Por Victoriano Martínez
Conferencia: “Tierra, territorio y justicia social: de la Constitución de 1826 a los derechos agrarios del siglo XXI”
Ponente: Victor Suárez Carrera, Procurador Agrario Nacional.
Sede: Salón de Sesiones Ponciano Arriaga del Congreso del Estado.
Público asistente: en su gran mayoría ejidatarios y comuneros que han protagonizado desde hace algunos años una lucha permanente en defensa del territorio y el respeto a sus derechos para alcanzar la justicia social.
Un acto que contó con todos los elementos (tema, autoridad agraria y población directamente involucrada) para que tuviera como resultado una especie de nuevo pacto entre autoridades, ejidatarios y comuneros para impulsar una renovada defensa del territorio.
El recorrido que hizo Suárez Carrera en su relato sobre siete etapas de la propiedad territorial como el tránsito de una concepción predominantemente individual, característica del liberalismo decimonónico, hacia el reconocimiento de su dimensión social, comunitaria, territorial y biocultural y su resultado.
“Un resultado de la defensa del territorio. Tal como hace 200 años los pueblos defendían la tierra y su territorio, hoy también lo siguen defendiendo como lo estamos viendo aquí en San Luis Potosí y en todo el país”, expresó Suárez Carrera.
Tenía claro que se encontraba frente a un nutrido grupo de ejidatarios y comuneros de los principales núcleos agrarios que han protagonizado esa defensa, desde comuneros de San Juan de Guadalupe, los ejidos Corcovada, El Peyote, Guadalupe Victoria, hasta Guadalupito y San José de los Guajes, hoy acosados por la construcción de la autopista de cuota a Matehuala.
No en vano les expuso los objetivos que hoy tiene la Procuraduría Agraria: rescate, defensa y revalorización de la propiedad social, además de resaltar el espíritu de lo que mencionó como primer decreto del Poder Legislativo potosino en 1827, cuyo objetivo resumió en una frase: la tierra del pueblo no se toca.
Como parte de esa nueva alianza, les expuso que la actual Procuraduría Agraria se ha propuesto desmantelar la estructura burocrática que estaba armada para favorecer el despojo de tierras en ejidos y comunidades que requiere la participación de ejidatarios y comuneros organizados para la defensa de su territorio.
Se dirigía a un público que no sólo entendía sobre lo que les hablaba, sino que ya la habían experimentado en sus territorios:
Comuneros de San Juan de Guadalupe participantes en la movilización para lograr la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito como medida para proteger su territorio de la depredación inmobiliaria.
Ejidatarios de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz con una larga trayectoria de resistencia ante el acoso inmobiliario, incluso con intentos de comercializar su territorio con escrituraciones falsas.
Ejidatarios de Corcovada, en Villa Hidalgo, cuyo movimiento de resistencia impidió el despojo de más de 426 hectáreas que se pretendían explotar con un proyecto extractivista.
Habitantes de la Comunidad de Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza, que han conformado un comité para defender su montaña representativa ante la confabulación de sus autoridades ejidales con empresarios que pretenden destruirlo para extraer materiales para construcción y desarrollarlo proyectos inmobiliarios e industriales.
Ejidatarios de El Peyote que mantienen un litigio por la vía de un juicio de amparo ante un irregular contrato de ocupación previa de su territorio para la construcción de la autopista de cuota a Matehuala, que documenta el abuso de la empresa concesionaria y el gobierno estatal para comprarles sus tierras a un precio irrisorio.
Ejidatarios de Guadalupito y San José de los Guajes, en Matehuala, afectados por la construcción de la misma autopista, que también cuentan con un amparo cuya suspensión ha violado impunemente la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras con el aval del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
En fin, ejidatarios y comuneros de todo el Estado que sorprendieron a los organizadores de la conferencia, y que le mostraron a Suárez Carrera que para la defensa del territorio en San Luis Potosí cuenta desde hace tiempo con lo que demandó: organización y determinación para asumirla.
Una determinación que lanzó los primeros retos para la autoridad. Raúl Guerrero Gallegos, ejidatario de San José de los Guajes, expuso los abusos de la concesionaria de la autopista a Matehuala: entraron y destruyeron parte de su territorio sin ninguna autorización y ahora pretenden conseguir los permisos. La obra fue clausurada por la PROFEPA.
“Esa carretera nadie está supervisando cuánto va tomando en sus tramos y nos están robando desde un principio”, señaló. “Tenemos un amparo y nunca jamás se ha respetado, nunca, siguieron trabajando, se siguieron haciendo las cosas y nadie, nadie de las instituciones ha acudido ante nosotros”.
“Quiero pensar que no nos va a dejar solos, que lo que le compete a la Procuraduría Agraria se tenga que hacer”, dijo para enseguida cerrar su intervención con una denuncia grave:
“Pongo de manifiesto que ahí en nuestro Ejido, nuestros representantes que son los comisariados ejidales han sido reprimidos y están amenazados, que quede como constancia eso. Hemos hecho las denuncias correspondientes ante los medios, pero este problema no se va a resolver si por medio de usted no llega a la presidenta Claudia Sheinbaum”.
Una conferencia que derivó en una especie de pacto entre autoridades agrarias, ejidatarios y comuneros para impulsar una renovada defensa del territorio y cerró con una exposición que pone a prueba hasta dónde alcanzará esta nueva relación para mantener la integridad de la propiedad social.
