Abelardo Medellín
Aunque la pugna por los permisos y presuntos sobrecostos que han sostenido el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha abierto un nuevo frente contra las obras del puente deprimido de El Saucito, los antecedentes del proyecto muestran que ni todas las irregularidades comenzaron con la actual administración municipal ni todos los pagos injustificados ocurrieron en el trienio de la Gallardía.
Durante la última semana, la discusión sobre las obras del puente a desnivel que se ubicaría en el tramo de Fray Diego de la Magdalena, al norte de la capital potosina, y los señalamientos de ambos órdenes de gobierno se han centrado en el presunto sobrecosto que tendría el proyecto promovido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
De acuerdo con lo sugerido por el gobernador, el proyecto de paso a desnivel seguiría detenido al interior de la Contraloría General del Estado y el Ayuntamiento aún no ha podido explicar por qué se le asignó a la obra un presupuesto de más de 300 millones de pesos.
“Si todavía no le manda a la Contraloría los datos que se están pidiendo, pues también tienen que explicar por qué quieren gastar más de 300 millones en una obra de 150”, afirmó el gobernador hace menos de una semana.
En respuesta a las afirmaciones del gobernador, el alcalde Galindo Ceballos aseguró que el costo de 150 millones sugerido por este ni siquiera se equiparaba con el presupuesto que, hace ocho años, proyectó el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez:
“Él dio un dato del costo de la obra y es imposible que eso cueste la obra. Él decía de 150 millones de pesos, pero cuando el alcalde anterior a la anterior licitó El Saucito, lo licitó en 240 millones de pesos y se gastaron 120”.
Lo dicho por Galindo Ceballos es cierto y constituye uno de los antecedentes más relevantes alrededor del proyecto. A inicios de febrero de 2018, el entonces alcalde Gallardo Juárez celebró un arranque de obras preliminares para el paso a desnivel; en dicho evento afirmó que la obra, de más de 1.3 kilómetros, contaría con una inversión de 234 millones de pesos.
En ese arranque de trabajos, el alcalde Gallardo Juárez, quien unas semanas después contendería en la elección que posteriormente perdería, apuntó sobre las obras:
“Quiero una obra que beneficie a todos nuestros vecinos del Saucito, no se va a perjudicar al comercio ni mucho menos”.
La expectativa del entonces edil y hoy diputado federal no se cumplió y, en cuestión de meses, El Saucito se convirtió en un espacio de resistencia contra la imposición de la obra.
La resistencia contra el proyecto original de la Gallardía
El mismo día en que Gallardo Juárez arrancó sus obras preliminares en el sitio, una joven del lugar se abrazó de una perforadora que ya había comenzado a horadar el pavimento; los vecinos le dijeron al operador: “o la paras o te quemamos con todo y máquina”. Ese primer intento por arrancar los trabajos había fracasado y no sería la única expresión de rechazo contra el proyecto.
Un mes después del evento de arranque de las obras, los vecinos del Saucito no habían conocido ningún proyecto técnico para el paso a desnivel de Fray Diego de la Magdalena; ante esa incertidumbre, temían que los trabajos afectaran la iglesia del Señor de Burgos, catalogada como patrimonio histórico.
Ante tal situación, vecinos y comerciantes del Saucito reunieron firmas para evitar la construcción del paso a desnivel y, en respuesta, el ayuntamiento encabezado por Gallardo Juárez amenazó a algunos de ellos con no renovar sus permisos y licencias si continuaban con las acciones de oposición al proyecto.
Para finales de marzo de 2018, la resistencia se tradujo en una suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito en el juicio de amparo número 248/2018. En este se resolvió: “se concede que para el único efecto de que las autoridades responsables no ejecuten la obra referida en los tramos en los que se ubica la Capilla y la Iglesia del ‘Señor del Saucito’, así como el cementerio municipal denominado ‘El Saucito’, toda vez que están catalogados como monumentos históricos, lo anterior hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que sobre el fondo del amparo se pronuncie”.
Un mes después, en abril de ese año, los vecinos realizaron una marcha con cohetes, danzantes y banda para mostrar su persistente rechazo. La manifestación recorrió la avenida Carranza desde Tequisquiapan hacia Palacio Municipal y contó con consignas como: “¡Qué viva el Señor del Saucito!; ¡No nos vamos a rendir!; ¡Vamos a proteger nuestra identidad!; ¡No vamos a permitir que acaben con nuestras tradiciones!”.
Aunque la resistencia de los habitantes del Saucito contra las obras caracterizó los últimos meses de la administración de Gallardo Juárez al frente del Ayuntamiento capitalino, la historia del proyecto registró un nuevo problema un año después, durante el inicio del trienio de Xavier Nava Palacios. Entonces, el problema ya no fue lo que el trienio de la Gallardía construyó, sino lo que se pagó sin justificación.
La obra pagada y no ejecutada
A mediados de marzo de 2019, la administración de Xavier Nava Palacios promovió ante la Auditoría Superior de la Federación una denuncia en contra de quien resultara responsable por el uso de los recursos destinados a la construcción del paso a desnivel en Fray Diego de la Magdalena. La obra fue calificada por el alcalde con una sola frase: “fue una obra pagada, no ejecutada”.
De acuerdo con Nava Palacios, los alcances de la denuncia involucraban el procedimiento de licitación, la adjudicación, los gastos y la falta de entrega de la obra; según su primera declaración sobre la desaparición de los recursos, el cálculo apuntaba a que durante la gestión de Gallardo Juárez se erogaron 112 millones de pesos de las arcas municipales destinados a una obra que finalmente nunca se ejecutó y mucho menos se entregó.
