Por Victoriano Martínez
El decreto que declara Área Natural Protegida (ANP) la Sierra de San Miguelito (SSM) es una victoria en la defensa del derecho al agua y a una vida en un ambiente sano, consideró Carlos Covarrubias Rendón, del grupo Guardianes de la SSM, en entrevista con Julio Hernández López, en el programa Astillero Informa.
Calificó el decreto como la determinación ambiental más importante que ha tomado la Cuarta Transformación, pero evidentemente es algo que todavía está en construcción.
“Una gran victoria para el argumento sobre el derecho al agua y al medio ambiente, es cancelar de manera definitiva e histórica estos procesos tan dañinos para el crecimiento de la ciudad, para el hábitat, para el tema del acuífero, sobre todo para el tema de mitigación de especies endémicas, sobre todo de especies que son finalmente portadoras de las enfermedades emergentes”, dijo.
Señaló que la medida sienta un precedente en el tema del crecimiento urbano y explicó que el aumento de 109 mil a más de 111 mil hectáreas del polígono no sólo recupera las mil 805 hectáreas que con presiones pretendieron excluir de último momento los desarrolladores inmobiliarios, sino que corrige la exclusión de otras 475 hectáreas declaradas urbanizables por el Ayuntamiento.
“(Es) un precedente fundamental para que el crecimiento urbano no sea el que subordine al medio ambiente, sino sea al revés, que el medio ambiente sea el que dé la directriz de lo que debe ser un desarrollo urbano armónico y sustentable”, señalo Covarrubias Rendón.
Explicó que finalmente en el decreto ya aparece el polígono completo como debió haber sido desde el estudio original, con dos aspectos a destacar: la recuperación de 475 hectáreas que el Cabildo encabezado por Xavier Nava Palacios declaró urbanizables en los programas municipales de desarrollo urbano y la inclusión del Santuario del Desierto como parte del área adyacente al ANP.
“Es muy importante porque hay muchas pretensiones del grupo del poder fáctico y económico que se han querido apoderar de este Santuario y con esta determinación obviamente que la administración del sitio va a quedar en manos del gobierno federal y a partir de ahí se tiene que elaborar el plan que corresponde a la Arquidiócesis”, dijo.
Advirtió que tras la declaratoria habrá todavía un litigio por parte principalmente de los desarrolladores inmobiliarios, que intentarán manipular a algunas comunidades, pero por tratarse de un tema de interés público los litigios se tendrán que dar sin suspender los efectos del decreto que entra en vigor este martes.
Señaló la necesidad de que los gobiernos federal y estatal desarrollen un activismo comunitario de beneficio hacia la comunidad, si se quiere evitar un conflicto social, y haya quien busque manipular las causas de la gente y “que se les quieran echar encima a las comunidades con el argumento de que están perdiendo la tierra”.
“Tiene que operar inmediatamente una actividad de Estado para que la gente entienda de que no se les va a despojar absolutamente ni un milímetro de tierra, y los más importante, que sus actividades económicas como es la ganadería y la agricultura tiene que mejorar, no se debe de evitar, tiene que mejorar”, expresó.
Covarrubias Rendón prevé que los empresarios inmobiliarios tratarán de generar manipulación de comunidades y provocar situaciones de choque, por lo que hoy más que nunca se debe entender que se trata de la defensa de los intereses de la ciudad contra las ambiciones de barones del cemento.
Informó que previo a la publicación del decreto, hace una semana recabaron más de mil firmas en documentos, con nombre y datos de contacto de los firmantes en documentos individuales, para apoyar la declaratoria.
Consideró que mientras la población está interesada en la protección de la Sierra de San Miguelito, los empresarios fraccionadores ya se encuentran enfrentados entre ellos mismos porque no saben a quién culpar del gran negocio que están perdiendo.
Advirtió que aunque los empresarios se encuentran debilitados no se les debe considerar acabados, por lo que se debe mantener la defensa de la Sierra y, sobre todo, que se logren programas de beneficios para las comunidades para “que tengan los programas para que puedan utilizar y servirse de la declaratoria y no ser agredidos por la misma”.
