Desiree Madrid
La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por el hallazgo de un presunto criadero clandestino de perros ubicado en la calle Venustiano Carranza número 88, en la comunidad de Milpillas.
La titular de la dependencia, María Manuela García Cazares, confirmó que la indagatoria inició el 16 de junio, un día antes de que activistas de la organización Salvando Huellitas acudieran al inmueble para constatar las condiciones en que se encontraban los animales.
García Cazares señaló que hasta el momento de las declaraciones habían sido rescatados 15 perros del lugar, aunque en el sitio se encontraron al menos 20 ejemplares con vida. Sobre los animales muertos, la fiscal reconoció que aún no es posible establecer una cifra definitiva
“De fallecidos sería establecer, porque bajo el estado que se encontraron, tendríamos que hacer la contabilización”, indicó, lo que sugiere que parte de los cuerpos se hallaban en proceso de descomposición avanzada.
La pregunta sobre el estado de los cadáveres fue respondida con una confirmación: los restos de algunos animales ya se estaban desintegrando. Pese a ello, García Cazares subrayó que la mayoría de los perros encontrados estaban con vida, aunque en condiciones graves de salud.
La escena descrita por la propia fiscal apunta a que el abandono en el predio se extendió por un período prolongado, sin que ninguna autoridad hubiera intervenido antes de que la denuncia ciudadana y la presión de los colectivos animalistas forzaran una respuesta institucional.
Sobre los presuntos responsables, la fiscal reconoció que la investigación se encuentra en etapa inicial y que la única referencia disponible proviene de los vecinos del área. Con ello quedó en evidencia que, al momento de la conferencia, la FGE no contaba aún con identificados formales ni con detenidos relacionados con el caso.
García Cazares también descartó tener indicios sobre la finalidad del presunto criadero, es decir, si los animales eran explotados con fines reproductivos para su venta, como han sostenido las activistas, o si existía alguna otra motivación.
“No, todavía no”, respondió al ser cuestionada al respecto, dejando abierta la línea de investigación sobre si se trató de un negocio de comercialización de cachorros de raza. Las organizaciones presentes en el lugar estimaron que entre 40 y 50 perros de distintas razas, huskies, pastores alemanes y pastores australianos, habrían permanecido en el inmueble en algún momento, ejemplares cuyo valor comercial puede oscilar entre los 40 mil y los 100 mil pesos por cachorro.
La fiscal informó que al momento de las declaraciones una denuncia estaba por presentarse de manera formal ese mismo día, aunque la Fiscalía ya había iniciado de oficio su propia investigación.
Esto coincide con el posicionamiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que señaló que su Dirección de Bienestar Animal Municipal presentó una denuncia ante la FGE por presunto maltrato animal luego de que personal municipal verificara el domicilio desde el 16 de junio, sin obtener respuesta de los propietarios al tratarse de un predio privado.
Al ser cuestionada sobre si existía algún antecedente similar vinculado a un presunto criadero y venta de animales en la zona de Jassos, García Cazares no respondió directamente a la pregunta sobre ese caso en particular, pero recordó que hacia finales del año anterior hubo al menos dos asuntos de maltrato animal que llegaron a la etapa de judicialización.
La denuncia formalizada —ya sea por parte del Ayuntamiento o de las propias activistas— quedó planteada contra quien resulte responsable, pues las organizaciones señalaron que podrían existir más personas implicadas en el caso.
La Junta de Mejoras de la comunidad y las integrantes de Salvando Huellitas cuestionaron la versión institucional sobre la actuación oportuna de las autoridades: pese a que el municipio emitió un boletín afirmando que ya había acudido al predio, las activistas permanecieron en el lugar hasta las 15:40 horas del 18 de junio sin registrar la presencia de personal municipal o estatal, lo que, a su juicio, expone las omisiones que permitieron que la situación se prolongara durante meses sin respuesta efectiva.
