Por Victoriano Martínez
Si algo ha quedado expuesto en el desarrollo del juicio en contra de Alejandro N., ex trabajador del DIF estatal acusado de violación agravada contra un menor de edad, han sido determinaciones que tienden a resultar favorables para la defensa del imputado o, cuando no los son tan abiertamente, siempre atentan contra la dignidad de la víctima y merman su representación y defensa.
En más de una decena de ocasiones se retrasó el inicio del juicio a petición o por recursos legales interpuestos por la defensa hasta que finalmente se programó para que comenzara el pasado 2 de junio, dos días antes de que el menor de edad víctima cumpliera los 18 años y alcanzara la mayoría de edad.
Todavía en esa fecha el inicio del juicio se aplazó un mes por una maniobra con muchos indicios de haber sido operada por los abogados defensores de Alejandro N. en coordinación (¿confabulación?) con funcionarios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que, de última hora, cambió a quien encabezaría la defensa de la víctima.
Un aplazamiento que cantaba una jugada que se confirmó el 4 de julio, durante la primera audiencia del juicio. La defensa de Alejandro N. solicitó que, al alcanzar la mayoría de edad, la víctima ya no tenía que ser representada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).
Afortunadamente, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado no concedió la petición y determinó la continuación de la representación en suplencia del joven víctima por parte de la PPNNA, por las circunstancias en las que vivió y que impidieron que alcanzara la autonomía progresiva.
En el desarrollo de las audiencias, la defensa de Alejandro N. se ha enfocado especialmente en desacreditar la trayectoria de vida que ha enfrentado la víctima al extremo prácticamente de responsabilizarlo por lo que le sucedió.
De no haber sido porque se mantuvo la representación en suplencia, la víctima hoy habría enfrentado 14 audiencias con un alto grado de revictimización, incluido el testimonio de una de sus tías convocada por la defensa con la clara intención de que se le juzgue por la condición de su entorno familiar y el efecto que tuvo en él desde niño, a un grado estigmatizante.
La jugada de último momento para aplazar el inicio del juicio para después de que la víctima alcanzara su mayoría de edad no tuvo el efecto esperado, no sólo porque no se eliminó la representación en suplencia, sino porque el abogado de la CEEAV que asumió el caso lo hizo con tal responsabilidad, que le resultó incómodo a la defensa de Alejandro N.
En la audiencia del 18 de agosto, la CEEAV nuevamente sustituyó a su abogado, con el insostenible pretexto de que tenía que atender otro caso, lo que el representante en suplencia reclamó porque “lo venía haciendo con maestría, el trabajo que venía haciendo era excelente”. La diferencia fue notoria. El nuevo representante se limitó a decir “no hay preguntas, su señoría”.
Un cambio a todas luces complaciente para con la defensa de Alejandro N, para quienes ahora se suma que la víctima ya no tendrá al mismo representante en suplencia por parte de la PPNNA porque (¡esas causalidades que les resultan tan convenientes!) el Sistema Estatal DIF decidió incluir en la lista de los despidos injustificados a quien tenía esa representación.
La defensa de Alejandro N. volvió a exhibir su interés en dejar a la víctima sin representante en suplencia y de dejarla en condición de tener que estar presente en lo que resta del juicio con seis testigos pendientes que lo someterían a presenciar testimonios cuyos precedentes en las audiencias realizadas hasta ahora han tenido una tendencia revictimizante y estigmatizante.
Movimientos administrativos (¿o administrados?) que, si le quitan elementos que incomodan a la defensa de Alejandro N., afianzan las sospechas sobre la presión de grupos de poder económico, social y hasta mediático, para encaminar la resolución del juicio a garantizar impunidad una vez más desde esos sectores, como ha ocurrido en el pasado.
Movimientos que exponen impostura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con su presunta indignación al proponer pena de muerte y castración para feminicidas y violadores, cuando estos hechos lo colocan en una mera pose populachera-propagandística que, al final, representa una burla para la real indignación ciudadana.
El caso Alejandro N. no sólo ha exhibido la forma en que el clasismo (ese que AMLO dijo “muera”) somete a la procuración de justicia, sino también la forma en que en la estructura gubernamental aún opera una simulación que es capaz de gritar abiertamente “capemos a todos los violadores” y por debajo, para atender intereses, completa con un “pero primero capamos a la justicia”.
