Maria Ruiz
A más de un año de que el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas para tipificar la violencia vicaria como delito, el Poder Judicial estatal únicamente tiene registrado un procedimiento por este ilícito, mientras que varios juzgados familiares reconocieron que no cuentan con información sistematizada para identificar los casos, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información realizada por Astrolabio Diario Digital con número de folio SAI 164/2026.
En paralelo, los registros oficiales muestran las dificultades para concretar las convivencias entre madres, padres e hijos, así como la cantidad de controversias de guarda y custodia que permanecen en trámite.
La falta de estadísticas completas sobre violencia vicaria fue advertida el pasado 25 de septiembre por Claudia Elizabeth Cuéllar, defensora de las infancias e integrante de Red Libres y Shakti, quien señaló que el Poder Judicial carecía de datos suficientes para conocer la dimensión del problema. La información solicitada al Supremo Tribunal de Justicia abarcó el periodo del 1 de enero de 2025 al 28 de septiembre de 2026 y comprendió asuntos de los juzgados familiares y penales.
De acuerdo con el oficio AJSG 1559/2026, firmado por el administrador judicial del Sistema de Gestión, Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, el sistema penal acusatorio registró un solo procedimiento por violencia vicaria, correspondiente a 2025. En ese expediente, la víctima señalada fue una mujer y el responsable un hombre; el asunto se encontraba en etapa intermedia y se había dictado prisión preventiva justificada como medida de protección. Por su fase procesal, todavía no contaba con una sentencia.
El único procedimiento registrado estuvo relacionado con la sustracción o retención de menores. En ese apartado no se reportaron asuntos vinculados con impedimentos de convivencia ni con incumplimientos de órdenes judiciales. Sin embargo, la ausencia de más registros no permite determinar por sí sola la incidencia real de la violencia vicaria, pues varios juzgados familiares informaron que sus sistemas no permiten obtener las estadísticas solicitadas.
En los juzgados Primero, Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de lo Familiar, las autoridades señalaron distintas limitaciones para proporcionar información sobre sustracción de menores, violencia vicaria y sus posibles vínculos con el incumplimiento de órdenes de convivencia. Entre las razones expuestas está que los datos no se encuentran procesados en esos términos dentro del Sistema de Control de Expedientes Electrónicos (SICEE) o que no existen filtros específicos para identificarlos.
En el ámbito penal también se reportaron cinco causas por sustracción o retención de menores promovidas por padres hombres. Ninguna de las órdenes de restitución o entrega había sido cumplida: cuatro permanecían pendientes de ejecución y una se reportaba incumplida. Estos registros corresponden a ese tipo de procedimientos y no deben confundirse automáticamente con casos de violencia vicaria.
La falta de información sobre este fenómeno, señaló la abogada Cuéllar en su momento, ocurre en un contexto en el que miles de convivencias familiares programadas no se concretan. Los siete juzgados familiares consultados reportaron, en conjunto, 25 mil 438 convivencias en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) durante el periodo solicitado. De ellas, 6 mil 863 se celebraron, mil 693 fueron canceladas, 10 mil 351 no se realizaron y 8 mil 324 aparecían por celebrar o pendientes de actualización.
Cabe señalar que estas cifras no permiten atribuir cada convivencia frustrada a una conducta de obstrucción parental ni establecer que todas estén relacionadas con violencia vicaria. No obstante, exhiben las dificultades para dar seguimiento a los encuentros familiares y conocer si las medidas ordenadas por las autoridades se cumplen oportunamente.
Maximiliano Rojas Barrera, representante del colectivo Papá Presente, Hija Fuerte de San Luis Potosí, señaló que los procesos de guarda y custodia pueden prolongarse durante meses antes de que madres o padres consigan establecer un esquema de convivencia con sus hijas e hijos. Consideró que las autoridades deben examinar a fondo las circunstancias de cada conflicto y evitar que las diferencias entre los adultos terminen afectando a las infancias.
“Lo principal es siempre abogar por nuestros hijos, buscar su bienestar sobre cualquier cosa”, expresó.
El representante del colectivo sostuvo que las decisiones judiciales deben considerar el contexto de las relaciones familiares y no basarse exclusivamente en las acusaciones de alguna de las partes. A su juicio, las disputas pueden convertirse en escenarios de confrontación en los que niñas, niños y adolescentes quedan en medio de los desacuerdos de sus progenitores.
“Un papá obstructor o una mamá obstructora no dimensiona lo que está pasando. Lo que viene a representar son daños psicológicos irreparables”, afirmó.
Las estadísticas de los juzgados muestran que la proporción de convivencias celebradas fue inferior a la de las que no se realizaron o seguían pendientes. En el Juzgado Primero de lo Familiar, de 4 mil 433 convivencias programadas, mil 136 se celebraron, mil 986 no y mil 270 estaban pendientes o por actualizar. En el Segundo, de 3 mil 285, mil 65 se concretaron, mil 145 no se realizaron y 993 estaban pendientes.
En el Tercer Juzgado se programaron 2 mil 718 convivencias: 729 se celebraron, mil 351 no se realizaron y 592 permanecían pendientes. El Cuarto reportó 5 mil 94, de las cuales mil 159 se concretaron, 2 mil 97 no se celebraron y mil 538 seguían pendientes. En el Quinto, de 4 mil 513, mil 168 se llevaron a cabo, mil 823 no se realizaron y mil 372 quedaron pendientes.
El Sexto Juzgado contabilizó 2 mil 623 convivencias, con 798 celebradas, 961 no realizadas y 855 pendientes. En el Séptimo, con sede en Soledad de Graciano Sánchez, se registraron 2 mil 772: 808 se concretaron, 988 no se realizaron y 914 estaban pendientes o por actualizar.
Para Rojas Barrera, los tiempos de espera también afectan la posibilidad de mantener una relación constante entre madres, padres e hijos. Señaló que hay personas que únicamente pueden convivir una hora con sus hijas o hijos y que conseguir acuerdos para establecer las visitas puede tomar varios meses.
A las demoras en las convivencias se suma el rezago en los procedimientos de guarda, custodia y controversias familiares. Los siete juzgados reportaron 3 mil 30 asuntos iniciados durante el periodo consultado, de los cuales 154 concluyeron mediante sentencia definitiva, alrededor de 5.1 por ciento. El resto permanecía en trámite o había concluido por otras vías, como convenios, desechamientos o sobreseimientos.
El Primer Juzgado inició 374 asuntos y reportó nueve sentencias definitivas; el Segundo registró 370 y 12 sentencias, y el Tercero contabilizó 367, de los cuales siete concluyeron mediante sentencia. El Cuarto reportó 407 asuntos y 22 sentencias definitivas; el Quinto, otros 407 asuntos y 22 sentencias; mientras que el Sexto inició 412 y registró 18 resoluciones de ese tipo.
En el Séptimo Juzgado de lo Familiar se contabilizaron 693 asuntos. De estos, 19 concluyeron mediante sentencia definitiva, 10 por convenio, cinco fueron desechados por falta de cumplimiento a una prevención y uno terminó por sobreseimiento; los demás permanecían en trámite.
Rojas Barrera consideró que las autoridades deben priorizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes y revisar las circunstancias particulares de cada familia, sin permitir que los desacuerdos entre progenitores se antepongan a las necesidades de sus hijas e hijos.
“Como adultos debemos de tener la comprensión, el nivel de madurez; no podemos, por querer lastimar a la otra persona, ya sea hombre o mujer, olvidarnos de nuestros hijos”, señaló.
