Fernanda Durán
La comparecencia de la secretaria de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, Roxanna Hernández Ramírez, estuvo marcada por un intercambio ríspido con la diputada de Morena Gabriela López Torres, quien concentró los cuestionamientos más puntuales sobre presupuesto, resultados medibles, coordinación institucional, salud menstrual y la inclusión de programas federales dentro de la política estatal.
Hernández Ramírez, diputada con licencia y con apenas alrededor de dos meses al frente de la dependencia, defendió durante su exposición los avances en capacitación, atención a mujeres víctimas de violencia, empoderamiento económico, alerta de género y expansión territorial de los servicios. Sin embargo, varias de las respuestas se mantuvieron en el terreno de acciones realizadas, convenios y número de atenciones, sin precisar en todos los casos cómo se mide su impacto real sobre la disminución de las violencias o de las brechas de desigualdad.
Uno de los principales datos expuestos fue que la Secretaría capacitó a 9 mil 500 mujeres, 5 mil 400 hombres y 85 personas registradas en otra categoría, además de implementar un programa de reeducación en género dirigido a mil 798 hombres.
También informó que, a través de los 33 Centros Libre, se ofrecen servicios jurídicos, psicológicos, de trabajo social y actividades para la autonomía económica; que se realizaron ocho jornadas de reclutamiento y una Feria Nacional del Empleo para las Mujeres con 36 empresas y 700 vacantes.
En materia de atención a la violencia, destacó la puesta en marcha de la Casa de Resguardo Temporal Casa Esperanza, el Protocolo Único de Atención a Mujeres, Adolescentes y Niñas en Situación de Violencia y un avance de seis medidas cumplidas dentro de la Alerta de Violencia de Género, equivalente, según expuso, al 30 por ciento.
La Secretaría obtuvo además 5.6 millones de pesos de subsidio federal para cinco proyectos vinculados con la alerta de género. Entre ellos mencionó dos unidades itinerantes en Ciudad Valles y Tamazunchale, con mil 140 atenciones reportadas a mujeres víctimas de violencia.
Diputada de Morena cuestiona resultados más allá de talleres y atenciones
El momento de mayor tensión llegó durante la intervención de Gabriela López Torres, quien preguntó por qué el informe incorpora programas federales en el apartado de igualdad sustantiva sin distinguir con claridad qué parte corresponde a recursos estatales.
También cuestionó de qué manera la Secretaría mide resultados más allá del número de capacitaciones, talleres, asesorías o personas atendidas.
Hernández respondió que la dependencia utiliza diagnósticos, encuestas de satisfacción y herramientas de evaluación para conocer las necesidades de las usuarias.
“Parte del seguimiento y monitoreo y evaluación de la estrategia es la aplicación de herramientas, de evaluación de encuestas, de satisfacción, que nos permiten conocer el impacto”.
No obstante, no presentó durante ese bloque indicadores concretos sobre reducción de violencia, reincidencia, tiempos de atención o resultados jurídicos derivados de los acompañamientos.
“Yo creo que la mejor evaluación no te la voy a dar yo, te la van a dar las usuarias”, añadió la funcionaria.
El intercambio sube de tono
La discusión escaló cuando Hernández Ramírez respondió que la información presupuestal ya había sido expuesta y reprochó a López Torres no haber prestado suficiente atención.
“Si me pudiste tomar la atención adecuada, pues me pudiste haber puesto la atención”.
La secretaria procedió entonces a desglosar recursos estatales y federales, entre ellos 960 mil pesos para promoción de derechos humanos de las mujeres, 4.1 millones para atención integral, 500 mil pesos para erradicación de la violencia en municipios con alerta y 740 mil para la campaña anual de información y prevención de la alerta de género.
En recursos federales mencionó, entre otros, 38.4 millones de pesos para la estrategia de atención integral para mujeres mayores de 15 años y 5.6 millones para acciones vinculadas a la Alerta de Violencia de Género.
López Torres aclaró después que su pregunta no era únicamente sobre el desglose presupuestal, sino sobre la razón por la que programas federales son incorporados como parte de los resultados estatales.
La secretaria respondió que esto deriva del carácter transversal de la política pública y de convenios con otras instituciones.
El roce continuó cuando Hernández dijo: “Es que como ibas muy rápido, no te escuché bien, pero si nos tenemos paciencia, yo creo que podamos llegar a buen puerto”; lo que dio pie a que la diputada de Morena externara sus preguntas de una manera lo más simplificada y clara posible.
Al finalizar sus cuestionamientos, López Torres pidió una mejor actitud por parte de la funcionaria.
