Fernanda Durán
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vinculó a la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí para que se gestionen los recursos necesarios para cumplir con las consultas pendientes del Congreso del Estado, según informó el diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien advirtió que su realización dependerá de la disponibilidad presupuestal.
La declaración ocurre después de que el Poder Legislativo incluyera 10.5 millones de pesos para consultas en su propuesta de presupuesto de 2027, de los cuales nueve millones corresponden a la consulta indígena y afromexicana, y 1.5 millones a la dirigida a personas con discapacidad.
Sin embargo, Serrano presentó estimaciones superiores a las cantidades solicitadas: aproximadamente 1.8 millones de pesos para la consulta sobre discapacidad y entre 13 y 14 millones para la consulta indígena.
“Por eso ya la Corte vincula a Finanzas para que se acate y se busque el recurso y lo traslade al propio Congreso para que estemos en condiciones para poder implementarlo así”.
En la lista de notificaciones de la SCJN del 22 de octubre aparece un acuerdo correspondiente a otra acción de inconstitucionalidad 67/2023, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
El documento señala que el Congreso informó sobre la aprobación, el pasado 26 de agosto, de un protocolo para desarrollar la consulta a personas con discapacidad, así como de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Finanzas para obtener los recursos necesarios.
Ante ello, la Corte requirió a las presidencias de la Directiva y de la Jucopo que, en un plazo de diez días hábiles, informen y acrediten documentalmente los nuevos avances en el cumplimiento de la sentencia.
El legislador explicó que las consultas a personas con discapacidad y a pueblos indígenas se gestionan por separado, por lo que obtener financiamiento para una no garantiza la realización de la otra.
“Puede ser que obtengamos uno u otro recurso, la solicitud es para las dos”, indicó.
Insistió que una consulta indígena realizada por una legislatura anterior representó un gasto cercano a los 11 millones de pesos, pero no satisfizo los requisitos legales, por lo que deberá repetirse.
Sobre la posibilidad de efectuar las consultas durante este año, reconoció que dependerá tanto de la entrega de recursos como de los tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos.
Además de estas obligaciones, el Congreso enfrenta compromisos laborales que también inciden en sus necesidades presupuestales. Serrano indicó que los laudos, jubilaciones y separaciones laborales representan una carga cercana a los 19 millones de pesos, acumulada de legislaturas anteriores, y sostuvo que durante la actual no se han originado nuevos laudos.
Explicó que las resoluciones laborales constituyen obligaciones institucionales que deben atenderse independientemente de la legislatura en la que se originaron y que pueden requerir recursos extraordinarios, distintos del presupuesto ordinario del Congreso.
“Los temas laborales representan una carga financiera importante y a veces son por deficiencia jurídica o por desinterés jurídico, por no atender los procedimientos, que concluyen con afectaciones de orden económico”.
El financiamiento de las consultas y la atención de los compromisos laborales forman parte de las necesidades económicas que deberá enfrentar el Congreso, cuyo margen de operación dependerá de los recursos que finalmente se autoricen y, en su caso, de las ampliaciones presupuestales que pueda gestionar durante el ejercicio fiscal.
