Estela Ambriz Delgado
Un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México y otros países hizo público un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en el país, en el que llama al Estado Mexicano a descartar la expansión del fracking y aplicar el principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles.
El documento sostiene que la evidencia científica internacional acumulada durante las últimas décadas muestra un patrón consistente: los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes asociados a una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente, difícil de supervisar, y con daños acumulativos sobre el agua, aire, salud, clima, comunidades e infraestructura.
“Quienes suscribimos lo hacemos con respeto y profunda preocupación ante la posibilidad de México promueva el uso de la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales en su territorio (…) La protección de la salud, el agua, el ambiente, y los derechos humanos no pueden quedar sujetos a negociaciones compensatorias, mecanismos de aceptación social, ni procesos orientados a legitimar una actividad de tan alto riesgo”.
Las personas firmantes provienen de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de México y otros 14 países de América Latina, Europa y Norteamérica. Entre ellas se encuentran especialistas en salud, cambio climático, energía, ecología, economía ecológica y justicia ambiental, además de participantes en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y personas con trayectoria al frente de ministerios e instituciones científicas y ambientales,
El pronunciamiento advierte que la fracturación hidráulica no puede verse únicamente como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial que requiere miles de pozos, caminos, ductos, estaciones de compresión, manejo de sustancias químicas tóxicas, grandes volúmenes de agua, disposición de residuos, venteos, quemas, transporte pesado, y monitoreo permanente.
Además de que sus riesgos no terminan cuando concluye la fracturación del pozo; persisten durante décadas con emisiones, residuos, pozos abandonados, infraestructura asociada, y graves pasivos ambientales, los cuales consideran en México serían especialmente graves.
Lo anterior debido a los impactos en ecosistemas altamente biodiversos, con procesos ecológicos fundamentales para la estabilidad climática y disponibilidad de agua, así como en los territorios de comunidades rurales e indígenas en los que se sostiene la base de actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, pesqueras y comunitarias.
Adicionalmente se mencionan los riesgos por el estrés hídrico creciente, las sequías recurrentes y los conflictos por el acceso al agua, ya que la fracturación hidráulica implica un alto consumo de agua dulce y genera aguas residuales de difícil manejo, incluidos materiales radioactivos presentes en las formaciones geológicas.
El pronunciamiento también alerta sobre riesgos para la salud pública en poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos: cuadros como afecciones respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental.
Además, la comunidad científica apunta a que, desde una perspectiva climática, expandir el fracking profundizaría la dependencia del gas fósil en México, y puntualiza que el gas extraído mediante esta técnica implica emisiones significativas de metano, un gas de efecto invernadero de alto poder de calentamiento en el corto plazo.
Finalmente, subrayan los riesgos económicos de apostar por una industria sujeta a precios internacionales volátiles, alta incertidumbre productiva y costos sanitarios y ambientales que suelen trasladarse al Estado, a las comunidades afectadas y a generaciones futuras.
Por estas razones, las personas firmantes llaman a que México adopte el principio precautorio y avance hacia una prohibición explícita de la fracturación hidráulica, como ya lo han hecho diversos países y regiones del mundo. Sostienen que la política energética debe orientarse hacia alternativas compatibles con la protección del agua, la salud pública, la justicia ambiental, la reducción de emisiones y los derechos de las comunidades.
