Fernanda Durán
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha detectado casos de abuso en contrataciones por honorarios y posibles “aviadurías” en prácticamente todos los poderes y entes públicos revisados, reveló su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien señaló que algunas observaciones ya provocaron la devolución de recursos y otras permanecen en etapa de investigación.
El auditor explicó que una de las prácticas bajo revisión consiste en utilizar contratos civiles por honorarios o servicios profesionales para encubrir relaciones laborales o contratar personas cuya actividad no puede acreditarse.
Lecourtois indicó que las revisiones no se concentran exclusivamente en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde recientemente surgieron cuestionamientos por contrataciones bajo este esquema, sino que abarcan municipios, poderes y demás entes sujetos a fiscalización.
Al ser cuestionado específicamente sobre revisiones al Congreso del Estado y la posible presencia de familiares de funcionarios o legisladores contratados, confirmó que también se han identificado casos.
Ante la pregunta de si ya existían observaciones concretas respondió: “Sí… se han observado”; y al cuestionársele en qué poder habían sido localizadas, contestó: “Casi todos”.
El titular del IFSE agregó que en algunos expedientes las personas o instituciones observadas han reintegrado los recursos, mientras que otros casos avanzaron a una etapa posterior por no haber sido solventados.
Lecourtois explicó que el Instituto solicitará a los entes fiscalizados evidencia de las actividades realizadas por quienes reciben recursos bajo contratos de honorarios, especialmente cuando existan elementos que generen dudas sobre la prestación efectiva del servicio.
La revisión, aclaró, no se limitará a personas con parentescos o vínculos políticos, sino que incluirá las actividades de quienes se encuentren bajo este régimen contractual.
También señaló que el IFSE tiene conocimiento de familiares de funcionarios que aparecen en nóminas municipales, situación que, dijo, forma parte de las investigaciones.
Respecto a personas que desempeñan simultáneamente actividades en instituciones financiadas con recursos públicos y mantienen contratos con ayuntamientos, consideró necesario acreditar las funciones realizadas y determinar si justifican las percepciones recibidas.
Sobre el anuncio realizado días atrás por el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Luis Fernando Gámez Macías, de solicitar una auditoría especial a la nómina y contrataciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí por la contratación del dirigente panista Enrique Dahud, Lecourtois precisó que el Instituto todavía no ha recibido una denuncia particular.
No obstante, confirmó que el asunto ya forma parte de las revisiones que realiza el organismo.
Explicó que la preocupación del órgano fiscalizador se centra precisamente en determinar si los contratos por honorarios corresponden a servicios reales o si esta figura es utilizada para ocultar otro tipo de relación o pagos injustificados.
