María Ruiz
¿Qué ocurre cuando una amenaza también pone en peligro a la familia de un periodista? Cuando una autoridad rechaza una medida porque no aparece expresamente en la ley o cuando las condiciones de riesgo cambian y el Mecanismo de Protección no actualiza su valoración. Estos son algunos de los problemas que busca atender una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de San Luis Potosí.
La propuesta, presentada por la organización Perteneces Justicia e Igualdad A.C. en un foro convocado por el colectivo Voces Libres Periodistas Unidos, plantea modificar distintos apartados de la legislación para precisar las obligaciones del Mecanismo Estatal de Protección, ampliar las alternativas de resguardo y establecer garantías para las personas beneficiarias.
Durante el encuentro, realizado el 13 de noviembre en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la abogada Paulina Martell Salas expuso los cambios ante periodistas y explicó los motivos de las modificaciones. El ejercicio forma parte de una revisión con el gremio para incorporar experiencias y observaciones antes de presentar formalmente la iniciativa durante noviembre.
El proyecto también ha sido compartido con periodistas de otras entidades y personas especialistas, con la intención de contrastar criterios y fortalecer su contenido antes de cerrar la redacción.
Uno de los cambios estructurales contemplados en la propuesta, concretamente en el artículo 4, es la ampliación en la integración del Mecanismo Estatal, que pasaría de nueve a doce miembros permanentes para incrementar de dos a tres las representaciones tanto del gremio periodístico como de las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, la reforma busca corregir la falta de reglas para extender las medidas de protección a familiares o personas cercanas a quien recibe directamente el respaldo institucional. Aunque el artículo 44 vigente contempla esa posibilidad, no establece cuánto tiempo tiene el Mecanismo para resolver ni define un procedimiento específico.
Para Martell Salas, esta omisión puede traducirse en una protección desigual, pese a que las personas del entorno de quien ejerce el periodismo pueden estar expuestas a las mismas amenazas.
“Nosotras consideramos que deben manejarse los mismos tiempos para las personas a las que se extienden o para la persona principal beneficiaria, porque al final creemos que están en el mismo riesgo; no queremos hacer una distinción de por qué surge el riesgo, es menos peligroso”.
La modificación propone que las solicitudes para extender las medidas se resuelvan en un máximo de diez días naturales cuando se trate del procedimiento ordinario y en tres horas en el extraordinario, si existe riesgo inminente. El plazo comenzaría a partir de la determinación de las medidas iniciales o desde que se advierta posteriormente la necesidad de incorporar a otras personas.
El proyecto también busca evitar que la falta de una solicitud dentro de esos tiempos se convierta en un argumento para negar la protección. Por ello, establece que el vencimiento del plazo no exime al Mecanismo de resolver ni afecta las medidas que ya fueron concedidas, debiendo sustentarse en una valoración de riesgo debidamente fundada y motivada.
Las limitaciones en la aplicación de la ley también fueron señaladas en relación con las Medidas Urgentes de Protección del artículo 45, que contemplan acciones como evacuación, reubicación temporal, escoltas especializadas y protección de inmuebles.
Sin embargo, Martell Salas advirtió que algunas autoridades se apegan únicamente a las primeras opciones y dejan de lado la posibilidad de adoptar otras acciones según las características de cada amenaza.
Al respecto, criticó que las instituciones “toman la interpretación que más les conviene y entonces esto les permite decir: ‘es que a mí me dice que incluyen estas tres o cuatro’, y nunca toman en consideración la quinta que señala que son las demás que se requieren para salvaguardar la vida”.
El cambio propuesto consiste en sustituir la palabra “incluyen” por “podrán consistir en”, con el propósito de dejar claro que las medidas enlistadas no son limitativas. También se agregarían disposiciones para reconocer el uso de herramientas digitales y tecnológicas adecuadas a los riesgos identificados y establecer que ninguna autoridad podrá negar una medida por el solo hecho de que no esté expresamente mencionada en la ley.
La discusión sobre este punto también puso sobre la mesa la necesidad de que la legislación responda a nuevas modalidades de agresión, particularmente aquellas que ocurren mediante plataformas y herramientas digitales.
“Creemos que si nos sucedió a nosotras, seguramente le está sucediendo a un montón de gente en la que les dicen: ‘yo nada más me acomodo a estas cuatro’”, señaló Martell Salas.
La iniciativa también propone reformar el artículo 46 de la ley vigente (que regula las Medidas Preventivas como instructivos, manuales, cursos y acompañamiento), modificando su encabezado para que las acciones se entiendan enunciativas y no limitativas bajo la fórmula “podrán consistir en”, e incorporando la posibilidad de aplicar herramientas tecnológicas frente a la violencia digital.
Debido a la redistribución y adición de apartados técnicos en el proyecto, el artículo que regula las Medidas de Protección se desplaza en la numeración, de forma que el actual artículo 47 sobre evaluación periódica pasa a ser el artículo 48. Mientras la ley actual solo menciona de manera general que las medidas están sujetas a revisión, la reforma detalla que esta deberá realizarse en los plazos que determine la valoración de riesgo, sin exceder en ningún caso los seis meses, y obliga a realizar una nueva evaluación inmediata si se conocen nuevas amenazas o agresiones.
Asimismo, el artículo relativo a las causales de uso indebido de las medidas (que actualmente es el 48) se recorre para convertirse en el artículo 49. A este precepto se le adicionan garantías esenciales de debido proceso: se establece que cualquier determinación de uso indebido deberá sujetarse al procedimiento del Reglamento Interior del Mecanismo, garantizando el derecho de audiencia, el acceso a las pruebas y resoluciones fundadas, y precisando que la investigación no suspende ni retira por sí misma las medidas otorgadas, las cuales se mantendrán vigentes hasta que se notifique la resolución definitiva.
En la misma dinámica de ajuste numérico, el artículo 51 vigente pasa a ser el artículo 52, ampliando las facultades para que no solo las medidas preventivas y de protección, sino también las urgentes, puedan ser modificadas, ampliadas o disminuidas según la evolución del riesgo de la persona beneficiaria.
Más allá de las medidas que se activan después de una amenaza, la organización propone integrar el Capítulo XI, denominado “De las Medidas de Prevención” (con los artículos 54, 55 y 56), para obligar al Poder Ejecutivo estatal y a los municipios a diseñar políticas públicas permanentes que reduzcan los factores de riesgo, atiendan las agresiones diferenciadas e impulsen la participación de la sociedad civil y la academia.
Con estos planteamientos, la iniciativa busca que la protección institucional cuente con reglas claras, plazos definidos y mecanismos actualizados frente a las nuevas realidades de riesgo. Las observaciones recogidas durante el foro serán incorporadas en la revisión final del documento antes de su presentación oficial en el Congreso del Estado a finales de este mes.
