Por Victoriano Martínez
La constructora de un aliado del gobernador Ricardo Gallardo Cardona entra al Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito, empresarios se confabulan con ejidatarios vecinos para simular venta de tierras que no les pertenecen, y lo más grave, se trata de acciones estrictamente prohibidas en el ANP, tanto por su decreto como por el Programa de Manejo.
Jaguares Constructores comenzó con el trazo de un camino en las colindancias con el ejido Escalerillas en las últimas tres semanas. No obstante, en días recientes incursionó en territorio del Ejido Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz en torno al Santuario del Desierto. Las acciones prohibidas encendieron las alertas.
La reacción lógica por parte de la autoridad federal tendría que venir por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para clausurar los trabajos, por ejemplo, en Cerro Gordo y en el Ejido El Peyote.
La falta de reacción inmediata (hay flagrancia en el atentado contra el ANP Sierra de San Miguelito) es producto de esa confabulación de autoridades federales en el Estado que también estuvo presente en los otros casos.
En Cerro Gordo, las primeras detonaciones para destruir el cerro se dieron el22 de junio, en tanto que las acciones de la PROFEPA para la clausura comenzaron hasta el 1 de octubre. Más de tres meses en los que el Comité de Defensa de Cerro Gordo realizó movilizaciones para que finalmente clausuraran el banco de materiales.
En el caso de El Peyote, los ejidatarios denunciaron afectaciones ambientales en su territorio desde diciembre de 2025 y, aunque a principios de enero se realizó una inspección, en realidad fue simulada y favorable a la constructora. Fu hasta el 11 de febrero que se logró la clausura.
La resistencia de funcionarios de segundo nivel en la delegación de la PROFEPA también se dio en los casos de los ejidos Corcovada, La Tapona y San José de los Guajes.
Aunque contra la destrucción del terreno en el entorno del Santuario del Desierto fue directamente la CONANP la que solicitó la intervención, el nivel de infiltración por parte de los barones del concreto les alcanza para ignorarla, claro indicio de que las autoridades estatales también se encuentran involucradas.
Una situación que los ejidatarios de Gudalupe Victoria y su Anexo La Cruz conocen, al ser uno de los grupos más aguerridos en la defensa de su territorio y del ANP Sierra de San Miguelito, por lo que se debe tomar en serio su llamado de alerta.
“Guadalupe Victoria y la Cruz están en pie de lucha y no se van a dejar. PROFEPA debe clausurar de inmediato o será responsable de lo que suceda” advirtieron en su cuenta de Facebook.
El caso, por tratarse de territorio del ANP resulta muy grave por los actos en los que son capaces de incurrir, cuando hasta ahora se les han cerrado todas las posibilidades de echar abajo el decreto de Área Natural Protegida.
Exhibe el talante de la alianza depredadores inmobiliarios-gobierno depredador: si no me sirve la ley para el despojo, arrebato.