Para el 1 de abril de 2019, la síndica capitalina, Alicia Nayeli Vázquez Martínez; el secretario general municipal, Sebastián Pérez; y el contralor municipal, José Mejía Lira, presentaron formalmente los datos de la denuncia y revelaron que la administración de Gallardo Juárez realizó pagos irregulares por 106 millones 153 mil pesos de los 130 millones destinados para la obra de rehabilitación de Fray Diego de la Magdalena, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Financiero del Gobierno Federal.
Los integrantes del gobierno municipal informaron que la denuncia fue interpuesta formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y contemplaba: el gasto de 55 millones 760 mil pesos en material de construcción que nunca fue entregado; subcontratos de obra por 42 millones 323 mil pesos; liquidaciones indebidas al personal técnico por 525 mil pesos; un pago inexistente de impuesto sobre la renta por 1 millón 675 mil pesos, y pagos indebidos de obra por 2 millones 900 mil pesos.
Apenas una semana después de hacer pública la denuncia ante la FGR, el 8 de abril de ese año, el Ayuntamiento capitalino informó que, a través de convenios firmados con cuatro de las 18 empresas involucradas en licitaciones irregulares del trienio gallardista, se lograron recuperar 55 millones 760 mil 866 pesos correspondientes a la obra no realizada del paso a desnivel y la rehabilitación de la avenida Fray Diego de la Magdalena.
Sobre el monto recuperado, el alcalde Nava Palacios comentó entonces que se destinaría a diversas obras de infraestructura para evitar devolverlo a la Federación y explicó:
“Ellos (las empresas), al ver las denuncias presentadas, no quisieron verse involucrados en el tema. Ellos no tenían ninguna relación contractual con el Ayuntamiento; a ellos quien los contrató fue el consorcio de empresas al que se le adjudicó directamente la obra”.
Con la posibilidad de recuperar más de 50 millones de pesos adicionales por la denuncia relacionada con esta obra y con más de 10 denuncias promovidas por irregularidades contra la administración 2015-2018, Galindo Ceballos tenía la oportunidad de dar seguimiento a estos casos y revisar detenidamente lo ocurrido en El Saucito; en cambio, se deslindó de las indagatorias y procedió a incurrir en sus propias tropelías.
Galindo: del “no me toca” a los pagos precoces
En noviembre de 2022, un año después de que Galindo Ceballos asumiera el cargo como alcalde durante su primer periodo, se le cuestionó si su administración había dado seguimiento a la denuncia contra las obras no ejecutadas por la administración de Gallardo Juárez, las cuales derivaron en una denuncia penal por peculado durante la gestión de Nava Palacios.
Galindo Ceballos respondió entonces que, pese a ser el presidente municipal, no estaba en sus manos dar seguimiento al caso y “no me toca propiamente estar en ello”.
El alcalde recordó entonces que su administración no investigaba el asunto del paso a desnivel como una irregularidad del pasado, sino que lo había adoptado como un proyecto para el futuro de su gestión como presidente municipal.
En noviembre de 2021, cuando recién había asumido el cargo, Galindo Ceballos presentó el programa “Vialidades Potosinas”, un proyecto integral de infraestructura vial para la capital del estado, el cual contemplaba pavimentar un millón de metros cuadrados de calles y avenidas.
Dentro de este programa se anunció que uno de los proyectos de rehabilitación integral sería el de El Saucito, para el cual se retomó la idea de un paso inferior vehicular que desembocara en la carretera a Zacatecas.
“Queremos que sea una obra que se haga con mucha transparencia, eso creo que es lo más importante. Vamos por el tercer intento para hacer esa obra y yo no pienso fracasar; al contrario, lo estoy haciendo con mucha transparencia”, dijo hace cuatro años el alcalde Galindo Ceballos, justo antes de comenzar con el mismo error que la administración 2015-2018: pagos injustificados.
Entre enero y agosto de 2023, el Ayuntamiento de San Luis Potosí pagó 161 millones 131 mil 921.03 pesos en anticipos a un grupo de ocho constructoras que habían ganado 10 licitaciones distintas relacionadas con la construcción del paso a desnivel de El Saucito.
Las licitaciones se emitieron y comenzaron a realizarse pagos parciales a las constructoras, a pesar de que el proyecto aún enfrentaba el rechazo de los habitantes de la zona, situación que incluso reconocían los propios integrantes del Cabildo.
Las 10 obras que integraban el proyecto integral se licitaron por un monto total de 378 millones 348 mil 374.88 pesos y, para agosto de ese año, las constructoras involucradas ya habían recibido el 43 por ciento del monto acordado.
Además, los pagos fueron emitidos por la administración de Galindo Ceballos aunque no existía certeza jurídica de que las obras pudieran continuar, debido a que en mayo de ese mismo año el Juzgado Segundo de Distrito concedió a vecinos de la zona la suspensión definitiva del proyecto en el juicio 363/2023-III-A, por considerar que desarrollar la obra podría causar “perjuicios de difícil reparación”.
Un mes después de que se hicieran públicos los pagos realizados por el Ayuntamiento pese a existir un impedimento legal, el alcalde Galindo Ceballos afirmó que los recursos ya invertidos en cubrir las licitaciones podrían reasignarse y utilizarse en las obras del “Paseo Esmeralda”, en la calzada de Guadalupe, o en la construcción del paso a desnivel de Himalaya.
Mientras Galindo Ceballos sostiene que le preocupan los retrasos provocados por el trámite en la Contraloría Estatal y el gobernador Gallardo Cardona sugiere que el problema es un presunto sobrecosto, ninguno actúa en función de los antecedentes que les son cercanos.
El rechazo de la población, los sobrecostos del pasado, el probable peculado, las indagatorias sin seguimiento y los pagos desviados se han convertido en problemas de segundo orden dentro del proyecto de infraestructura más codiciado por las autoridades capitalinas.
