Por Victoriano Martínez
El incremento de cinco puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en los últimos 12 meses no es la única muestra de la falta de confianza en las autoridades que deben combatirla. Este martes quedaron expuestas dos expresiones más de esa desconfianza con reacciones de las autoridades que exhiben que no entienden a la población o hacen como que no entienden.
El hecho de que más de ocho de cada diez potosinos vivan con miedo ha dejado claro para la población que, ante lo que percibe como nula actuación de la autoridad, sólo le quedan dos opciones: hacerse justicia por propia mano o cuidarse por su cuenta.
El linchamiento de un hombre que presuntamente agredió físicamente a una menor de edad es un acto de justicia por propia mano de tan obvia reprobación que los pronunciamientos en ese sentido, si no apuntan a medidas concretas, claramente definidas y especificas en su pertinencia, se convierten en ofensiva e insensible demagogia.
Buscar justicia por propia mano es la peor de las reacciones de la ciudadanía ante la negligencia de la autoridad, así sea la ruta a una venganza más directa ante un agravio.
A pesar de eso, la reacción de las autoridades se coloca, de manera similar con sus estrategias de seguridad, en una deficiente respuesta que, lejos de atacar el problema, lo posterga o yerra –voluntaria o involuntariamente– en las medidas que se deben aplicar.
“Están tratando de tomar la justicia en sus manos y tampoco es correcto, porque se están ensuciando las manos, tampoco se trata de eso, para eso hay leyes, pero vuelvo a pedirlo, ojalá nos concienticemos y pidamos la castración en San Luis Potosí para violadores”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con relación al reciente linchamiento.
En el caso no hubo agresión sexual, lo que es un primer indicador de que el mandatario es capaz de aprovechar incluso una tragedia para promover un tema de su interés que, afirmó, le ha dado presencia internacional. ¿Podría informar de cuántos y qué países le han pedido información sobre su iniciativa de castración y mostrar las solicitudes formales recibidas?
Aseguró que la propuesta de castración a violadores prevendrá los linchamientos. Por un lado, es obvio que los linchamientos no ocurren sólo en casos de violación –el propio caso con que respalda su afirmación lo prueba– y, por el otro, que no son las penas sino la impunidad la que genera la indignación y la desesperación que busca justicia por propia mano.
“En una sociedad, todo criminal tiene que correr un riesgo y en nuestros sistemas judiciales no corren ningún riesgo, el único que corre el riego es la víctima. Hacemos un llamado… si no quieren que haya linchamientos, que la autoridad llegue a tiempo”, planteó en su momento Juan Jesús Priego Rivera, como vocero del Arzobispado.
Si la alternativa de la justicia por propia mano no cuenta con una reacción apropiada por parte de la autoridad para inhibirla, ante la opción de cuidarse por su cuenta la autoridad también se muestra incapaz de lograr una sinergia que aliente la participación ciudadana en labores de seguridad.
“Ya me habían robado. Ahorita se volvieron a meter, (unos vecinos) alcanzaron a encerrarlos, pusieron candados por afuera y no se han podido salir. He estado tratando de hablar al 911, no tengo respuesta. ¿Quería ver si me apoyaban a marcar?”, cita Marcela del Muro un mensaje a un grupo de WhatsApp de residentes de la zona centro de la capital potosina.
Para cuando la policía reaccionó, los ladrones ya habían logrado escapar por las azoteas vecinas.
Si la reacción policiaca ante vecinos organizados para autoprotegerse de poco ayuda, los programas gubernamentales contrastan con la articulación ciudadana para enfrentar la inseguridad por su sentido preferente a llenar un expediente útil para la propaganda, pero que tampoco ayudan a la población.
Reunido con los vecinos de San Miguelito, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pretendió presumir su proyecto de organización ciudadana contra la delincuencia y presentó a los presidentes de los Comités de Participación Ciudadana. Literal, los presentó, porque los vecinos ni siquiera sabían de su existencia.
¿Apatía ciudadana? Difícilmente, porque los pobladores de la zona expusieron casos en los que demostraban estar organizados, pero con autoridades ausentes que hasta ese momento informaban de acciones que fueron incapaces de promover con suficiencia para que, desde el principio, se hiciera efectiva la colaboración autoridades-ciudadanía, y no sólo fuera slogan.
A un año de resultar obvio que trabajó alejado de la ciudadanía y sólo para la propaganda, Galindo Ceballos se vio forzado a reunirse con vecinos de San Miguelito en una tardía reacción a la voluntad ciudadana por trabajar a favor de su propia seguridad que se manifiesta en todos los rumbos de la ciudad con avisos de “vecinos vigilando” y hasta advertencias de “si te cachamos, te linchamos”.
En un año no fue gratuito que la percepción de inseguridad haya pasado del 76.8 al 81.8 por ciento, pues no sólo la incidencia delictiva la ha provocado, sino también las autoridades al no reaccionar adecuadamente ante el llamado de la ciudadanía, sea por la vía de justicia por propia mano o por la de la organización para protegerse por su cuenta, para frenar a la delincuencia.
Cinco puntos porcentuales de aumento en la percepción de inseguridad podrían ser minimizados por autoridades centradas cuidar su imagen antes que el cumplimiento de sus obligaciones, pero en términos absolutos es un aumento de 69 mil 252 personas más que se sumaron a quienes tienen miedo, de acuerdo con los datos del INEGI.
Para dar una idea de la proporción del incremento de población con miedo, en un año el número de personas que se sumaron a la percepción de inseguridad es superior a la población que tienen de manera individual 51 de los 58 municipios. Es como si en cualquiera de esos 51 municipios toda su población pasara de sentirse seguro a tener miedo.
Lejos de buscar coordinarse con la ciudadanía, las autoridades inauguraron esta misma semana una estrategia de responsabilizar a la propia población de provocarse el temor, con amenazas hasta de cárcel, cuando lo que urge es mayor coordinación y un diagnóstico en aras de buscar una verdadera sinergia que redunde en mejoras a la seguridad pública:
¿Cuántos habitantes de la ciudad y el estado han decidido organizarse, ante el fracaso de las instancias de seguridad pública, para auto protegerse? Seguramente son muchos, y ante la nula respuesta de apoyo por parte de las autoridades sólo vuelven notorios otros motivos para sentir miedo.