“Le invito a que usted, como trabajadora al servicio del Estado y que trabaja con mujeres, tenga una mejor actitud, una donde no quepa la burla y, por supuesto, donde en esta comparecencia venga a responder lo que se le pregunta”.
Hernández negó haberse burlado y ofreció una disculpa si la legisladora se había sentido ofendida: “Jamás me he burlado de ti (…) si te has sentido ofendida, diputada, te pido una disculpa”.
Salud menstrual: señala 13 municipios, pero no los identifica
López Torres también preguntó por el programa de menstruación digna y pidió saber dónde se entregaron los kits, cuál fue la cobertura y cómo se atendió a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Hernández informó que existe un convenio con Organización para Chicas A.C. para implementar acciones de salud menstrual y señaló que se trabaja prioritariamente en 13 municipios considerados de mayor riesgo.
Sin embargo, no identificó cuáles son esos municipios durante la comparecencia y señaló que la información podría ser enviada posteriormente a la oficina de la diputada.
ILE: coordinación y difusión, pero no cifras de acceso
En materia de interrupción legal del embarazo, Hernández destacó reuniones con instituciones de salud y colectivas feministas, así como acciones de difusión sobre derechos sexuales y reproductivos.
Explicó que en septiembre se realizó una reunión con el IMSS, la Secretaría de Salud y colectivas como Las Compas y Marea Verde, donde se acordó reforzar servicios y capacitar al personal médico.
La funcionaria insistió en que la Secretaría actúa como instancia de coordinación y canalización y que no puede invadir atribuciones de Salud.
No obstante, en la comparecencia no se expusieron cifras sobre cuántas mujeres han sido canalizadas por la Secretaría para acceder a una interrupción legal del embarazo ni cuántas recibieron seguimiento posterior.
Presume cinco abogadas mientras persisten dudas por bajas recientes
En otro bloque, la diputada Aranzazú Puente Bustindui pidió información sobre la red de abogadas que acompaña a mujeres víctimas de violencia.
Hernández afirmó que actualmente el programa está integrado por cinco abogadas especializadas en litigio estratégico, con presencia en las cuatro regiones del estado, y que durante 2026 han brindado 538 servicios.
Añadió que brindan asesoría, acompañamiento para órdenes y medidas de protección y representación jurídica gratuita.
La cifra adquiere relevancia porque recientemente usuarias denunciaron que abogadas que ya llevaban sus casos fueron retiradas de la Secretaría y que algunas tuvieron que buscar representación particular.
Previo a la comparecencia, Hernández reconoció que existieron movimientos de personal derivados de una “reingeniería” institucional, aunque no pudo precisar cuántas trabajadoras dejaron la dependencia. En aquel momento sostuvo que no se trataba de despidos, sino de contratos temporales que concluyeron.
“No hay un despido, claro que no. Se acaban los contratos, son tres meses y se acaban los contratos”.
Durante la comparecencia, sin embargo, no se retomó ese antecedente ni se explicó si las cinco abogadas mencionadas corresponden a nuevas contrataciones, sustituciones o a parte del personal que permaneció en la dependencia, por lo que sigue sin conocerse cómo se garantizó la continuidad de los expedientes que ya estaban en trámite.
Órdenes de protección y coordinación institucional
Ante la pregunta de Gabriela López Torres sobre cómo se coordinan las instituciones para evitar que las mujeres tengan que repetir trámites y testimonios, Hernández destacó la firma reciente de un convenio entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad para homologar y dar seguimiento a las órdenes de protección.
Explicó que el objetivo es mejorar la valoración de riesgo, emitir medidas de manera inmediata y evitar que las mujeres tengan que repetir innecesariamente sus testimonios ante diferentes instituciones.
El mecanismo dará prioridad a mujeres con niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad, mujeres indígenas, migrantes y casos de alto riesgo.
Su aplicación se concentrará inicialmente en Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, municipios vinculados con la Alerta de Violencia de Género.
Dos meses al frente y una Secretaría todavía en reconfiguración
Hernández recordó durante la sesión que apenas lleva alrededor de dos meses al frente de la dependencia, después de solicitar licencia a su cargo como diputada local.
Su comparecencia combinó así resultados construidos durante todo el periodo informado —muchos de ellos previos a su llegada a la titularidad de Gloria Serrato Sánchez— con acciones recientes impulsadas durante su gestión, como reuniones con colectivas, convenios interinstitucionales y reorganización administrativa.
La secretaria aseguró haber recibido a alrededor de 70 organizaciones y colectivas desde que asumió el cargo y sostuvo que la dependencia mantiene puertas abiertas sin distinción de ideologías o militancias.
