Por Victoriano Martínez
Pensar en que los políticos y los altos funcionarios públicos a la actual usanza renuncien a su derecho de chapulineo sería tanto como creerlos capaces de renunciar a su propia naturaleza, que cuenta hasta con una máxima por la que luchan a pie juntillas: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.
Independientemente de la vía por la que accedan al cargo público que logren, sea por elección popular o nombrados por el Poder Legislativo local o federal o por el más alto funcionario que se fijó en ellos, cumplir con su función se vuelve una disyuntiva entre atender al interés general o trabajar con el cálculo necesario para caer parado en el siguiente periodo o en un nuevo puesto.
La trayectoria de prácticamente la mayoría de los servidores públicos en las últimas décadas da cuenta de que en la balanza, suelen favorecer el cálculo político pensando en la siguiente elección (o selección-nombramiento) que en lo que pueden lograr desde los puestos que ocupan para la próxima generación.
Contribuye a tal distracción de la función real a la que están obligados a concentrar todo su esfuerzo las voces que en su entorno, cual cantos de sirenas, los alientan no sólo a enfocarse en mantenerse dentro del presupuesto, sino a escalar en los cargos con mayor control sobre éste, porque quienes así les hablan siguen la misma lógica: si él avanza, nosotros con él.
Que hoy los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana(CEEPAC) Laura Elena Fonseca Leal, Edmundo Fuentes Castro, Martín Faz Mora y Marco Iván Vargas Cuéllar, aspiren a integrarse al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sin haber concluido el periodo para el que fueron nombrados no es novedad.
Ya antes lo hizo Dennise Porras Guerrero de entre el mismo grupo de consejeros. Entre esos mismos integrantes del CEEPAC se encuentra Rodolfo Aguilar Gallegos, quien buscó y logró ser el primer presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por seis meses para promover desde ahí su proyectito para saltar a la presidencia del CEEPAC.
Habrá quien lo haga con algún interés genuino y otros que claramente sólo se preocupan por evitar vivir en el error. Lo cierto es que los trapecistas y chapulines en la administración pública tienen todo el derecho para hacer circo maroma y teatro si no quieren vivir fuera del presupuesto.
Un derecho que prevaleció, por ejemplo, cuando en 2007 Jorge Hank Rhon fue postulado como candidato a gobernador de Baja California cuando aún no concluía su periodo como alcalde de Tijuana, a pesar de que la Constitución de ese Estado se lo prohibía.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó su registro como candidato en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-695/2007.
Si bien les asiste ese derecho de chapulineo y no se les puede negar, lo cuestionable de que busquen saltar de un cargo a otro sin haber concluido el primero tiene más que ver con qué tan confiables pueden ser ante la ciudadanía que los ve llegar a un cargo y, antes que ejercerlo cual deben, lo asumen como precandidatura o pre postulación para el siguiente.
No es lo mismo renunciar a un derecho por lealtad al compromiso con un servicio público desde un cargo al que se accedió para un periodo determinado, a que se limite ese derecho por el sólo hecho de haber sido nombrado para dicho puesto. Chapulinear o no es una determinación personal que tiene que ver con el grado de convicción con el servicio público que se protesta cumplir.
El derecho de chapulineo es legal, pero eso no impide que se pueda poner en duda su legitimidad.
