Astrolabio

Antonio González Vázquez

La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió el año pasado mil 493 quejas por violaciones a los derechos humanos en la entidad, lo que representa en promedio cuatro quejas cada 24 horas.

Al rendir el informe de actividades 2017 ante el Congreso del estado, el presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinoza dijo que se emitieron 20 recomendaciones, siete de las cuales fueron a la Procuraduría General de Justicia.

En relación a las quejas, las instituciones con mayor número fueron: la Procuraduría General de Justicia del Estado, con 343; la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, con 279; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 217; el INTERAPAS con 61; los Servicios de Salud con 49; Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí con 42; el Poder Judicial con 39 y el Instituto Mexicano del Seguro Social con 35.

En su informe, el Ombudsman subrayó que se requiere una mayor participación de los 6 ayuntamientos donde se determinó la activación de la Alerta de Género, para derivar en acciones de prevención; y por parte del Gobierno Estatal, el fortalecer las medidas de seguridad, acceso a la justicia y de reparación del daño a las víctimas.

Respecto de las recomendaciones emitidas, fue una por cada una de las siguientes instituciones públicas: Auditoría Superior del Estado, la Comisión Estatal del Agua, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, la Dirección General de los Servicios de Salud, la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento de Ciudad Valles; la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, el INTERAPAS, la Presidencia Municipal de Charcas, la Presidencia Municipal de Villa de Reyes y la SEDUVOP.

Además, se establecieron medidas precautorias, con la cual se requiere a la presunta autoridad responsable para que ejecute acciones que permitan evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas, o la producción de daños de difícil reparación.

En este sentido, se emitieron 158 medidas precautorias en contra del INTERAPAS, y 29 a la SEGE; además de 14, en contra de autoridades municipales, entre otros.

Del mismo modo, se presentaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en contra de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, al no considerar consulta a personas con discapacidad.

También se impugnó el artículo 277 del Código Penal del Estado, relacionado con delitos cometidos contra servidores públicos o agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

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