Por Victoriano Martínez
El de la inseguridad es un problema que no sólo ha provocado que cada vez más se vea con normalidad que haya hasta varias ejecuciones a diario, sino que también en los últimos días se ha difundido información que advierte que desde hace tiempo también se normaliza una serie de situaciones que contribuyen a su agravamiento.
La denuncia que hace una mujer sobre el intento de secuestro de su esposo en el que las autoridades podrían estar coludidas se suma a una larga cadena de hechos en los que los señalamientos contra los cuerpos de seguridad son una constante.
La noche del 17 de marzo, unos minutos antes de las 23:00 horas, Denise Maerker en el noticiero estelar de Televisa hizo pública una denuncia sobre la existencia del llamado Cartel de la Ministerial, que estaría conformado por elementos de la policía municipal de Soledad de Graciano Sánchez y la Policía Ministerial.
En cadena nacional fueron exhibidos, como ejemplos de la forma de operar de ese presunto Cartel, tres hechos delictivos ocurridos en los últimos dos años y medio:
El robo y desmantelamiento de una llantera en Soledad de Graciano Sánchez en diciembre del 2018, sobre el que se aportaron evidencias en video que involucrarían a policías soledenses en la comisión del delito, pero que desaparecieron de la carpeta de investigación.
Aunque la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado documentó las irregularidades en la integración de la carpeta de investigación, el caso sigue impune cual muestra de los alcances que puede tener la protección para quienes cometieron el robo y quienes los protegen desde la autoridad investigadora.
La fuga, en junio de 2020, de un hombre que presuntamente se dedica al robo de automóviles de una comandancia en Soledad de Graciano Sánchez apenas uno minutos después de haber interactuado con Leobardo Aguilar Orihuela, entonces director de Fuerzas Municipales, y hoy nuevamente en el cargo.
El tercer caso mencionado en el noticiero de Maerker fue el del homicidio de dos hijos de Rosalinda N, una policía ministerial que habría denunciado a algunos agentes, lo que habría tenido como consecuencia el ataque armado contra dos de sus hijos en noviembre del año pasado.
Si los ejemplos retomados en cadena nacional se suman los casos de videos que han hecho circular por redes sociales presuntos integrantes de carteles opuestos a los que supuestamente pertenecen elementos policiacos, normalizar la colusión de los cuerpos de seguridad con los criminales completa un clima de total indefensión para una población que ya ve normal tanta ejecución.
Por eso resulta normal, pero alarmante, que quien hoy denuncia el intento de secuestro contra su marido se vea en la necesidad de responsabilizar al director de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, “de lo que le ocurra a mi persona o a cualquier integrante de mi familia”.
Un clima de indefensión para una población a la que cada vez le queda más claro que las autoridades, desde el gobernador Juan Manuel Carreras hasta los elementos de los cuerpos de seguridad, están cada vez más lejos de garantizar seguridad y se dejan ver cada vez más como parte del problema de inseguridad.
