Por Victoriano Martínez

Mónica Liliana Rangel Martínez, Octavio Pedroza Gaitán y Ricardo Gallardo Cardona tenían la misma expectativa sobre lo que se determinaría en la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral este jueves 22 de julio: librar los procedimientos administrativos sancionadores de queja en materia de fiscalización.

Para Rangel Martínez y Pedroza Gaitán la expectativa se cumplió, en tanto que para Gallardo Cardona sólo ocurrió de manera parcial: libró dos casos de acusaciones, una porque no se configuró la infracción y la otra, que compartía con Tomás Zavala González, candidato a la alcaldía de Matehuala por el PVEM, se declaró infundada.

No obstante, de todas las determinaciones que habría de tomar el Consejo General del INE, sobre la que mayor expectativa existía entre un amplio sector de la población de San Luis Potosí, la revisión a los gastos de campaña de Gallardo Cardona, al final quedó en suspenso para después de “unos cuantos días o semanas”.

La determinación de regresar a la Unidad Técnica de Fiscalización el dictamen que liberaría a Gallardo Cardona de la acusación por rebasar los topes de campaña “para mejor proveer y acumular todas las quejas” y por falta de exhaustividad en la investigación, abre expectativas para quien espera que por esa causa se anule la elección, pero en realidad la moneda sigue en el aire.

El 26 de octubre de 2017 la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) reponer la investigación que había realizado por promoción personalizada en contra de Ricardo Gallardo Juárez, por falta precisamente de exhaustividad.

La atención que el CEEPAC dio a aquella determinación terminó con la acreditación de violación al artículo 134 constitucional por parte del entonces alcalde por desviar recursos para su promoción por 13 millones 603 mil 116 pesos a compra de paquetes de útiles escolares y 278 mil 171 pesos para propaganda en dos diarios.

Sin embargo, la sanción nunca le llegó a Gallardo Juárez. El contralor municipal, a quien se turnó el expediente para que fijara la sanción, subordinado de Gallardo Juárez, unos días antes de concluir la administración municipal comunicó al CEEPAC que no había encontrado motivos para sancionarlo y el caso se archivó.

Este jueves, por nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del INE determinó la devolución del expediente por existir quejas adicionales que deben tomarse en cuenta y porque, a decir del consejero Roberto Ruiz, le faltó exhaustividad a la investigación, ese término que seguramente no le trae un buen recuerdo a la gallardía, así hayan evitado entonces la sanción.

Aunque no signifique en automático que cambiará el sentido del dictamen, las posibilidades de que ocurra existen.

Para uno de los abogados de Gallardo Cardona, Jorge Escudero Villa, sólo se retrasará la confirmación del triunfo legalmente sustentado de Gallardo Cardona.

Para los integrantes de la coalición Sí por San Luis, sigue en suspenso la elección y es probable haya elementos para determinar el rebase del tope de gastos de campaña.

Si en el caso de Gallardo Juárez la sanción cayó en su terreno y no tuvo dificultad para evadir la sanción, el caso de Gallardo Cardona iría a parar a una instancia en la que ya existe un antecedente de no perdonarle la comisión de ilegalidades: el Tribunal Federal Electoral que acaba de ordenar a la Contraloría de la Cámara de diputados sancionarlo por una falta similar a la de su padre.

Si bien Gallardo Cardona tiene en sus manos la constancia de mayoría, el giro que el INE le acaba de dar a los días clave para la elección prolonga la llegada de definiciones que pueden ser determinantes para la validación o no del proceso electoral.