María Ruiz
El Cabildo de San Luis Potosí aprobó este viernes 25 de septiembre el dictamen para la actualización del reglamento de tránsito municipal, un documento que, según las autoridades, busca priorizar al peatón y al ciclista, pero que fue calificado como una “simulación” por colectivos de movilidad que se presentaron en la votación.
La sesión ordinaria culminó en una confrontación verbal cuando el alcalde Enrique Galindo Ceballos celebró el respaldo ciudadano del proyecto, lo que detonó los reclamos inmediatos de los activistas presentes en el recinto.
De acuerdo con el dictamen aprobado por unanimidad, la reforma tiene como objetivo transitar de un modelo orientado al control vehicular hacia un sistema de movilidad centrado en la protección de las personas. También incorpora principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, fortalece la protección de usuarios vulnerables y añade el concepto de pacificación del tránsito mediante la creación de zonas con velocidad restringida a 30 kilómetros por hora en áreas residenciales y escolares.
Durante la sesión, destacaron que la normativa responde a las necesidades actuales de la ciudad y agradecieron las aportaciones de la sociedad civil y la Policía Vial para enriquecer el proyecto.
Sin embargo, esta narrativa oficial fue desmentida rotundamente por Víctor Hernández, coordinador del colectivo Pedaleando SLP, quien expuso la cronología de las mesas de trabajo y las razones de su interrupción. Hernández explicó que el reglamento era un compromiso pendiente desde la administración pasada y que, aunque en septiembre y octubre iniciaron mesas de trabajo con la Policía Vial, los colectivos abandonaron el diálogo en noviembre.
La ruptura ocurrió cuando las autoridades fueron incapaces de referenciar cada artículo propuesto con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Como segunda estrategia, buscaron a los regidores de las comisiones correspondientes para revisar el documento antes de su votación, un acuerdo que, según el activista, fue incumplido.
Para aclarar la postura de los colectivos y sus demandas centrales, Víctor Hernández detalló la decepción de las organizaciones civiles ante el proceso:
“Considerábamos que el espíritu de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es poner primero al peatón, primero al ciclista, y bueno, garantizar su seguridad vial a través de infraestructura, a través de reglas claras, no estaba plasmado en el documento que nos entregaban”.
Sobre las declaraciones del presidente municipal y la validez del documento aprobado, Hernández dijo lo siguiente:
“Nos decepciona mucho que el alcalde mencione que cuenta con el respaldo de la ciudadanía, que es por unanimidad, no solo de sus regidores, sino de toda la ciudadanía, cuando es falso y cuando las personas que estamos más interesadas en tener un documento que proteja a los peatones, que proteja a los ciclistas, que proteja al usuario más vulnerable, al final estas observaciones nuestras no están plasmadas”.
Añadió que, a pesar de su disposición a invertir tiempo en crear una normativa funcional, solo encontraron “más simulación por parte de esta administración, y al final otro acuerdo incumplido por parte tanto del alcalde como de policía vial, como de los regidores”.
El contraste de posturas llegó a su punto más álgido durante la clausura de la sesión. Mientras el alcalde Enrique Galindo aseguraba que se estaba dando “un gran paso que no se había dado antes” y agradecía los supuestos acuerdos generados con activistas, los integrantes de los colectivos irrumpieron a gritos.
Los manifestantes sentenciaron que la aprobación se hizo “a espaldas de la ciudadanía”, acusaron directamente a la Policía Vial y a los regidores de romper los acuerdos, y despidieron la sesión asegurando que el nuevo reglamento representa “cero avances en movilidad”.
