Por Victoriano Martínez

El comercio informal siempre ha representado un tema complicado y de confrontación, porque sus distintos actores, especialmente vendedores y autoridades, participan en los conflictos que por él se generan con posturas que abren sospechas, fundadas o infundadas, sobre sus reales motivaciones.

El enfrentamiento entre policías municipales y comerciantes informales la mañana de este martes en la Plaza del Carmen es sólo un capítulo más en la larga historia de lo que se ha dado en considerar el problema del ambulantaje.

Es con esa designación con la que comienza a complicarse el tema y a generar confusión, no sólo entre la ciudadanía, sino también entre los propios actores directos.

Los comerciantes desalojados no defendían el ejercicio de un comercio ambulante, porque su vendimia no la ejercen con recorridos de un lugar a otro sin tener asiento. Defendían un espacio fijo en la vía pública para ejercer de manera informal el comercio.

En la confrontación de este viernes, da la impresión –que pudiera ser real– de que los policías desalojaron a indefensos comerciantes. No obstante, el comercio informal, por mucho que se encuentre en la informalidad, está bien organizado. Eso lo saben las distintas organizaciones del comercio establecido y las propias autoridades.

Para los líderes del mal llamado ambulantaje, las imágenes del desalojo son una victoria en cuanto a imagen frente a la autoridad. Ya llegará el momento en que la capitalicen con una aparición como reivindicadores del derecho de los desalojados a una actividad legítima para obtener el sustento.

Por lo pronto, ya se perdió el foco del problema real: el uso ordenado de los espacios públicos para beneficio de todos, incluidos los comerciantes ambulantes, quienes podrían moverse con más facilidad para ir de un lugar a otro, para ofrecer sus productos.

Los comerciantes desalojados resultan víctimas dobles. En primer término, de los dirigentes de las agrupaciones a quienes, voluntaria o involuntariamente, sirven como carne de cañón. Pero también víctimas de la autoridad, cuyas acciones no están libres de sospechas por el histórico uso utilitario de programas de reordenamiento del centro histórico.

Desde hace casi 30 años, cuando se logró el mayor reordenamiento del centro, la relación de las autoridades –estatales y municipales– con las distintas agrupaciones de comerciantes informales se convirtió en tratos de conveniencia con fines de clientelismo electoral. Una duda siempre presente, alimentada por la poca claridad con que la autoridad realiza sus planes de reordenamiento.

Hoy la autoridad se limita a informar que se trata de un reordenamiento con operativos dentro del marco legal que forman parte de una estrategia integral.

El 6 de diciembre de 2015, el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez publicó en su página de Facebook un video aéreo del Centro Histórico limpio y anunció lo mismo, operativos legales dentro de una estrategia integral. Sus acciones se enfocaron en determinadas áreas y excluyeron otras. Aquel centro límpio no duró y la sospecha de tratos de conveniencia se fortaleció.

Si hoy el ayuntamiento no informa amplia y claramente esa estrategia integral, y no hace un esfuerzo suficiente para que la mayor parte de la ciudadanía conozca sus pasos, fines y ventajas de ese programa de reordenamiento, volverá a abrir paso a la sospecha.

Si en lugar de promocionar acciones de programas sociales que, con propaganda o sin ella, de todos modos tienen que llegar a los beneficiarios, promovieran el conocimiento generalizado de esa estrategia integral sobre el comercio informal, contribuirían a centrar su esfuerzo –y a que la ciudadanía se los reconociera y los apoyara– en la atención del problema real.

La diferencia entre informar abiertamente y no hacerlo es que, si no lo hace, privilegia que se generen conflictos falsos que sólo favorecen a los intereses de los líderes del comercio informal, pero también a desviaciones electoreras del ejercicio de la autoridad.

La principal dificultad en la atención de la situación del comercio informal en espacios públicos es que se pierde de vista el problema real, y así no es posible resolverlo.