Cuando todavía “pueden” intervenir

Por Victoriano Martínez

La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, que preside Rolando Hervert Lara, comenzará a despedirse, durante la sesión de hoy, de las facultades que está por perder tras la anulación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dos fracciones del artículo 57 y el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La SCJN dio un plazo de seis meses al Congreso del Estado para que derogue esas disposiciones que tienen repercusiones en las leyes orgánicas del Municipio Libre y del Poder Legislativo. Para el caso de la Constitución, la diputada Beatriz Benavente ya presentó iniciativa derogatoria. Para las dos leyes lo hizo hace una semana el diputado Martín Juárez.

Durante la sesión de este jueves 18 de junio, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, se someterán al Pleno seis dictámenes de la Comisión de Hervert Lara relacionados con donaciones y enajenaciones de predios y desincorporación de bienes muebles de distintos municipios.

Si se toma en cuenta que los seis asuntos tienen una antigüedad promedio de habérsele turnado a la Comisión de 325 días, diez meses y medio, que ahora los resuelva a 28 días de que la Corte declaró nula esa facultad exhibe un apresuramiento que refleja esa actitud burocrática de aparentar salir con buenas cuentas.

A cuatro semanas de que la Corte declaró inconstitucional esa intervención del Congreso en asuntos en los que debe respetarse la autonomía de los Ayuntamientos, en lugar de asumir el cumplimiento de la máxima norma del país, votarán para hacer valer normas menores, con tal de intervenir en determinaciones municipales, antes de que ya no haya ley que les permita hacerlo.

En cinco de los seis casos el Congreso del Estado debe ratificar la determinación de los Cabildos, en tanto que en el sexto se trata de la determinación del Sistema DIF del municipio de Ciudad Valles.

Sólo al municipio de Rayón le autoriza tal cual la solicitud presentada por su Cabildo, que se refiere a donar un predio a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para uso de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina. El dictamen tardó 217 días en llegar al Plano desde la sesión cuando se turnó.

Para el caso del Cabildo de Tanchanhuitz, que pretendía la donación de 99 predios, el dictamen de la Comisión de Desarrollo Territorial propone una autorización parcial: sólo le autoriza donar 91 de los 99, por considerar que ocho beneficiarios no presentaron papelería completa. El dictamen tardó 345 días.

En los otros cuatro casos resueltos por la Comisión, se desechan por improcedentes las peticiones de las instancias municipales: la de Charcas después de 623 días de haber sido turnada a la Comisión, la de Tierra Nueva después de 355 días, la del DIF de Ciudad Valles después de 287 días, y la de Ciudad Fernández después de 126 días.

Las negativas para las autorizaciones tienen que ver con la falta de algún documento por parte de los solicitantes que incluso podría llegar a considerarse un rigor quisquilloso que pudiera ser solventado sin mucho trámite. Otra actitud burocrática de hacer valer una autoridad rigorista… aunque sea porque ya no la van a poder aplicar.

Estos seis dictámenes que exhiben el tortuguismo burocrático dan cuenta del obstáculo en que el Congreso del Estado se convirtió, no sólo para la autonomía municipal, sino también para que los servicios y beneficios que en los municipios se gestionan para sus habitantes puedan resultar más oportunos. Cuidar que los Ayuntamientos no abusen de su autonomía es otra historia.

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