de la consulta dependerá, en gran medida, de la capacidad de las comunidades tének y náhuatl para mantener su organización y su presión”.
En este sentido, la organización mencionó que la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que estos procesos no avanzan por la buena voluntad de las instituciones, sino por la persistencia de quienes exigen lo que les corresponde, por lo que conminan a las comunidades y a la sociedad a reconocer la importancia de este territorio y continuar en su defensa.
“La resolución del TEPJF abre una puerta. Cruzarla, y asegurar que no se convierta en otro capítulo de promesas incumplidas, es tarea de todos: de las comunidades, de las autoridades obligadas y de una sociedad que debe dejar de mirar la Huasteca como un territorio de paso y empezar a reconocerla como lo que es: un espacio donde se libra una de las batallas más importantes por la democracia y la dignidad en México”.
Finalmente, el colectivo destaca que la región Huasteca es un territorio donde habitan cerca de 216,338 personas de los pueblos tének, náhua y xi’iuy, y los municipios indígenas que han impulsado esta lucha viven altos índices de pobreza extrema y marginación, con una desatención permanente que los ha dejado excluidos de su desarrollo.
