Desiree Madrid
Organizaciones y activistas en defensa de los animales hicieron público un posicionamiento en el que expresan su rechazo a la decisión que permitió que la persona señalada por la agresión contra dos perros en el campo Los Delfines, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, continúe su proceso penal en libertad.
A través de un documento dirigido a medios de comunicación, autoridades y ciudadanía, los colectivos manifestaron su preocupación por la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que no se defendieron con la suficiente contundencia los argumentos necesarios para mantener medidas cautelares más restrictivas contra el imputado.
Los firmantes sostienen que la violencia ejercida contra los animales no puede ser minimizada ni tratada como una conducta de menor relevancia, debido a que se trata de actos que reflejan crueldad y generan inquietud social por las posibles implicaciones que este tipo de comportamientos tienen dentro de la comunidad.
En el posicionamiento señalan que el uso de un mecanismo de agresión considerado de alta peligrosidad para causar daño a seres indefensos debió ser valorado con mayor peso al momento de analizar el riesgo que representa la persona acusada.
Desde su perspectiva, este tipo de conductas no solo afectan a los animales directamente involucrados, sino que también generan preocupación entre vecinos, testigos y ciudadanos que conviven en los espacios donde ocurrieron los hechos.
Los colectivos argumentan además que la existencia de más de una víctima constituye un elemento que debe ser tomado en cuenta dentro del proceso judicial, ya que los hechos ocurrieron de manera sucesiva e independiente respecto de cada animal afectado. Consideran que esta circunstancia obliga a que cada conducta sea investigada y analizada con la seriedad correspondiente para determinar todas las posibles responsabilidades legales derivadas del caso.
Otro de los puntos abordados en el documento se refiere a los argumentos relacionados con la edad o posibles condiciones de salud mental del imputado. Al respecto, las organizaciones señalaron que cualquier circunstancia de esta naturaleza debe acreditarse mediante peritajes oficiales, imparciales y técnicamente sustentados, y su sola mención no elimina la necesidad de valorar el riesgo social que pudiera derivarse de actos de violencia de esta magnitud.
Asimismo, expresaron preocupación por el mensaje que, a su juicio, se envía a la sociedad cuando casos de alto impacto relacionados con maltrato animal concluyen con medidas que una parte de la ciudadanía considera insuficientes. Indicaron que ello puede generar desconfianza en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, además de desalentar futuras denuncias por parte de personas que buscan sanciones efectivas para este tipo de delitos.
Dentro de sus exigencias, los colectivos solicitaron a la Fiscalía General del Estado fortalecer la investigación mediante peritajes científicos rigurosos y el análisis integral de todas las conductas posiblemente constitutivas de delito. También pidieron al Poder Judicial que, al resolver sobre medidas cautelares y demás actuaciones procesales, tome en consideración la gravedad de los hechos, la protección de la comunidad y los principios de bienestar animal.
De igual forma, hicieron un llamado al Congreso del Estado para que durante la discusión de la denominada Ley Hope se reconozca la vulnerabilidad de los animales y se fortalezcan los mecanismos legales destinados a prevenir, sancionar y erradicar el maltrato animal en San Luis Potosí.
Finalmente, los activistas reiteraron su exigencia de una respuesta institucional proporcional a la gravedad de los hechos y afirmaron que continuarán dando seguimiento al caso. En su mensaje recordaron a Laika, Solovino, Hope, Hachi y a otros animales víctimas de violencia, al señalar que la exigencia de justicia busca evitar que hechos similares permanezcan impunes y reforzar la protección de los animales dentro del estado.
