Por Victoriano Martínez
El proyecto de Convocatoria de Licitación para la construcción del Paso inferior vehicular Saucito tramo de calle Plan de Ayutla a calle Francisco Carrera Torres exhibe más huecos que certezas sobre la obra, con un toque de imposición por parte de un alcalde que pide permiso para ser candidato a gobernador, pero es incapaz de tomar en cuenta a los habitantes que se sienten afectados por una de sus acciones.
Hace meses que el alcalde Enrique Galindo Ceballos dejó de informar el avance sobre el convencimiento y aceptación por parte de los habitantes de El Saucito sobre la construcción del paso a desnivel junto al Templo del Señor de Burgos. Se quedó en el 90 por ciento, aunque sin mostrar ninguna evidencia de que así era.
Independientemente de si convenció a todos los habitantes o no, Galindo Ceballos vuelve a tratar de descalificar a los vecinos de El Saucito que recurrieron a cuestionar la legalidad y viabilidad del proyecto ante la justicia federal.
Cuando se tramitó el juicio de amparo 363/2023 en el Juzgado Segundo de Distrito, Galindo Ceballos no sólo descalificó a los 40 firmantes al señalar que ni siquiera eran vecinos de El Saucito, sino que además los acusó de manipular a los auténticos vecinos del que él mismo declaró Octavo Barrio.
“Ojalá convenzamos a los vecinos de que no se dejen utilizar, sé cuáles son y tengo evidencia”, declaró con total ligereza al periódico Pulso.
Galindo Ceballos jamás presentó la evidencia que desmintiera que los 40 firmantes en aquel juicio de amparo, quienes dentro del expediente del juicio se acreditaron con copias de sus credenciales de elector, copias del recibo del impuesto predial y de recibos de Interapas, fueran ajenos al barrio.
Hoy que todavía pesa sobre la obra una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 821/2026 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito, Galindo Ceballos vuelve a tratar de desacreditar a los quejosos con la afirmación de que ya los convocó para que conocieran el proyecto, pero no acudieron.
“Le vamos a informar al juez, conforme todo esto va pasando, ya le informamos que no acudieron a nuestra cita, los vamos a volver a convocar”, aseguró Galindo Ceballos.
Una vez más muestra que habla sin conocer el expediente o, si no lo revisa directamente, mal informado por quienes lo ponen al tanto. Resulta que la cita nunca se concretó porque antes de que se llevara a cabo el Ayuntamiento no aceptó realizarla vía videoconferencia o en las oficinas del Juzgado.
Los quejosos solicitaron al Juez que la reunión se realizara “a través de videoconferencia o en su defecto en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, con el fin de dejar constancia objetiva de la celebración de la junta”, y ante esa petición apercibió al Ayuntamiento para que declarara si era posible realizarla por videoconferencia.
Fue el Ayuntamiento el que negó esa posibilidad para realizar la reunión y no la inasistencia de los quejosos, como dijo Galindo Ceballos.
“No es posible que se realice dicha junta a través de videoconferencia como pretende la parte quejosa, debido a las dificultades tecnológicas que implicaría su realización debido al número de quejosos y a la explicación del proyecto, aunado que no se cuenta con las constancias que permitan su realización a través de medios electrónicos”, argumentó la autoridad.
Las diferencias en cuanto a la forma de la reunión se resolvieron con una nueva cita para el 8 de octubre con la aceptación por parte del Juez de que se podrá realizar con el representante común de los quejosos, quien podrá videograbar la reunión para compartirla con quienes no asistan.
En esa reunión, el Ayuntamiento deberá proporcionar a los quejosos “la información relativa a los estudios técnicos, ambientales, hidrológicos, urbanos, de movilidad, accesibilidad e impacto territorial, así como el estatus de los trámites relacionados con los permisos correspondientes, que eventualmente servirán de sustento al proyecto”.
La atención a la orden del Juez para proporcionar esa información es, quizá, la omisión más delicada que hay detrás de la publicación del proyecto de convocatoria a la licitación del puente, en tanto se trata de una suspensión definitiva que no podría levantarse en tanto no haya una resolución del juicio de amparo.
Otras omisiones que se dilucidarían con la información proporcionada a los quejosos tienen que ver con que tendría que formar parte de ese expediente la información sobre cómo se atendieron las observaciones realizadas por la UASLP, especialmente la relativa a la falla geológica que se perfila a cruzar la zona de la obra.
La urgencia de Galindo Ceballos por concretar la construcción del puente a desnivel junto al Templo de El Saucito vuelve a provocar que exhiba su carácter impositivo antes que tomar en cuenta a la ciudadanía, incluso cuando ésta pide a la justicia federal revisar que lo obra no viole sus derechos.
¿Por qué no convoca a una asamblea abierta con todos los habitantes de El Saucito para preguntarles si están de acuerdo en la construcción del puente a desnivel junto al templo en lugar de tratar de desacreditar a quienes tramitaron el amparo al tratar de hacerlos ver como inconsecuentes en su actuación dentro del juicio?
Muy lejos de hacerlo, publica un proyecto de convocatoria de licitación que, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (artículo 50) se hace por diez días naturales para recibir “los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale”. Sin embargo, en las 47 páginas del proyecto la dirección electrónica para ese fin no aparece.
