Desiree Madrid
La persona señalada por su presunta responsabilidad en la muerte de dos perros en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez obtuvo una suspensión judicial que impide, por el momento, la ejecución de una orden de aprehensión librada en su contra.
Lo anterior de acuerdo con lo informado por la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, al ser cuestionada sobre el avance de una investigación que ha generado atención pública desde que se dieron a conocer los hechos.
La titular de la Fiscalía explicó que la carpeta de investigación ya fue integrada y que las autoridades consiguieron una orden de captura contra el imputado. Sin embargo, el procedimiento se encuentra temporalmente detenido debido a un recurso legal promovido por la defensa.
“Sí quiero comentarles que se libró orden de aprehensión en contra de la persona, sin embargo, él promovió un juicio de amparo”, señaló.
De acuerdo con García Cázares, un juez federal concedió una suspensión para evitar que el acusado sea detenido mientras se resuelve la situación jurídica derivada del amparo. La fiscal precisó que la medida no implica el cierre de la investigación ni la cancelación de la orden judicial, sino que condiciona su ejecución al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por la autoridad federal.
Entre esas condiciones se encuentran la exhibición de una garantía económica y la obligación de comparecer ante la autoridad correspondiente.
“Está concedida la suspensión para el efecto de que no se le detenga. Él tendrá que cumplir determinados requisitos ante el juez de distrito, como es la garantía de una fianza y presentarse ante la autoridad que libró la orden”, explicó la funcionaria.
La Fiscalía se mantiene a la espera de que el imputado atienda las disposiciones fijadas por el juzgado federal. Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento institucional. García Cázares indicó que la autoridad ministerial permanece atenta al desarrollo del procedimiento para verificar que se respeten las condiciones impuestas como parte de la suspensión otorgada.
Cuestionada sobre la posibilidad de una reparación del daño en favor de las víctimas indirectas del caso, la fiscal reconoció que la legislación contempla esa alternativa, pero es prematuro abordar ese escenario mientras no se defina la situación procesal derivada del amparo.
“La opción, claro, por supuesto hay una opción, pero en este tema habrá que esperar”, comentó.
Respecto a las acciones del Ministerio Público durante este periodo, García Cázares señaló que la dependencia mantiene sus responsabilidades dentro del procedimiento y vigila el cumplimiento de las medidas ordenadas por el juez federa, pues la suspensión no exime al acusado de las obligaciones que le fueron impuestas para conservar dicho beneficio legal.
Finalmente, la fiscal advirtió que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos podría modificar el escenario procesal del caso.
“La suspensión viene con requisitos que él deberá de cumplir, o de lo contrario quedaría vigente la orden de aprehensión y nosotros la podríamos cumplimentar”, afirmó.
Con ello, la investigación permanece abierta y su desarrollo dependerá tanto de las resoluciones judiciales como del cumplimiento de las condiciones establecidas por la autoridad federal.
