Fernanda Durán
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado incorporará a la discusión sobre la regulación de celulares en las escuelas de San Luis Potosí el nuevo acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que desde el ámbito federal restringe el uso de teléfonos y otros dispositivos personales durante toda la jornada en educación básica y establece reglas diferenciadas para preparatorias y universidades.
El acuerdo fue publicado este martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y será utilizado por las y los diputados potosinos como referencia antes de revisar, analizar y discutir el próximo dictamen relacionado con la regulación local de estos dispositivos.
Durante la sesión de la Comisión de Educación realizada este miércoles, su presidente, Crisógono Pérez López, informó a los integrantes que recibirían el documento de la SEP para conocer el esquema adoptado a nivel nacional.
“Se lo vamos a enviar para su conocimiento… el acuerdo para el uso de los distintos dispositivos que existen como celulares, tabletas, etcétera”.
Ante la duda del diputado de Morena, Roberto García Castillo, sobre si la Comisión ya había tomado alguna decisión respecto al uso de celulares, Pérez López aclaró que únicamente se estaba distribuyendo el documento federal y que todavía no existía un acuerdo de la Comisión.
García Castillo señaló que conocer las disposiciones federales permitirá tener un parámetro para el análisis de la reforma estatal que posteriormente deberá discutir el Congreso.
El acuerdo federal establece que, en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, queda restringido durante toda la jornada escolar el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros aparatos electrónicos personales por parte de niñas, niños y adolescentes.
La restricción no es absoluta. Los dispositivos podrán utilizarse con fines educativos previamente programados, siempre que exista una intención pedagógica y su utilización se realice bajo la orientación del personal docente.
También se contemplan excepciones para emergencias personales, discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o circunstancias particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.
Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México deberán adoptar las medidas necesarias para aplicar estas disposiciones y podrán realizar ajustes de acuerdo con las condiciones particulares de cada entidad.
Para la educación media superior, el acuerdo establece un modelo distinto. En lugar de imponer una restricción uniforme durante toda la jornada, ordena fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos y limitar su utilización no pedagógica según las características y necesidades de cada institución.
Las condiciones deberán definirse mediante procesos de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con las comunidades educativas.
Entre las modalidades que podrán adoptar las escuelas se encuentra habilitar espacios de resguardo, donde los dispositivos permanezcan guardados durante las clases o sean depositados al comienzo de la jornada bajo custodia de las autoridades escolares.
Otra posibilidad es establecer un uso limitado por tiempos y espacios, de manera que los teléfonos puedan utilizarse, por ejemplo, durante el recreo o en zonas autorizadas, pero permanezcan restringidos dentro de las aulas, bibliotecas y durante actividades académicas.
También se contempla la modalidad de “sin uso”, bajo la cual las personas estudiantes no deberán utilizar dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada, así como esquemas de uso programado, en los que cada plantel podrá establecer determinados días o periodos para utilizarlos como herramientas de aprendizaje.
En educación superior, el acuerdo reconoce el federalismo educativo, la autonomía universitaria, la libertad académica y las características propias de cada institución. Por ello, las universidades podrán adoptar medidas diferenciadas cuando lo consideren necesario, sin establecerse una regla general equivalente a la aplicada en educación básica.
El documento también establece que, de manera semestral, las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México deberán generar espacios de retroalimentación, diálogo y construcción de acuerdos para revisar la aplicación de las medidas y realizar ajustes.
Además, las disposiciones deberán instrumentarse con participación de madres y padres de familia, estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades escolares.
El acuerdo entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026. A partir del día siguiente a su publicación y hasta esa fecha, las autoridades educativas deberán iniciar procesos de difusión, apropiación e implementación de las nuevas reglas.
Su publicación ocurre mientras el Congreso de San Luis Potosí mantiene pendiente el análisis de la iniciativa preferente enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para reformar nuevamente el artículo 60 de la Ley de Educación estatal.
La propuesta del Ejecutivo potosino también plantea restringir durante toda la jornada escolar el uso personal y no pedagógico de celulares y otros dispositivos en educación básica, pero permitirlos cuando exista una finalidad pedagógica determinada por el personal docente, una emergencia, razones de salud o la necesidad de garantizar algún derecho.
De esta manera, antes de dictaminar la reforma local, la Comisión de Educación tendrá sobre la mesa un acuerdo federal que ya establece reglas nacionales para el mismo tema y que, en educación básica, coincide en varios puntos con el planteamiento enviado por el Ejecutivo estatal.
