Iraís Valenciano
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no da tregua al Congreso del Estado, que cuando intenta reponerse de un revés legal, ya está ante otro “coscorrón” jurídico.
Apenas el pasado 15 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte declaró procedente y fundada la controversia constitucional que el Gobierno federal promovió contra la Legislatura potosina, por autorizarle a Villa de Reyes que cobrara durante el 2026, impuestos por la instalación de plantas, subestaciones eléctricas, transformadores y vías de ferrocarril.
En la resolución, derivada de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y publicada en el Periódico Oficial del Estado a mediados de octubre, se detalló que es inconstitucional cobrar por la expedición de licencias de uso de suelo para vías de ferrocarril, dado que eso le compete al ámbito federal.
En el caso de las plantas, subestaciones eléctricas y transformadores -cuya regulación también le corresponde a la Federación-, la Suprema Corte resaltó que los impuestos avalados por los diputados potosinos podrían incidir en las condiciones de accesibilidad y asequibilidad del servicio eléctrico, con lo que se vulnerarían los principios de dignidad humana, trato digno y debida diligencia.
No han pasado ni 15 días desde aquel dictamen y ya en los asuntos programados por la Suprema Corte para la sesión del próximo jueves, aparece el proyecto de resolución de la controversia constitucional 76/2026. La Legislatura cuestionada es la misma, solo cambia el municipio: Villa de Arriaga.
Igual que como ocurrió con Villa de Reyes, el Gobierno federal impugnó la Ley de Ingresos 2026 de Villa de Arriaga. Los diputados locales apoyaron que ese municipio aplicara cobros por la instalación de líneas de cableado, generación de energía eólica, anuncios o cualquier otro tipo para generadores de energía eólica.
La ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama va en el sentido de declarar la invalidez de lo que los legisladores potosinos aprobaron, por considerar que se invaden las competencias exclusivas de la Federación de legislar en materia de energía eléctrica.
Nada baratos salen los diputados ni sus asesores, como para que lo mínimo esperable sea que su trabajo resulte impecable, y no se requiriera que la Suprema Corte o cualquier otra autoridad les enmiende la plana una y otra vez.
No les bastó con los reveses sufridos con la “Ley Gobernadora”, la “Ley Serrano” o las reformas a la Ley Electoral. Y seguro en unos meses también los ministros revisarán con lupa las modificaciones que los diputados locales realizaron a los requisitos para designar fiscal.
Pero para la LXIV Legislatura, la prioridad parece no estar en proponer y aprobar leyes apegadas a la Constitución. Hoy los potosinos están representados en uno de los tres poderes del Estado por diputados a los que importa más defender el talento charro del gobernador, emitir declaraciones contra los oponentes políticos, ordenar la difusión de comunicados partidistas con logos del Congreso y colmar de elogios a funcionarios del Ejecutivo, al extremo de convertir las comparecencias en un catálogo de frases estilo: “¿Por qué no hay más secretarios como usted?”
Todavía le queda un año a la actual Legislatura. ¿Cuántas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales acumularán de aquí a septiembre de 2027?
Al paso que van, todavía les queda lugar y tiempo para uno que otro “coscorrón”.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
