Fernanda Durán
La solicitud de casi 2 mil 800 millones de pesos que permisionarios del transporte urbano buscan incorporar al Presupuesto de Egresos de San Luis Potosí para 2027 fue recibida con reservas por los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés y Luis Fernando Gámez Macías, quienes consideraron elevado el monto y plantearon que cualquier apoyo al sector debe responder a una evaluación de las necesidades del servicio, las prioridades del gasto público y las obligaciones de los concesionarios.
La iniciativa fue presentada por diez representantes y permisionarios del transporte urbano de la zona metropolitana, entre ellos Margarito Terán López, Marco Antonio Uraga Rodríguez, vinculado a Central 2000 (Línea Morales), y José Refugio Sánchez Quintero, representante de Línea Guadalupe Siglo XXI. Los promoventes solicitan una asignación de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos para renovar unidades, cubrir pérdidas de operación, recuperar afectaciones económicas de la pandemia y financiar un margen de utilidad del 15 por ciento.
Al respecto, Serrano Cortés sostuvo que la petición debe analizarse dentro de la política estatal de movilidad y no únicamente a partir de las necesidades económicas expuestas por los transportistas, particularmente cuando el Gobierno del Estado ya destina recursos a ofrecer traslados gratuitos mediante MetroRed.
El legislador mencionó que la cantidad solicitada parece elevada, aunque precisó que su principal observación no se limita al monto, sino al procedimiento mediante el cual se pretende incorporar al presupuesto.
“Puede ser mucho, mucho, mucho menos y aún así tendría que venir evidentemente como una propuesta de la valoración sobre la política pública que pretende implementar la Secretaría responsable”.
En ese sentido, consideró indispensable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) examine las condiciones del servicio, determine qué apoyos podrían justificarse y, en su caso, los incluya dentro de una propuesta presupuestaria integral para el próximo ejercicio fiscal.
Serrano también recordó que los transportistas operan mediante concesiones otorgadas por el Estado, una condición que implica responsabilidades públicas y que no equivale a la propiedad del servicio.
Si bien reconoció que el Estado tiene obligaciones en materia de transporte público, insistió en que cualquier decisión sobre financiamiento debe partir de la autoridad responsable y de la política de movilidad que pretenda desarrollar durante 2027.
Por separado, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, coincidió en que la solicitud merece una revisión cuidadosa y agregó que el análisis legislativo debe identificar a quiénes beneficiarían los recursos y bajo qué condiciones se ejercerían.
“Me parece que es un tanto excesiva, pero habrá que ver qué es lo que plantean las comisiones y por supuesto cuál es la manera en la que podemos impulsar un transporte seguro para la población, eficiente, moderno, por supuesto amigable con el medio ambiente y bueno, analizar que no haya intereses personales en esa propuesta”.
Gámez Macías reconoció que existe un rezago en la sustitución de camiones, pese a que la legislación estatal establece un límite de diez años para la antigüedad de las unidades. Señaló que anteriormente sostuvo conversaciones con permisionarios, quienes atribuyeron parte de sus dificultades financieras a las consecuencias económicas de la pandemia.
No obstante, consideró que esa situación no elimina las obligaciones de quienes explotan comercialmente las concesiones.
“Finalmente son empresarios y deben de analizar muy bien sus cosas para ofrecer un servicio de calidad”.
El legislador también abordó la posibilidad de nuevos incrementos al pasaje, en un contexto en el que la tarifa general ya aumentó de 12.50 a 13.50 pesos durante 2026. Al respecto, manifestó su oposición a que las familias enfrenten mayores gastos por este servicio.
Sobre las deficiencias que usuarios han denunciado en el transporte urbano, Gámez evitó calificar negativamente el desempeño de la SCT o atribuirle responsabilidades específicas. En cambio, pidió fortalecer la capacitación de conductores y el cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad y renovación vehicular.
También destacó el funcionamiento de MetroRed como una alternativa de transporte que ofrece gratuidad y mejores condiciones de servicio, aunque sostuvo que deben existir otras opciones para que la población pueda elegir.
La iniciativa que originó estas declaraciones contempla destinar 2 mil 304 millones de pesos a la renovación de 768 camiones, a razón de tres millones por unidad. Además, incluye 173.4 millones para un margen de utilidad del 15 por ciento, 45.9 millones para compensar déficits operativos y 274.5 millones para amortizar pérdidas acumuladas durante la pandemia.
Los promoventes sostienen que el programa estaría orientado a mejorar la movilidad y beneficiar a los usuarios, sin constituir un subsidio directo e incondicionado a concesionarios. Sin embargo, el planteamiento no establece una reducción específica de la tarifa vigente a cambio de los recursos solicitados.
Su eventual incorporación al presupuesto de 2027 dependerá de la revisión legislativa, la disponibilidad de recursos y la valoración que realicen las autoridades estatales competentes.
