Texto y fotografías de María Ruiz
Integrantes de la organización protectora de animales Salvando Huellitas acudieron este jueves 18 de junio al inmueble ubicado en la calle Venustiano Carranza número 88, en la comunidad de Milpillas, para realizar un nuevo recorrido y conteo de los perros que permanecen en un presunto criadero clandestino señalado por vecinos y activistas por posibles actos de maltrato animal.
La presidenta de la organización, Fátima Ramírez, acompañada por la activista Masha, informó que en el lugar aún permanecen alrededor de 16 perros en situación crítica, aunque estiman que la cifra total de animales que habrían permanecido en el sitio oscila entre 40 y 50 ejemplares de distintas razas, entre ellas huskies, pastores alemanes y pastores australianos.
La visita se realizó un día después de que integrantes de la asociación ingresaran al predio para rescatar a varios animales que presentaban signos de abandono, desnutrición y falta de atención veterinaria.
Durante la inspección, las activistas señalaron que este tipo de establecimientos representan una forma de explotación animal, ya que los perros son utilizados con fines reproductivos para la venta de cachorros sin garantizarles condiciones adecuadas de bienestar.
“Sabemos que muchos de estos perros son comercializados en cantidades importantes de dinero. Un cachorro de pastor alemán puede venderse desde 40 mil pesos y alcanzar hasta 80 o 100 mil pesos dependiendo de su pedigrí. Los huskies también pueden comercializarse en decenas de miles de pesos. Detrás de ese negocio muchas veces hay sufrimiento y abandono”, señalaron.
Las integrantes de Salvando Huellitas afirmaron que la situación encontrada en Milpillas evidencia las consecuencias de la reproducción indiscriminada y de la falta de vigilancia sobre criaderos irregulares.
“Si nosotros no hubiéramos acudido, probablemente muchos de estos perros habrían muerto. Además de la crueldad hacia los animales, existe un problema de salud pública por los olores, los desechos y la descomposición que terminan afectando a los vecinos y a los niños de la zona”, expresaron.
Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la compra de perros provenientes de establecimientos sin regulación y optar por la adopción responsable.
Las activistas informaron que la denuncia presentada será “contra quien resulte responsable”, al considerar que podrían existir más personas involucradas en el caso.
“Hay complicidad y también hubo omisiones. Las autoridades conocían el caso y durante mucho tiempo no actuaron. La omisión también puede constituir una falta grave cuando se trata de situaciones de maltrato animal”, señalaron.
De acuerdo con el recuento realizado por la organización, varios perros continúan deambulando por calles y lotes baldíos cercanos al inmueble, intentando sobrevivir tras haber escapado del predio.
Integrantes de la Junta de Mejoras de la comunidad sostuvieron que los reportes comenzaron desde principios de junio, cuando varios perros empezaron a salir del inmueble y a atacar animales de traspatio de los vecinos.
“Los habitantes llamaban constantemente a Bienestar Animal, Atención Ciudadana, Protección Civil y otras dependencias del Ayuntamiento de la capital. La respuesta era siempre la misma: que mientras los perros no estuvieran atacando personas o no existiera una situación considerada grave, no podían intervenir”, relató.
Según los testimonios de los vecinos, el presunto criadero habría operado durante años con fines comerciales y recientemente comenzaron a detectarse animales muertos y perros en evidente estado de abandono.
“Los perros salían buscando alimento. Algunos vecinos reportaron ataques a gallinas y otros animales domésticos. Todo apuntaba a que llevaban tiempo sin recibir cuidados adecuados”, señalaron.
Ante la falta de respuesta institucional, los habitantes optaron por difundir el caso en redes sociales, lo que derivó en la intervención de organizaciones animalistas.
Ayuntamiento asegura que presentó denuncia
Por su parte, el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó mediante un posicionamiento oficial que la Dirección de Bienestar Animal Municipal presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto maltrato animal.
La autoridad municipal señaló que verificó el domicilio desde el pasado 16 de junio y que, al tratarse de una propiedad privada donde no se obtuvo respuesta de los propietarios, se procedió a interponer la denuncia correspondiente para que la Fiscalía determine las acciones legales procedentes.
“El Gobierno de la Capital se mantiene atento a la resolución ministerial para poder actuar conforme a la ley”, indicó la administración municipal.
Sin embargo, tanto las activistas como integrantes de la Junta de Mejoras rechazaron esta versión, pues incluso hoy permanecieron en el lugar hasta las 15:40 horas sin recibir la visita de personal municipal o estatal, pese a que ya se había difundido un boletín en el que aseguraban que ya habían acudido a este espacio inspeccionar.
Las integrantes de Salvando Huellitas reconocieron que la mayoría de los perros rescatados ya encontraron hogar temporal o fueron adoptados, aunque aún permanecen bajo resguardo los ejemplares con mayores afectaciones físicas.
Explicaron que los rescates implican gastos constantes en transporte, alimentación, atención veterinaria y asesoría legal, por lo que solicitaron apoyo económico de la ciudadanía para continuar atendiendo casos similares.
“Esto no es lucrar. Pasamos horas en los rescates, dejamos de trabajar y asumimos gastos para ayudar a los animales. Lo hacemos porque estamos comprometidas con esta causa y porque todavía hay muchos casos pendientes por atender”, concluyeron.
Las activistas insistieron en que el caso de Milpillas no debe quedar impune y exigieron que las investigaciones permitan deslindar responsabilidades para evitar que situaciones similares continúen ocurriendo.
