Xochiquetzal Rangel
Representantes de las comunidades triki, mixteca y mazahua, establecidas y reconocidas en el padrón de comunidades en el estado, y el doctor Guillermo Luévano Bustamante, criticaron que, pese a que el octavo juez de distrito en san Luis Potosí, el 15 de mayo de 2019, dictaminó que el ayuntamiento capitalino debe crear una unidad de asuntos indígenas, la administración municipal no ha tenido acercamiento con las comunidades o sus representantes.
En este sentido, Narciso Mendoza López, representante de la comunidad mixteca baja en San Luis Potosí, desmintió lo dicho por la regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sobre que existen varios candidatos para la titularidad de la unidad por parte de las comunidades indígenas.
“No puede haber candidatos porque no hemos hecho asamblea, hasta que hagamos una asamblea general la comunidad mazuahua, la comunidad triki y la comunidad mixteca en nuestras comunidades, hasta entonces va a haber candidato”, puntualizó.
Consideró que si en el ayuntamiento tienen conocimiento o han declarado que “existen varios candidatos”, en todo caso habría imposición, cuando, de acuerdo con la ley, ellos definirían a sus tres candidatos, es decir, uno por comunidad, una vez celebrada la asamblea, la cuál podría realizarse hasta que el ayuntamiento les notifique y en mutuo acuerdo se establezca una fecha.
Por su parte, Guillermo Luévano, integrante de Clínica Estratégica en Derechos Humanos de la UASLP, destacó que la importancia de la creación de la unidad o dirección de asuntos indígenas en el ayuntamiento de San Luis Potosí se debe a que, a través de un representante de los mismos pueblos originarios, buscarían que sus derechos humanos, usos y costumbres y cosmovisión fueran reconocidos, así como que les proveyeran de servicios básicos como la luz y el agua, debido a que, mencionó, aunque existe la recomendación 16/2018 que realizó la CEDH en septiembre del año pasado, en la que exhortaba al municipio a garantizarles dichos servicios, hasta la fecha siguen sin tenerlos.
Por lo que subrayó que de forma inmediata el municipio debería convocar o realizar un acercamiento con las tres comunidades para comenzar las mesas de trabajo, a menos de que estén pensando combatir la resolución del juez federal, cuyo tiempo límite es de 15 días, pero, advirtió, sería una señal alarmante que, una vez que fue condenado por un juez federal, todavía, en vez de constituir la unidad, se opusieran al reconocimiento de este derecho.
Señaló que, para el acercamiento con los pueblos indígenas, el ayuntamiento deberá proveerles la convocatoria para elección de su representante en su lengua materna y por los medios idóneos.
El representante de la comunidad mazahua, Vicente Domingo Ramírez, indicó que, además, sigue en proceso el amparo contra el ayuntamiento por no haberlos consultado debidamente para el Plan Municipal de Desarrollo, acusando que el municipio usó las fotografías del primer encuentro como evidencia de consulta a los pueblos.
“Nosotros confiamos en él y tuvimos la esperanza del primer encuentro de un presidente municipal haciéndole caso a las comunidades, pero, lejos de hacer eso, incumplió sus palabras y tuvimos que recurrir a estos amparos. No nos consultó, hizo caso omiso”, fustigó.
Ante dichos señalamientos, Luévano Bustamante complementó diciendo que los foros para el Plan Municipal de Desarrollo con los que el alcalde Xabier Nava Palacios se excusa para demostrar que sí hubo consulta de los pueblos indígenas asentados en la capital, no fueron realizados conforme a la ley, por lo que habrían incurrido en omisiones para realizar adecuadamente las consultas.
apuntó que “la ley de consulta indígena del estado dice que debe proveerles información en su lengua y deben fijar las sedes de las consultas, la cual no debe ser unilateral”, y los estándares internacionales, la ley local y la Constitución, según dijo, establecen que las consultas son previas y de mutuo acuerdo, por lo que con un foro en el que participaron algunos integrantes de comunidades indígenas, no fue suficiente.
