Por Victoriano Martínez
Desde que en 2009 se renovó la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y estableció como órgano de gobierno al Consejo Ciudadano y la presidencia, la coordinación entre los integrantes de ese cuerpo colegiado no habían dado tanto de qué hablar.
Este viernes a las 10 de la mañana sesionará el Consejo de la CEDH a dos días de que su presidenta, Giovanna Argüelles Moreno, protagonizó una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de apenas 11 minutos, mientras los consejeros colectaban firmas para un pronunciamiento a favor de mayor protección en seguridad.
Ese miércoles el órgano de gobierno de la CEDH no sólo exhibió que se manejan con agendas por separado –la presidenta no fue acompañada al Congreso del Estado por los consejeros–, sino que se dieron manifestaciones que revelan la confrontación que sostiene Argüelles Moreno con el resto del Consejo.
Los desacuerdos de Argüelles Moreno con la mayoría del resto del órgano de gobierno comenzaron a ser más notorios cuando, el 13 de octubre pasado, sólo 4 de los 11 integrantes del Consejo aprobaron la propuesta de presupuesto para este año, por lo que la tuvo que enviar al Ejecutivo sin cumplir ese requisito que marca la Ley.
La situación se repitió con la aprobación del Informe de Actividades 2023 el pasado 24 de febrero. En esa ocasión sólo cinco consejeros votaron a favor del documento, cuando habían acordado que tendría que ser avalado por la mayoría calificada.
Dos de las desavenencias más representativas por tratarse de una cuestión contemplada en la Ley, y, por lo mismo, muy significativas porque reflejan el extremo al que Argüelles Moreno puede llegar a ignorar la representación ciudadana en el Consejo de la Comisión, a pesar de ser legalmente parte del órgano de gobierno, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley.
Tan relevante se consideró en su momento la integración del Consejo al órgano de gobierno, que en la renovación de la Ley en 2009 se eliminó su carácter de consultivo y se le otorgaron tareas sustantivas como “discutir, guiar, decidir y supervisar las políticas públicas en materia de Derechos Humanos”.
“Al constituir el órgano de gobierno por el Consejo Ciudadano y la Presidencia de la Comisión, ambas partes, se obligan a colaborar a través del consenso democrático y transparente, así como, en relación con los representantes ciudadanos, lo que garantizará la eficaz rendición de cuentas”, explica la Exposición de Motivos de la Ley de 2009.
Una obligación de colaboración que Argüelles Moreno no parece dispuesta a honrar, y no sólo por las señales que dio con los casos del presupuesto y su informe de actividades –y su consecuente limitación a la rendición de cuentas–, sino porque ha dejado expuesta su intención de bloquear incluso las acciones emprendidas por los consejeros ciudadanos.
El pasado miércoles 28, la presidenta y el Consejo no sólo tuvieron actividades por separado, sino que ella emitió un comunicado con la clara intención de bloquear la colecta de firmas encabezada por la consejera Edith Pérez Rodríguez para apoyar un pronunciamiento sobre la situación de inseguridad y desapariciones en el Estado.
Mientras el posicionamiento promovido por los consejeros acumulaba más de 200 firmas de colectivos y personas a título personal, Argüelles Moreno emitió el comunicado 01/2023 para deslindar a la CEDH “de documentos publicados en otras páginas con el logo de nuestro organismo”.
“Ponemos a en su conocimiento que los comunicados, posicionamientos y/o boletines que de esta comisión emanan serán siempre por los medios oficiales, cuenta oficial de Facebook, Twitter, y la página www.derechoshumanosslp.org, asimismo que los documentos tienen la firma y el número de oficio o memorándum que a él corresponden.
Condenamos enérgicamente el uso de los logos de esta institución con el fin de posicionar o defender causas personales, ya que tomamos con seriedad y responsabilidad el ejercicio de la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos” (sic), señaló Argüelles Moreno en el comunicado publicado a las 4 de la tarde y retirado un poco más tarde.
Quizá Argüelles Moreno se percató, o le advirtieron, que condenaba un pronunciamiento a favor de un derecho humano promovido por su Consejo que por ley es el encargado de “establecer los lineamientos y políticas generales para el desempeño de las tareas sustantivas de la Comisión, y vigilar su debido cumplimiento” (artículo 50, frac. I).
Argüelles Moreno no sólo se pronunció en contra de su órgano rector, sino que hizo a un lado el sentido de la representación de los consejeros ciudadanos planteado en la exposición de motivos de la ley como una forma de “obedecer al mandato constitucional respecto a la participación ciudadana, como uno de los elementos esenciales de existencia de la Comisión”.
Son los ingredientes previos a la sesión del Consejo de la CEDH de este viernes a las 10 de la mañana, que podrían derivar en una mayor escalada en la crisis que arrastra desde hace meses el organismo garante de los derechos humanos.
