Por Victoriano Martínez

Si para algo está preparado el sistema electoral mexicano es para poner al servicio de los partidos políticos el erario de manera creciente y prácticamente sin límites, a pesar de lo onerosos que son. Más cuando se trata de un año electoral como el actual, en los que reciben un 50 por ciento adicional de dinero público… y hasta demandan otras prerrogativas.

Para el proceso electoral local (gobernador, diputados locales y ayuntamientos) son casi seis mil personas las que tienen la condición de candidato, desde quienes buscan la gubernatura hasta los suplentes de regidores. Un promedio de poco más de 10 candidatos para cada uno de los 537 cargos en juego. Sólo para la gubernatura hay nueve aspirantes.

Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario de Gobierno, informó este lunes que 15 candidatos –sin precisar a qué cargos aunque por revelación en una Mañanera se sabe que una de ellas es Mónica Rangel Martínez, candidata a gobernadora por Morena– han solicitado protección personal al Gabinete de Seguridad.

Una de dos: o confían más en las organismos de seguridad pública cuyas estrategias para combatir a la delincuencia son las que les provocan ese temor y esa necesidad de contar con escoltas, o se ven en la necesidad de confiar en esos organismos de seguridad con tal de no gastar en escoltas una ínfima parte de los recursos que reciben por el excesivo financiamiento público.

Sea por ahorrarse unos pesos o por confiar más en los cuerpos de seguridad oficiales, el resultado es el mismo: cargarle a los impuestos aportados por los ciudadanos un costo adicional por la vía de los recursos materiales y humanos que tendrán que distraerse para que cada uno de los candidatos temerosos se sienta seguro.

Expresado de otra forma: a la población en general que padece un clima de inseguridad creciente, estos privilegiados personajes a quienes se les reparten 183 millones 138 mil 835.24 pesos para que hagan su solicitud de empleo a la ciudadanía y ésta elija a quien se queda con el puesto, además le quitarán elementos policiacos que de por sí son insuficientes.

Y si por el número de candidatos que pidieran seguridad resultaran insuficientes los policías con que cuenta el Estado, ¿se abandonaría a la población a su suerte –que en general se siente abandonada– para atender esas peticiones? Es un riesgo…

…y lo es porque la autoridad no tiene empacho en manifestar su preferencia por atender a los principales candidatos –que cada vez más gente los ve como vividores de la política, lo que se refleja en el alto abstencionismo– porque para ellos sí se hace una evaluación de riesgos, según lo expresado por Hernández Delgadillo.

¿Cuántas veces han evaluado los niveles de riesgo conforme a los criterios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre los eventos masivos organizados por los candidatos y han comunicado oportunamente sus resultados a la ciudadanía para que pueda acudir o no a esos actos por conocer los efectos que le pudieran provocar?

Toda una parafernalia en la que, desde que son candidatos, el sistema electorero da un trato de privilegiados a todos esos personajes que incursionan en la politiquería electoral, con tal desprecio hacia la ciudadanía, que para cuando llegan a los cargos ya se dio (para los primerizos) y se confirmó (para los enviciados) la conversión que los hace olvidar que son representantes populares.

Por eso, lamentablemente, no es de extrañar que desde el gobernador Juan Manuel Carreras López hasta los regidores, sin que se escapen los presidentes municipales, síndicos y diputados, traicionen  a la población que representan… ejemplos sobre cómo lo han hecho hay muchos.