Por Victoriano Martínez
No es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) haya sido omisa, poco responsable y hasta contraria a los derechos de los cientos de víctimas que le han presentado sus quejas sin que las haya atendido. Lo que pasa es que no le había llegado una queja de la víctima idónea.
La del diputado Héctor Serrano Cortés fue la queja identificada con el expediente número 1VQU-0165/2026, es decir, la CEDH había recibido antes que esa cuando menos otras 164 quejas al 6 de abril de este año.
Si en los primeros 96 días del año había recibido un promedio de 1.72 quejas diarias, en los siguientes 186 días –que fue el tiempo que le tomó resolver y emitir la recomendación a favor de Serrano Cortés, la víctima idónea– pudieron llegar en torno a 320 quejas más.
Sin contar las quejas de años anteriores que se mantienen sin resolución, y mucho menos sin emisión de recomendación, con las acumuladas este año el universo de víctimas en condiciones de verdadera vulnerabilidad –y nula idoneidad para ser atendidas– describe (¡Oh, ironía!) cómo la CEDH las discrimina en tanto acredita discriminación en contra de un servidor público que por esa condición debe ser más tolerante a la crítica.
¿Hasta dónde el rector Alejandro Zermeño Guerra, con su declaración, valoró que una persona no egresada de la UASLP y originaria de otra entidad tenía menos elementos de juicio para emitir las opiniones que dio y hasta dónde lo hizo con la intención de descalificarlo?
“Hay que tomar las cosas de quien vienen. Que yo sepa, él no ha regresado a nuestra universidad. Es más, creo que no es ni potosino. Entonces, hay que tomar las cosas de quien vienen”, fue lo que dijo el rector durante una entrevista el pasado 26 de marzo.
“Tomar las cosas de quien vienen” no representa una anulación automática del derecho de Serrano Cortés a opinar, sino simplemente proponer que se tomen en cuenta los antecedentes de quien emite la opinión.
La resolución acelerada de la recomendación de la CEDH en contra de la UASLP –no individualizada contra el rector–, más que acreditar un acto de discriminación exhibe un proceder por parte del organismo que, además de convalidar que su desempeño atenta contra las víctimas, le añade un elemento de discriminación claramente violatorio de derechos humanos.
Las comunidades mazahua, otomí y mixteca baja acudieron a la CEDH a denunciar discriminación en el actuar del organismo en cuando menos 10 quejas que han acumulado en los últimos tres años. ¿Salió algún funcionario de la CEDH para atenderlos y registrar la queja que, si fueran víctimas idóneas, se resolvería dentro de 186 días?
Quizá cuando Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, comparezca ante el Congreso del Estado y Serrano Cortés, en su calidad de víctima idónea, cuestione su “justicia selectiva en cualquier presentación”, como ofreció este lunes, comience a correr el plazo de 186 días para resolver los cientos de quejas rezagadas, no sólo las de las comunidades indígenas.
Y es que no sólo como reacción a quejas presentadas por las víctimas la CEDH debe proteger los derechos humanos, sino también ante actos de autoridad como la emisión de lo que se conoció como Ley Serrano, sobre lo que Serrano Cortés se proclama orgulloso, que no sólo fue un potencial atentado contra el derecho humano a la libertad de expresión, sino que privó de la libertad a quien lo ejerció.
La CEDH, contrario a su obligación, guardó silencio. Fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que veló por ese derecho e inició una acción de inconstitucionalidad aún pendiente de resolución. Una rayita más a la inoperancia del organismo encabezado por Argüelles Moreno.
Son muchas las explicaciones que Argüelles Moreno y la actual CEDH deben dar, pero es mucho mayor la deuda que tiene con cientos, podrían ser hasta miles, de víctimas vulnerables con mayor necesidad de justicia que la hoy solitaria víctima idónea a la que se le da un trato de privilegio convenenciero.
