Por Antonio González Vázquez
Es lugar común que en cada proceso electoral se recurra a pactos o acuerdos de civilidad, según los cuales, todos los involucrados en los comicios se comprometen a portarse bien.
Tales acuerdos o pactos los suscriben un montón de entidades públicas y sus correspondientes titulares. Hay discursos desbordantes de civilidad en el que todos, con la mano en el corazón, se comprometen a respetar no solo la Ley Electoral sino todas las leyes que les pongan enfrente.
Luego, vienen las fotografías, los abrazos, los saludos con fuertes apretones de manos y sonrisas tan anchas como una carretera. Los noticieros de radio y televisión, los periódicos impresos y digitales le dan una cobertura amplísima y presentan la firma del acuerdo o pacto como un hecho trascendental y de inigualable relevancia social y política.
En cada proceso electoral ocurre algo semejante. Antes o durante los comicios, pero siempre hay algo.
Esta vez, el brodio se llama Declaración por la Democracia. Como no podría ser de otro modo, todos los actores que intervienen en el proceso electoral se comprometen a portarse bien y no generar nada que ponga en riesgo la armonía, tranquilidad, claridad y legalidad de las elecciones.
La Declaratoria fue firmada por los representantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, el Tribunal Electoral y los partidos políticos en el estado.
Por supuesto que el contenido de tal Declaratoria es letra muerta.
Un día antes de la firma de la dichosa declaración, el alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez y su partido, el PRD, recurrieron al ofensivo y degradante acarreo de cientos de personas para que estuvieran presentes en el registro de Gallardo ante el organismo electoral.
De manera denigrante y en algunos casos incluso mediante amenazas, cientos de mujeres, hombres y niños fueron acarreados a un evento político y la autoridad electoral simplemente no dijo nada al respecto. Un candidato y un partido pueden pisotear la dignidad de la gente y prefieren guardar silencio.
Pura demagogia, una simulación más en un sistema diseñado para que todos ganen y sea la gente la que salga perdiendo.
La Declaratoria dice que sus participantes “refrendan su compromiso de garantizar una elección que genere una amplia confianza pública en el proceso y en sus resultados; realizada con integridad y transparencia, con respeto en los derechos fundamentales y el apoyo efectivo e imparcial de las instituciones del Estado y una conducta responsable de los participantes”.
Por su parte, “el Estado, en sus tres niveles de gobierno, partidos políticos y demás instancias competentes, se comprometieron a coadyuvar con pleno respeto a la ciudadanía y a la autonomía de las autoridades electorales, a fin de que cumplan con sus atribuciones y de que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales y emita su sufragio en libertad, bajo los principios constitucionales que rigen el desarrollo de las elecciones”.
En tanto, los partidos políticos se comprometieron a exhortar a sus candidatas, candidatos y simpatizantes que participen en la contienda electoral a que se conduzcan con apego a los principios que rigen el proceso electoral 2017-2018 del estado de San Luis Potosí, actuando con ética, coadyuvando para que la contienda electoral se desarrolle invariablemente en condiciones de equidad y civilidad.
Es común en México y por extensión en San Luis: en el papel todo está perfecto, pero en la realidad nada cambia, el cochinero es el mismo de siempre.
